El Consejo de Gobierno aprobó ayer los decretos para la ejecución de las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictadas en relación con la llamada segunda moratoria turística, por las que el Gobierno deberá expropiar o indemnizar a los afectados. Las empresas afectadas reclaman 80,5 millones de euros en indemnizaciones, según señaló el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez.
Los decretos se refieren a siete expedientes relativos a 111 parcelas ubicadas en los términos municipales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Las entidades implicadas son Aldiana Fuerteventura, Katanga Inversiones, Unimadoc, Hijos de Francisco López Sánchez, Satocan y Técnicos y Servicios Insulares.
Pérez advirtió que la reclamación de indemnizaciones «no quiere decir que tengan derecho a recibirlas en esas cuantías», ya que en las anteriores ejecuciones se han reclamado más de 600 millones de euros. Por ello se ha creado una comisión de trabajo interdepartamental en el Gobierno para abordar las indemnizaciones reclamadas por los afectados, con las que la Consejería de Transición Ecológica discrepa por entender que la cuantía que les corresponde es menor, al tiempo que ha insistido en que la Administración podrá indemnizar o expropiar, una vez valorado el perjuicio ocasionado.
En este sentido Pérez recordó que ahora los ayuntamientos tienen seis meses para modificar el planeamiento y si no actuará el Gobierno para llevar a cabo la modificación o, en su caso, la expropiación de los terrenos afectados.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Pérez indicó que aún no se ha procedido a indemnizar a ninguno de los afectados por estas sentencias como consecuencia de la moratoria turística de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. De la anterior tanda de decretos los seis meses que tienen de plazo los ayuntamientos se cumplen el próximo mes de diciembre.
