Menores migrantes se hacen pasar por adultos para evitar quedar varados en Canarias

Sus pasaportes y libros de familia expedidos en Gambia muestran que nacieron a finales de 2006: tienen 17 años. Los documentos, revisados por la Fiscalía de Menores, son veraces. Mamadou y Samba son niños. Tal y como dicta la legislación, deben ser acogidos en centros de menores. Sin embargo, han estado 36 horas aguardando en la sala de espera de una comisaría de Barcelona, durmiendo en bancos de madera. «Así es imposible dormir y descansar», dice Samba, que entrecierra los ojos al hablar, muerto de cansancio. 

No son los únicos. La llegada de menores migrantes a Cataluña –unos 300 al mes, la mayoría de Gambia y Senegal– se han duplicado desde octubre, cuando estalló la crisis migratoria en Canarias. El 50% de esos menores llegaron en cayuco por la ruta canaria, según señala la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno catalán. Una cifra que fuentes policiales elevan hasta el 85%. 

Cuando arriban a las costas del Archipiélago, algunos adolescentes no se identifican como menores, pues saben que esa condición les llevaría a un centro de acogida hasta cumplir la mayoría de edad. Para ellos esa protección supone un escollo que les impide completar su proyecto migratorio tan rápido como esperaban. Para evitar quedar varados en las Islas, se hacen pasar por adultos y así consiguen que los trasladen en apenas unos días a la Península. Un último movimiento que les acerca más a su objetivo de afincarse en algún punto de la Europa continental. Muchos sueñan con llegar a grandes ciudades como Barcelona y otros buscan dar el salto a Francia, donde cuentan con redes de familiares o amigos.

Dormir en el cuartelillo

La filiación de los migrantes que llegan de forma irregular al país la realiza la Policía Nacional y es la Fiscalía la que pone a disposición de la comunidad autónoma a aquellos que se identifica como menores de edad. Si bien hay casos en los que las características físicas complican su detección. Así, hay jóvenes que terminan en centros de adultos y adultos que conviven con niños en centros de menores. La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias estima que entre los 5.500 migrantes que tienen bajo su tutela puede haber casi un millar de adultos. Solo la realización de las pruebas óseas de determinación de edad les permitirá poder sacarlos del sistema de protección de menores y aligerar la carga que soporta actualmente.

El Ejecutivo catalán ha abierto una decena de recursos para dar atención de emergencia a los menores en los últimos meses –Canarias ha puesto en marcha 33 centros de acogida desde octubre– pero los esfuerzos de la Generalitat no han bastado para evitar que muchos adolescentes terminen durmiendo en las comisarías. Según los Mossos d’Esquadra, desde noviembre 355 menores han tenido que pasar la noche en dependencias policiales. El mes más crítico fue enero, cuando 244 menores (una media de ocho al día) pernoctaron en un cuartelillo. Algunos pasaron allí hasta tres noches, a pesar de no haber cometido ningún delito. 

Ante este escenario, el Ejecutivo catalán ha pedido al Ministerio de Migraciones que redistribuya entre otras comunidades a los adolescentes migrantes, sumándose así a la reclamación que Canarias lleva meses realizando sin éxito. En octubre se acordó el reparto de 339 niños llegados a las Islas sin la compañía de un adulto y todavía no ha salido ni uno. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones argumenta a Cataluña que al tratarse de menores el tema «no es su competencia».

No son casos aislados

«Si seguimos al mismo ritmo, superaremos el récord de llegadas de menores migrantes solos a Cataluña», advierte el secretario de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno catalán, Oriol Amorós, quien estima que este año tendrán que atender a unos 4.000 niños y adolescentes. En 2018, el año en el que llegaron más, se hicieron cargo de 3.709. La mayoría supervivientes de la mortífera ruta canaria.

«Es evidente que estos niños migrantes no han llegado nadando ni en barco hasta Cataluña. Y que hay una Administración central que se encarga del flujo y el control de la inmigración en nuestro país», insiste Amorós. En los repartos pactados estos últimos meses por las comunidades autónomas, a Cataluña le tocaba acoger a menos de un centenar de menores migrantes procedentes de Canarias, pero destacan que ahora tienen que asumir la atención de aquellos que llegan «de forma espontánea».

La redistribución de los niños y adolescentes migrantes que están bajo la tutela del Gobierno canario está estancada. Las únicas comunidades autónomas que han empezado a trabajar en los acuerdos que hay que firmar antes de ejecutar la derivación de los menores son Madrid, Galicia, Cantabria y Aragón –que continúa adelante con los trámites para acoger a los jóvenes a pesar de la polémica desatada esta semana entre sus socios de gobierno (PP-Vox)–. En los convenios que pactan las diferentes regiones con Canarias se fija el número y el perfil de los niños y adolescentes que pueden acoger. 

Uno de los motivos por los que el reparto no avanza es la falta de financiación por parte del Estado para la manutención de los menores –20 millones iniciales más 15 que se sumaron en la última Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia–. Todas las comunidades han planteado que este presupuesto es escaso y reclaman una aportación plurianual. Para Amorós, los fondos son «ridículos», teniendo en cuenta que las llegadas que no están pactadas por su comunidad autónoma superan con creces los datos del reparto acordado.

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