La ofensiva de Alberto Rodríguez por recuperar su escaño en el Congreso se mantiene en todo lo alto. El ex diputado de Unidas Podemos remitió el pasado martes una carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidiéndole la “restitución inmediata en el escaño” al considerar que la condena por inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo en octubre “ha quedado ya extinguida” al pasado 5 de diciembre. Rodríguez, al que Batet retiró el acta de diputado el pasado 22 de octubre por la condena de inhabilitación que contemplaba la condena, siempre ha interpretado que la sentencia del Supremo no le privaba de su condición de diputado una vez transcurrido el tiempo señalado por la sentencia, y mantiene su intención de volver al Congreso pese a haber abandonado la militancia en su formación política al día siguiente de dejar el escaño, que sigue por otro lado sin ser ocupado por ninguna de las personas que le seguían en la lista por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife por la que fue electo en los comicios del 10 de noviembre de 2019.
La sentencia del TS impuso a Rodríguez el pasado 7 de octubre una pena de 45 días de cárcel (sustituida por una multa de 540 euros) e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por haber dado una patada a un policía durante una manifestación en La Laguna (Tenerife) en diciembre de 2014. La sentencia provocó un tenso debate sobre la forma en cómo la presidenta del Congreso debía ejecutarse la inhabilitación impuesta, aunque finalmente Batet, tras una consulta a este respecto al propio tribunal sentenciador, optó por retirarle el acta pese a que un informe de los letrados de la cámara sostenían que la improcedencia de retirarle el acta de manera definitiva.
En su carta a Batet del pasado martes, el ex diputado señala que el Supremo le comunicó el pasado 23 de diciembre que su condena había finalizado el 5 de este mes, es decir, resalta el escrito “con 20 días de retraso y justo antes de Nochebuena”, y que “teniendo en cuenta lo anterior, así como la inexistencia de norma legal o constitucional alguna que a usted habilite para privarme de mi cargo de diputado electo, le solicito tenga a bien , sin más demoras, restituirme en el mismo al no existir ya pena alguna pendiente de cumplir”. En su escrito, Rodríguez señala que en la contestación que le remitió el Supremo recientemente “se aprueba la propuesta de liquidación de condena realizada por la Letrada de la Administración de Justicia el pasado 26 de noviembre de 2021, acordándose que la pena impuesta finalizaba el 5 de diciembre”.
Abundando en su teoría, sostenida por su defensa, de que la condena no conlleva la inhabilitación definitiva y que por ello no tendría que habérsele retirado el acta de diputado, el ex dirigente de Podemos insiste a Batet que, independientemente de la “discrepancia” que pueda haber sobre la liquidación de la pena, tanto el Supremo como la Junta Electoral Central (JEC) algo tenían que decir y resolver sobre la condena y que “han determinado, de una parte, en qué consistía la pena y sus efectos y, de otra, que la misma ha quedado extinguida”. El exparlamentario insiste en que se trata de una sentencia “injustamente impuesta”, exigiendo al tiempo la devolución del acta y del escaño.
Tribunal Supremo: "Se aprueba la propuesta de liquidación de condena realizada por la Letrada de la Administración de Justicia el pasado 26 de noviembre de 2021, acordándose que la pena impuesta finalizaba el 5 de diciembre”.
La petición de Rodríguez es valorada con mucha distancia por parte de la presidenta del Congreso, según distintas fuentes parlamentarias, ya que la finalización de la condena a la que se refiere Rodríguez que le ha comunicado el Supremo, es la correspondiente al tiempo de prisión sustituida por una multa, pero que la inhabilitación se ha ejecutado en base a la respuesta que el propio Alto Tribunal dio a Batet cuando se le pidió el efecto práctico de la misma, que era la de la retirada del acta. Según la mismas fuentes cercanas Batet, dicha petición será por tanto rechazada porque aunque la pena de cárcel se haya extinguido, la de inhabilitación sigue vigente, por lo que no se tiene previsto restituirle en su escaño.
Se da la circunstancia que a más de dos meses de la retirársele el acta de diputado a Rodríguez, el escaño sigue vacío por las dudas que el proceso está provocando en su ex formación política en Canarias. A día de hoy, solo la persona que ocupaba el segundo puesto en la lista de Rodríguez por Santa Cruz de Tenerife, Fátima González, de IU, ha comunicado formalmente a las JEC su renuncia a ocupar el escaño, pero no lo ha hecho la que ocupaba el tercer puesto, Patricia Mesa, a cuyo nombre está en estos momentos la credencial expedida por la JEC, pese a que sí ha manifestado públicamente que tampoco asumiría el escaño. La cuarta persona de la lista, María del Cristo González, tampoco se ha pronunciado en ningún sentido. Una de las razones que desde la dirección de Podemos en Canarias se aducía para no llevar a cabo la sustitución inmediata de Rodríguez era la posibilidad de que la justicia determinara finalmente que la sentencia no conllevaba su inhabilitación permanente, tal como pretende el propio ex dirigente morado tanto ante sus diversas peticiones de anulación de sentencia al Supremo como paso previo a llevar el caso al Tribunal Constitucional o al de Derechos Humanos de la UE.
