Los alcaldes exigen la aprobación de la ley de policías locales al inicio de la próxima legislatura

El cuatripartito decidió tirar la toalla con la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias pese al enfado de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que había solicitado un «esfuerzo» al Ejecutivo pero también al Parlamento para sacar la norma en los últimos meses de actividad parlamentaria antes de la convocatoria de las elecciones. Ahora los alcaldes exigen que la aprobación de esta ley sea una prioridad desde que se constituya el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 28-M porque será el objetivo número uno de la Fecam cuando se celebren las primeras tomas de contacto con el próximo Ejecutivo autonómico.

Es la tercera vez que se intenta abordar la reforma integral de la ley, que data de 1997, y todas han fracasado por el divorcio existente entre los alcaldes y los sindicatos y jefes de las policías locales, que tienen serias diferencias sobre la gestión de los cuerpos de seguridad municipales. La norma ha sido retocada y modificada parcialmente en varias ocasiones pero no se ha actualizado de forma integral bajo los auspicios del Gobierno regional, cuya pretensión última es que, respetando la autonomía municipal, las policías locales estén bajo una coordinación única de los cuerpos de seguridad autonómicos junto al Cuerpo General de la Policía Canaria.

En 2019 la reforma de la ley se quedó estancada en el Parlamento por la falta de consenso y porque la Fecam imposibilitó que se debatiera el texto en la Cámara. Cuatro años después la nueva norma ni siquiera ha llegado al Parlamento, pero la ausencia de un acuerdo entre todas las partes afectadas hacía barruntar que los derroteros del texto iban a seguir por el mismo camino porque ya había grupos, tanto de la oposición como de los que respaldan al Gobierno, que habían mostrado sus reticencias por la confrontación entre alcaldes y centrales sindicales.

Pero la actual directiva de la Fecam lo tiene claro. «Son los titulares de la competencia los que tienen que acordar el texto de la ley, que son los ayuntamientos y el Gobierno como órgano regional y responsable de la coordinación. Los colectivos y sindicatos serán escuchados en una subcomisión pero las decisiones no las toman ellos, no pueden paralizar ni obstaculizar propuestas cuando les dé la gana», advierte el vicepresidente de la Fecam Óscar Hernández.

La mayor parte del trabajo ya está hecho, es decir, hay un texto pactado y los informes preceptivos ya están evacuados, entre ellos el del Consejo Consultivo, por lo que, según Hernández, «se puede resolver la aprobación de la ley en menos de un año desde que se constituya el nuevo Gobierno, sea cual sea, y el nuevo Parlamento». Los alcaldes advierten que no se puede demorar más la norma como ha ocurrido en los últimos años para poder disponer de «herramientas» que mejoren la eficiencia en el funcionamiento de las policías locales.

El también alcalde de Agüimes cree que faltó «voluntad política» de los grupos parlamentarios para sacar adelante la ley porque había tiempo si se hacía por la vía de urgencia y en lectura única. «Hay grupos que no han estado a la altura», critica el representante de la Fecam.

Frente común

El frente común existente entre las asociaciones de jefes de las policías locales y las organizaciones sindicales se ha mantenido en esta legislatura que termina. No solo han expresado sus criticas al nuevo texto a los medios y han convocado protestas en la calle, sino que han acudido al Parlamento para hablar con los representantes de los grupos políticos, como también han hecho los alcaldes. Los representantes de los policías locales advierten que si cambia el color político del próximo Gobierno canario también puede haber un cambio de rumbo en la modificación de la ley.

Las centrales sindicales también se están moviendo más allá de la Comunidad Autónoma. En este sentido, se han realizado los primeros contactos con grupos políticos con representación en el Parlamento Europeo para presentar una iniciativa ante la comisión de peticiones de la Eurocámara, con el fin de exponer la posición de los representantes sindicales ya que ven «riesgos» para la seguridad pública en Canarias si se aprueba la nueva ley tal y como está ahora.

Entre las cuestiones más polémicas del contenido de la nueva norma pactada entre el Gobierno y la Fecam se encuentra la posibilidad de que haya policías interinos y que en determinados municipios, sobre todo los más pequeños, puedan habilitarse vigilantes municipales –que no portarían armas– si hay menos de cinco policías en el municipio. Actualmente hay corporaciones en las Islas que no cuentan con policías locales o apenas disponen de dos o tres efectivos por la crónica falta de personal y la incapacidad de las corporaciones locales para convocar oposiciones.

La falta de efectivos policiales se pretende suplir parcialmente en los próximos meses con la convocatoria unificada que ha puesto en marcha el Ejecutivo con 44 nuevas plazas de policías locales tras los convenios firmados con varios ayuntamientos, que ceden esta competencia a la Comunidad Autónoma. Los aspirantes están realizando las pruebas y antes de final de año se prevé que las 44 plazas que han solicitado los ayuntamientos sean repartidas en función de las listas que salgan tras la finalización del proceso.

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