Los jueces canarios exigen refuerzos urgentes en los casos 'Mediador y San Ginés'

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solicita al Gobierno de Canarias que refuerce de manera «inmediata» cuatro juzgados con causas o materias esenciales para los ciudadanos. 

Dos de esos órganos judiciales instruyen sendas investigaciones de corrupción política en Santa Cruz de Tenerife y en Arrecife, entre ellos el popular caso Mediador, el otro juzgado lleva el Registro Civil de Güímar, y el último tramita los pleitos hipotecarios que se dirimen en la isla tinerfeña, según recogen los acuerdos adoptados por el máximo órgano de gobierno de los jueces isleños en su última sesión del pasado mes de abril.

Dichos acuerdos del TSJC van dirigidos a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que es la competente de proveer a los juzgados de personal administrativo y de materiales para garantizar su funcionamiento jurisdiccional. 

Las exigencias de la Sala de Gobierno del TSJC, con cuatro peticiones de refuerzo de golpe y un lenguaje bastante crudo en sus demandas, evidencian malestar en el seno de los jueces y magistrados por la gestión autonómica de los recursos judiciales de refuerzo. 

El órgano colegiado reclama, en ese sentido, que el personal solicitado se asigne «inmediatamente» a los juzgados necesitados de apoyo, tanto para investigar las causas «complejas» de corrupción, como para resolver cuestiones básicas vinculadas a la vivienda o al estado civil de los ciudadanos, sin que los nuevos nombramientos queden supeditados al calendario preestablecido de las reuniones de la mesa sectorial del personal funcionario. Esas reuniones se celebraban cada trimestre y el personal es necesario ya.

Sin demoras

Los nuevos nombramientos reclamados, por tanto, deben tramitarse mediante «procedimientos de urgencia», con la finalidad de dar una respuesta «efectiva» e «inmediata» a situaciones que «no admiten demora». Entre esas situaciones destaca la causa por corrupción que tramita el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, esto es, el caso Mediador, que acumula una quincena de investigados y varias piezas separadas, entre ellos un exdiputado nacional del PSOE, un exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias y un general de división de la Guardia Civil retirado. 

La Sala de Gobierno del TSJC no solo pide un funcionario del cuerpo de tramitación procesal y administrativa, sino también un juez de refuerzo para sacar adelante el caso Mediador, petición esta última que va dirigida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano competente en la asignación de este tipo de apoyos y nombramientos. Ambos refuerzos, el del funcionario y el del juez, se solicitan por un periodo de dos meses. 

La otra causa de corrupción que necesita apoyo extra afecta a Pedro San Ginés, expresidente del Cabildo de Lanzarote con Coalición Canaria, actualmente investigado por la supuesta malversación de fondos públicos al pagar casi un millón y medio de euros al abogado Ignacio Catalayud, entre otros comportamientos bajo sospecha.

El caso de San Ginés lo tramitaba el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, pero, al prosperar parcialmente un recurso de Catalayud, las diligencias previas de investigación han pasado a ser competencia del Juzgado de Instrucción número 2. La causa tenía una funcionaria de refuerzo hasta que se produjo el cambio de órgano jurisdiccional. Por eso la Sala de Gobierno del TSJC reclama ahora que se vuelva a nombrar a la misma funcionaria de manera inmediata y urgente, advirtiendo a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que no puede dar por finalizado el refuerzo sin un informe previo del titular del juzgado.

Más grave todavía parece lo que sucede en el Registro Civil de Güímar, que se ha quedado sin funcionarios por diferentes bajas. La Sala de Gobierno del TSJC reclama que se cubran estos puestos «a la mayor brevedad» mediante «el nombramiento de los funcionarios interinos que correspondan por tratarse de un servicio esencial y su cobertura inaplazable», recoge el acuerdo remitido a la Dirección General de Justicia. 

El último tirón de orejas de los jueces a la Administración de Justicia se produce por el cese «inexplicable» de los dos funcionarios de refuerzo que tenía el Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Cristóbal de La Laguna. 

Se trata, además, del único órgano que tiene asignados desde diciembre de 2022 todos los asuntos relacionados con los contratos hipotecarios en la isla tinerfeña. La Sala de Gobierno destaca que esos funcionarios son «imprescindibles para atender la tramitación de la ingente cantidad de asuntos» en dicho juzgado especializado. 

También critica la «improcedencia» del cese de los dos funcionarios, decisión que la administración adoptó «sorpresivamente», sin tener en cuenta «las necesidades objetivas del servicio ni la opinión de los jueces, letrados ni órganos de gobierno del Poder Judicial», detalla la resolución en la que se exige una solución al problema.

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