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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Canarias demanda que también tengan ayudas el transporte aéreo y marítimo

El Gobierno autónomo señala que el plan de Pedro Sánchez contra los efectos de la invasión de Ucrania en la economía recoge el grueso de sus peticiones

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ayer durante el acto en que dio a conocer las medidas. EP

Un plan de 16.000 millones de euros para intentar mantener a la economía española en la senda de la recuperación a pesar del efecto bumerán de las sanciones impuestas a Rusia tras invadir Ucrania. Las medidas –6.000 millones en ayudas directas y los 10.000 restantes en créditos ICO– las esbozó este lunes el presidente de España, Pedro Sánchez, y hoy tomarán forma en el Consejo de Ministros. El Gobierno de Canarias prefiere esperar a conocer la letra pequeña, pero estima que están recogidas sus demandas. Eso sí, en el capítulo de las subvenciones para el transporte no hubo menciones a barcos ni aviones, de capital importancia para las Islas.

El Plan de Respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania estará vigente hasta el último día de junio y tiene cinco destinos principales: familias y trabajadores; las empresas, el transporte, la ciberseguridad y la energía. Entre otras medidas concretas, se prohíbe el despido –«una empresa no puede destinar a ese fin las ayudas públicas», recordó la ministra de Economía, Nadia Calviño–, también se impide referenciar la revisión de los alquileres al desbocado IPC –subidas máximas del 2%–, se rebaja en 20 céntimos cada litro de combustible o se extiende a 600.000 personas más el bono social eléctrico.

Los despidos están prohibidos en todas las empresas que reciban dinero público

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En la Conferencia de Presidentes celebrada hace poco más de dos semana en La Palma, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aludió a la ultraperificidad y lejanía de las Islas como factor a tener en cuenta a la hora de elaborar el plan que ayer dio a conocer Sánchez. Las reservas turísticas no van mal y las Islas parecen convertirse poco a poco en ese destino turístico refugio alejado de la zona del conflicto, pero no es descartable un frenazo de las llegadas si termina por trasladarse a los billetes aéreos la escalada de los precios energéticos.

Los trazos dibujados ayer por el presidente de España convergen en el objetivo de evitar que el incremento de la estructura de costes se traslade al consumidor final. En el caso de las Islas, sujetar los fletes, que ya venían subiendo antes de que Vladimir Putin diera orden de violar la frontera vecina, resulta esencial para que los ciudadanos no paguen más.

Es la única gran pega que encontró este lunes el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera. «El resto está bastante bien cubierto y recoge las cuestiones generales que planteamos», explicó. Además, en el entorno de Ángel Víctor Torres están convencidos de que se atenderá también la especial incidencia que las modalidades de transportes distintas del terrestre tienen en las Islas.

La revisión de los alquileres no tendrán como referencia el IPC, sino un límite máximo del 2%

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Desde la patronal de Las Palmas (CCE), su presidente, Agustín Manrique de Lara, incidió en la demora que han sufrido estas medidas en comparación con otros países de la Unión Europea (UE), pero dio –o dará– por bueno el plan «si sirve» para frenar la crisis. Lo que no dejó pasar es la ausencia de una rebaja de impuestos, descartada de antemano por Moncloa. En su opinión, si la presión fiscal no se reduce es por una «cuestión ideológica, por vender la victoria de una ideología sobre otra, o porque Podemos se lo exige» a sus socios de Gobierno del PSOE.

Los ejecutivos central y autonómico sostienen que resulta ineficaz tocar la parte impositiva, ya que eso no impide que los precios continúen subiendo. La prueba que esgrimen es lo ocurrido con el recibo de la luz. En esa misma línea, el presidente de la Federación de Empresas de Transporte (FET) de Canarias, José Agustín Espino, se preguntó si los 20 céntimos por litro que se descontarán a la hora de repostar –quince los pone el Estado y cinco las petroleras– servirán para detener los problemas. «Por sí sola, esta medida no sirve, necesitamos que se cree un combustible profesional que acabe con los vaivenes» y permita que no se conviertan casi en papel mojado «los contratos que negociamos», avanzó.

Reunión de los transportistas

Al final de la semana pasada, el sector decidió aplazar la protesta motorizada que habían preparado para este lunes. Un gesto de buena voluntad tras avanzar el Gobierno de Canarias que, en lugar del habitual 68%, les devolverá toda su aportación al Impuesto sobre Combustibles –del 1 de marzo al 31 de julio–, y condicionado a las ayudas que ayer avanzó Sánchez y a las conversaciones previstas para hoy con la Consejería de Educación para actualizar los contratos del transporte escolar.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Canarias de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), Aythami Rivero, halló «cierta lógica» en la limitación de las revisiones de los precios del alquiler al 2%, también hasta el 30 de junio. «Sobre todo para los más vulnerables», detalló, si bien advirtió de que el IPC «es la única manera de actualizar las rentas». Es decir, hay quienes tienen en el alquiler no una forma de negocio, sino casi de vida, que pueden verse perjudicados.

El plan aleja también otro de los peligros que las organizaciones empresariales habían señalado. Los créditos avalados por el ICO y solicitados por no pocos negocios y autónomos para soportar el golpe de la pandemia vencían en el corto plazo. Sin embargo, la fecha límite se ha ampliado, y también el plazo de carencia para los sectores más afectados. También tienen un capítulo especial la agricultura y la ganadería (362 millones de euros), por el alza de los insumos y otros 68 millones de euros, el sector pesquero.

Medidas sociales

Límite al despido

El despido justificado por causas derivadas de la guerra queda prohibido hasta el 30 de junio. El redactado exacto de la medida no está solventado pero se prevé que obligue a las firmas que despidan a devolver todas las ayudas recibidas o conferir la categoría de improcedente el despido en caso de impugnación, lo que implicaría subir la indemnización de 20 días por año trabajado a 33.  

Revisión de alquileres al 2%

Los alquileres no podrán subir hasta el 30 de junio más del 2%. El objetivo es evitar un encarecimiento desmesurado de los mismo como consecuencia de la subida de la inflación, en el 7,6%. 

Más carencia de ICO

El plazo de carencia en el pago del principal de los créditos a empresas con aval público del ICO lanzados al comienzo de la pandemia se amplía seis meses. El periodo máximo en que las compañías solo tendrán que abonar los intereses, así, se extenderá desde los actuales dos años. La mayoría de dichos periodos de carencia vencían en abril y mayo. La medida será solo para las de los «sectores más afectados» por la crisis de precios energéticos. 

Bono eléctrico

El bono social eléctrico se amplía para alcanzar a 600.000 familias más hasta a un total potencial de 1,9 millones de hogares. Para ello eleva el límite de renta para poder ser beneficiario en 0,5 veces el Iprem.

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