El Gobierno canario apremia al Parlamento para que respalde en 15 días la solución al reparto de menores

El Gobierno quiere acelerar lo más posible la solución canaria a la modificación de toda la legislación relativa a menores con el fin de «acabar con la solidaridad y aplicar la corresponsabilidad legal» en lo relativo a trasladar a las comunidades autónomas a los más de 5.700 menores migrantes que ahora acoge Canarias.

Una presión que traslada tanto al Parlamento canario para que la Cámara regional respalde en la sesión plenaria del 27 y 28 de febrero la comunicación aprobada este lunes en el Consejo de Gobierno, como al Ejecutivo central para que antes del 31 de marzo se haya modificado, vía decreto ley, el artículo 172.1 del vigente Código Civil, que es la tramitación parlamentaria más rápida para solucionar el colapso en la tutela de menores que asume ahora en solitario Canarias, ya que los plazos para su aprobación se acortan.

Si la aprobación del decreto ley no es aceptada por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, la otra opción que propone Canarias incluye cambios legislativos «más gravosos, complejos y lentos» al tratarse de modificaciones de leyes orgánicas sujetas a largos trámites parlamentarios y que deben ser refrendadas por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. 

"Si la amnistía era buena, necesaria y urgente, ¿cómo no lo será atender a los 5.700 menores llegados al Archipiélago?", argumentó el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, no sin antes recordar que con el socialista Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central "se han aprobado 138 decretos ley".

Fecha límite; 28F

La Mesa del Parlamento ya recibió la comunicación y en su reunión del próximo jueves, 15 de febrero, decidirá si la incluye para ser debatida y refrendada en la sesión plenaria prevista para los días 27 y 28 de este mismo mes, pues Cabello insistió en que el gabinete que preside Fernando Clavijo quiere contar con el respaldo de la Cámara «antes del Debate sobre el estado de la Nacionalidad» que se celebrará del 12 al 14 de marzo .

La prisa del Ejecutivo canario se entiende en base a que tras la aprobación parlamentaria, la Junta de Portavoces invitará a sus homólogos del Congreso de los Diputados a visitar las islas para conocer de primera mano la situación de los menores migrantes que Canarias tutela y les trasladarán la propuesta de modificaciones legislativas para obtener su apoyo. De forma paralela, el Gobierno de Clavijo informará al del Estado del contenido del acuerdo para que, tal y como se comprometió la ministra Sira Rego, la solución canaria se adopte antes del 31 de marzo.

El jueves la Mesa de la Cámara decide si incluye la comunicación en la sesión plenaria del 27 y 28 de febrero

Precisamente, y sobre la tramitación de las reformas en las Cortes, el vicepresidente del Gobierno y líder del PP en Canarias, Manuel Domínguez, garantizó el respaldo de los 137 diputados y 144 senadores del PP tanto a la propuesta de modificación exprés del Código Civil como si al final se decide reformar las leyes orgánicas de Extranjería y de Protección Jurídica del Menor y el decreto de Extranjería.

"Lo que faltaba es que si estoy como vicepresidente del Gobierno de Canarias respaldando una propuesta para solucionar el problema que tiene la Comunidad Autónoma con los menores migrantes que acoge luego no haya respaldo a nivel nacional. No necesito sacar pecho, es una decisión tácita, como lo demuestra que son tres comunidades autónomas del PP las únicas que han iniciado los protocolos de traslado de 347 menores aprobados en octubre y que hemos apoyado en el Senado una iniciativa en ese sentido", dijo Domínguez para zanjar la polémica sobre las dudas relativas a que el PP refrende en las Cortes la solución canaria.

Tutela estatal

En concreto, el texto aprobado por el Gobierno y apalabrado con todos los grupos parlamentarios del Pacto Canario por la Migración, a excepción de Vox, propone añadir un nuevo párrafo al artículo 172.1 del Código civil en el que se acalara que la comunidad autónoma a la que "acceda el menor al territorio español de forma ilegal", y una vez constatada su situación, "deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, pero no asumirá la tutela hasta el momento en que por la Administración del Estado le sea asignado el menor para que quede bajo su protección".

Esta modificación del Código Civil, que debería ser por decreto ley, incluye otra reforma, relativa al Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación a los Menores Extranjeros No Acompañados aprobado el 13 de octubre de 2014 entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Canarias propone que el nuevo protocolo establezca que una vez el menor haya sido inscrito en el Registro del menor extranjero no acompañado, "el mismo le será entregado a la Entidad Pública de protección de menores del lugar de localización para su acogida inmediata y custodia, sin perjuicio de la posterior decisión por parte del Ministerio con competencia en migración de mantener a dicho menor en la comunidad autónoma a la que ha llegado o trasladarlo a otra al objeto de poder prestarle una adecuada protección que permitiera garantizarle unas mejores condiciones de integración".

Esta nueva comunidad de destino sería la que "estaría obligada a acogerlo", y una vez constatada la situación de desprotección, "asumiría la tutela del menor extranjero no acompañado". 

'Plan b'

El plan b del Gobierno canario, si desde La Moncloa no se apuesta por el decreto ley, incluye cambios legislativos "más gravosos, complejos y lentos" al tratarse de modificaciones de leyes orgánicas sujetas a largos trámites parlamentarios y que deben ser refrendadas por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado.

Esta vía lenta incluye, además de la referida modificación del Código Civil, la reforma de la Ley Orgánica de Protección jurídica del menor, modificación parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1996 y la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social del año 2000, así como el Real Decreto que aprobó su desarrollo.

La 'vía lenta' supone la modificación de dos leyes orgánicas y el Decreto que desarrolla la del año 2000

Concretamente, el artículo 35.13 de la Ley de Extranjería sería modificado para garantizar que la Administración General del Estado, a través del órgano que tenga atribuida la competencia para ello, "gestionará el reparto organizado de los mismos entre los recursos disponibles en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas a fin de garantizar que prevalezca el interés superior del menor y lograr su plena integración social mientras permanezca en territorio español".

Por lo que respecta al Real Decreto que desarrolla la Ley de 2000, Canaria propone un nuevo artículo 189 bis, sobre el Procedimiento en los casos de extranjeros no acompañados: "La Administración General del Estado es competente, en coordinación con todas la instituciones y administraciones afectadas, una vez tiene lugar la entrada en territorio español y se produce su acogida inmediata, para la distribución de los menores extranjeros no acompañados entre las distintas Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla".

Protección jurídica al menor

Por lo que respecta a la Ley de 1996, se proponen dos nuevos apartados al artículo 18 para dejar claro que la comunidad autónoma a la que llega el menor "le prestará atención inmediata y adoptará las medidas de protección necesarias para su guarda", mientras que su tutela no será efectiva hasta que lo dictamine el Estado, ya que en sus manos queda "la plena protección de los menores extranjeros no acompañados en aquellos supuestos en que constate que en la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma en donde se encuentran los menores en situación de desamparo o acogida inmediata no puede garantizarles su seguridad, bienestar y la protección de sus derechos fundamentales".

Por tanto, es el Estado el que" deberá adoptar de forma urgente cuantas medidas estime necesarias al objeto de proteger a dichos menores y garantizar su interés superior, pudiendo en estos casos disponer el traslado de esos menores extranjeros no acompañados a otras comunidades o ciudades autónomas, las cuales vendrán obligadas a asumir su tutela y adoptar cuantas medidas de protección sean necesarias a fin de garantizar el interés superior del menor". 

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