Crisis migratoria

El Senado pide “celeridad” y financiación para establecer el reparto de menores migrantes que llegan a Canarias

PP y PSOE se ponen de acuerdo también en la necesidad de establecer criterios “objetivos, equitativos y cuantificables” para la distribición por todas las comunidades autónomas

Rescatan a 45 inmigrantes en una neumátrica en Fuerteventura, con varios menores entre los rescatados

Rescatan a 45 inmigrantes en una neumátrica en Fuerteventura, con varios menores entre los rescatados / Carlos de Saá/Efe

Joaquín Anastasio

Joaquín Anastasio

En un texto poco preciso y bienintencionado, el Senado dio este lunes un primer paso en la puesta en común entre la mayoría de los partidos políticos apoyando las reformas legislativas que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Canarias para el futuro reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados que acoge la comunidad autónoma entre el resto de territorios del Estado.

Fue a partir de una moción del senador de Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, que recibió enmiendas de varios grupos parlamentarios y que se debatió y se aprobó en el seno de la Comisión de Comunidades Autónomas de la Cámara alta, pero cuyo elemento político principal es que los dos grandes partidos estatales, PP y PSOE, se pusieron de acuerdo en tres aspectos fundamentales: que el Gobierno actúe con “celeridad” para facilitar ese cambio legislativo; que la distribución de menores migrantes se haga con criterios “objetivos, equitativos y cuantificables”; y que el Estado garantice una financiación “suficiente y estable” a las comunidades autónomas para que asuman la acogida sin coste para ellas.

La moción fue aprobada por todos los grupos del Senado salvo por Vox. La formación de ultraderecha mantuvo en el Senado el discurso que ya defendió en Canarias cuando el presidente Fernando Clavijo presentó a los grupos del Parlamento regional la propuesta de reforma legal que quiere plantear al Estado, es decir, que los menores migrantes, acompañados o no, sean “expulsados” a sus países de origen “de modo que queden confiados al cuidado de sus padres o de sus familiares más cercanos”.

El texto original del senador herreño, que incluía una vaga referencia a la necesidad de financiación, pero no al establecimiento de criterio de reparto, fue enmendado por el senador de ASG, Fabián Chinea, por el PSOE, y por el PP entre los grupos dispuestos a apoyar la moción, dando como resultado un primer acuerdo que podría anticipar el que será necesario cuando la propuesta de modificación normativa que lleve el Gobierno central al Congreso sea sometida al escrutinio de los partidos.

Garantizar el presupuesto

Armas, en la defensa de la moción, se centró sobre todo en reclamar apoyo a las propuestas presentadas por Canarias al Gobierno central, sobre las que precisamente este lunes el Ejecutivo canario ha aprobado la comunicación oportuna al Parlamento regional, y en que desde el Estado se actúe con “celeridad” en ese proceso.

La enmienda del Chinea fue la que introdujo en un primer momento la necesidad de “garantizar las asignaciones presupuestarias suficientes y estables, con cargo a fondos de la Administración General del Estado” para que “la tutela de los menores inmigrantes a los menores inmigrantes por las Comunidades Autónomas” se haga “en condiciones adecuadas y durante todo el tiempo necesario”, mientras que la del PSOE era mucho más genérica y rebajaba los términos del mandato al Estado.

Eliminación del término reparto

Sin embargo, PP y PSOE pactaron una posteriormente, aceptada por Armas como proponente de la moción, que incluía tanto las reclamaciones del senador herreño, como las de Chinea, y que fue la que finalmente se aprobó en los términos antes mencionados. En el texto final, a propuesta de los socialistas, se elimina el término “reparto” para referirse a la distribución de menores entre todas las comunidades autónomas e introdujo a cambio el concepto de “acogida” por parte de estas como consecuencia de esas “reformas normativas necesarias sobre la protección de los menores extranjeros no acompañados”.

José Antonio Valbuena asegura que “no va a haber problemas de financiación” a las comunidades cuando tengan que asumir la acogida de los menores

El senador autonómico del PSOE, José Antonio Valbuena, afirmó en este sentido que “dejemos de hablar de repartir, porque así parece que el problema lo tiene Canarias y que tiene que repartir entre otras comunidades, y empecemos a hablar de acoger para prestar la atención que necesidad estos niños y niñas y adolescentes”. Valbuena aseguró que en Canarias se está haciendo un esfuerzo ingente por darles el trato que merece.

Se están intentando cambios normativos, pero primero está el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes. Tras resaltar que “seguramente habrá que reformar dos leyes orgánicas como la del Menor y la de Extranjería”, recordó que para ello se necesitarán “la mayoría absoluta” y aseguró que “no va a haber problemas de financiación” a las comunidades cuando tengan que asumir esa acogida.

Integración

El senador Javier Armas señaló que “la crisis migratoria trae a nuestras costas un número descontrolado de menores no acompañados, lo que obliga a Canarias a un gran despliegue de medios humanos materiales que le imposibilita poder ofrecer el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales de tutela, entre ellas la integración social del menor”.

Tras recalcar que “la situación es límite e insostenible”, reclamó una “respuesta ambiciosa y generosa” y que “las propuestas se conviertan cuanto antes en acciones”. Por ello, el senador reclama abordar y solucionar esta delicada situación, “para la que es necesario y urgente promulgar nuevas normas y establecer un marco legal que garantice la protección del menor, siendo para ello preciso la distribución de esos menores entre las distintas Comunidades Autónomas”.

Javier Armas (AHI) sostiene que “el número descontrolado de menores no acompañados, obliga a Canarias a despliegue de medios humanos materiales que le imposibilita poder ofrecer el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales de tutela”

Críticas del PP

Por parte del PP, la senadora autonómica Australia Navarro, pese al ambiente de concordia por el acuerdo alcanzado con el resto de partidos, salvo Vox, se centró en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez. Tras afirmar que “Canarias vive su peor crisis migratoria desde el año 2006” con una llegada de migrantes de manera irregular “sin precedentes en la última década” -una situación que, según ella, las Islas “han tenido que afrontar en la más absoluta soledad y en el más absoluto abandono por el Gobierno de España”-, hizo hincapié en la necesidad de aprobar cuanto antes medidas que permitan la distribución de los menores entre todas las comunidades autónomas.

"Ha llegado el momento que, de una vez por todas, el Gobierno se tome en serio este problema y actúe con celeridad y responsabilidad”, subrayó al senadora del PP. Destacó, en este sentido, que la reforma legal y el propio reparto de menores se tiene que hacer con la solidaridad del Gobierno de España financiando el coste de la acogida, o de lo contrario “no se hace”.

Fabián Chinea reclama a los partidos en las Cortes “la política de Estado que merecen los menores inmigrantes llegados por mar al Archipiélago”

Fabián Chinea, por su lado, destacó que la propuesta de AHI “trae un mensaje que podemos considerar como unánime en la sociedad canaria, un motivo que por sí solo debería servir para obtener un acuerdo también unánime en esta Comisión de Comunidades Autónomas”. Por eso, el senador gomero pidió a los grandes partidos “la política de Estado que merecen los menores inmigrantes llegados por mar al Archipiélago” y recordó que “llevamos al menos dos años debatiendo sobre el modo de compartir la responsabilidad de atender a los, en la actualidad, más de 5.000 menores inmigrantes llegados a Canarias”.

“Ha llegado el momento de legislar, de trasladar a la norma la necesidad objetiva de abordar conjuntamente la acogida y tutela de los menores inmigrantes”, dijo el senador gomero, que criticó la labor desempeñada hasta la fecha por PP y PSOE, “los que realmente podrían garantizar una tramitación rápida de este cambio normativo en las Cortes”.

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