El PSOE insta a Clavijo a comprar el solar del hotel de La Tejita

La socialista Patricia Hernández defenderá en el Parlamento una iniciativa para paralizar la construcción del polémico hotel

Estado actual de las obras del hotel de lujo en La Tejita. | | MARÍA PISACA

Estado actual de las obras del hotel de lujo en La Tejita. | | MARÍA PISACA / LA PROVINCIA/DLP

La Provincia

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Al calor de las demandas de las manifestaciones del 20A, el Grupo Parlamentario Socialista abraza las tesis de la alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, y pasa la pelota de la compra de los terrenos donde se construye el macroproyecto hotelero de La Tejita, en Granadilla de Abona, al presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Y lo hace a través de una iniciativa que se debatirá mañana en el Parlamento y cuyo objetivo es solicitar al Gobierno de Canarias que «culmine» el proceso iniciado por el Ejecutivo regional del pacto de las flores, presidido por el actual ministro Ángel Víctor Torres, para comprar la parcela en la que se construye el hotel por parte de la empresa Viqueira. El objetivo de los socialistas es lograr el respaldo de la Cámara regional para paralizar unas obras que se han convertido en bandera de las reivindicaciones ecologistas en Tenerife y extender la preservación ambiental y paisajística de la Reserva Natural Especial Montaña Roja.

La iniciativa se presenta pese a que el presidente Clavijo ya aclaró el viernes pasado, tras una reunión con el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y la consejera del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que no solo no tiene interés en adquirir la parcela –«el dinero del Gobierno no se usa para comprar terrenos donde se construyen hoteles, sino para suelos donde construir colegios y hospitales», dijo– sino no existe registros en la administración que respalden que se llevaran cabo tales negociaciones ni presupuesto previsto para ello.

Tras conocer las declaraciones del presidente Clavijo y de otros miembros del Ejecutivo regional sobre la negativa a adquirir la parcela. Miranda pidió a Dávila que sea la corporación insular tinerfeña la que invierta la mitad de los 44 millones previstos para el Circuito del Motor, proyectado precisamente en las medianías de Granadilla, en la compra del solar.

Igualmente, ante la insistencia de los socialistas, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapataya reiteró en sede parlamentaria hace dos semanas que exista ningún expediente referido a la compra de la parcela.

El Gobierno quedó en funciones

Inasequible al desaliento, la diputada Patricia Hernández, que será la encargada de defender la proposición no de ley en el pleno del Parlamento, sostiene que las negociaciones «se iniciaron en 2022, incluyendo en el Presupuesto de Canarias de 2023 la partida denominada Regeneración de Espacios Costeros, dotada con más de cinco millones de euros». Asegura que al acordar la forma de la compra, fue necesario reintegrar los créditos que habían sido dados de baja, «por lo que se estableció liberar créditos de otras partidas liquidados en mayo de 2023, cuando el Gobierno canario entró en funciones».

«Es el momento de dejar de marear la perdiz y de decidir si se quiere o no se quiere paralizar las obras y que la ciudadanía recupere ese espacio. El PSOE lo tiene claro», dice Hernández.

Los socialistas insisten en que cuando la promotora remitió la documentación requerida, el 25 de mayo de 2023 el Consejo de Gobierno aprobó una modificación de crédito para generar los créditos necesarios con los que afrontar el primero de los pagos comprometidos.

Siempre según los datos que solo aporta el PSOE, el Ejecutivo anterior elaboró la memoria y propuesta de compra por parte de la Consejería de Transición Ecológica; la memoria de la necesidad de adquirir, por adjudicación directa, el solar y obras ejecutadas; la firma de la propuesta del consejero de Transición Ecológica, el ahora senador José Antonio Valbuena, a Hacienda, que dirigía Román Rodríguez (NC-Bc), sobre la necesidad de iniciar el expediente de adquisición; así como la remisión de un oficio, por la Dirección General de Patrimonio, a los propietarios requiriéndoles la aportación de la tasación oficial y certificaciones.