Un empleado de Respuesta Social Siglo XXI: «Me pedían echar gasolina para justificar los gastos»

Un empleado que trabajó para la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en uno de sus centros de acogida de menores migrantes de Gran Canaria confirmó este martes que el director de ese recurso le pedía que echara combustible a los coches para poder «justificar los gastos». Su versión confirma las pesquisas que llevó a cabo la Fiscalía Anticorrupción en cinco dispositivos gestionados por la oenegé en Gran Canaria y Lanzarote. Un juzgado admitió a trámite la querella contra cuatro responsables y la propia entidad social al ver indicios de la posible comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos.

Ángel F. C., que llegó a ser subdirector del centro en el que trabajaba -El Tablero-Puerto Rico- durante unos meses en sustitución por baja de quien ostentaba el cargo, vio «movimientos sospechosos» de dinero en ese tiempo. De hecho, insistió en que los responsables «hacían y deshacían como querían» sin que nadie les dijera nada. «El gerente de la Fundación vive en Madrid y no creo que sepa ni cómo es Canarias, así que esta gente podía actuar a su manera, sin represalias ni control», asestó en conversación con este periódico.

Hasta 20.288 euros en gasolina

La querella de Anticorrupción sobre la que ahora indaga el Juzgado de Instrucción 7 de la capital grancanaria evidencia que varios de los centros de menores analizados justificaron «un desproporcionado número de facturas» como de repostaje. De esta manera, el director del Centro Acorán, en Tafira, llegó a pasar cobros de 20.288,46 euros en carburantes solo entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre de 2021. Ello supone una media de 3.385 euros al mes.

Sobre ello, este empleado indicó que su responsable directo le instaba a darle, incluso, facturas de sus propios repostajes en estaciones de servicio. Pero también de los arreglos de pinchazos en talleres. «Una vez me dijo que cogiera el coche de la empresa, la mayoría de ellos eran de alquiler, y le echara aunque fuera 30 euros de gasolina y le trajera la factura porque necesitaba cuadrar las cuentas», explicó. 

El hombre asegura que vivió «muchas irregularidades» durante el tiempo que trabajó en el centro del Tablero-Puerto Rico, el cual sigue gestionando la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y al que fueron a parar en un primer momento algunos de los menores de Puerto Bello cuando fue desmantelado el 31 de julio como dispositivo de acogida de emergencia. Todas ellas tenían al director «como el principal problema». Por ello, decidió marcharse de una empresa con inconvenientes «que veía que no se iban a solventar a corto plazo».