Miles de abogados claman contra el cobro de pensiones «irrisorias»

Decenas de miles de letrados de toda España, muchos de ellos canarios, se han puesto en pie de guerra contra la Mutualidad de la Abogacía. Aseguran que esta les prometió ingresos en el momento de retirarse iguales o superiores a los que ofrece la Seguridad Social y ahora se encuentran con percepciones que se sitúan en algunos casos por debajo de los fijados para las pensiones no contributivas. Llegados desde toda España, hoy se concentran en Madrid, donde la mutua ha convocado una asamblea general en la que «presumiblemente, aún restringirán más los derechos de los mutualistas con la excusa de la necesidad de adaptación a la nueva normativa reguladora de las cotizaciones» de los trabajadores autónomos.

Los afectados se elevan hasta los 64.000 en toda España. Entre su demandas, se encuentra la apertura de una «ventana» para que los afectados que lo deseen recuperen todo el dinero aportado hasta el momento a la Mutualidad de la Abogacía y lo ingresen en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) a cambio de «años de cotización».

«Se debe garantizar a todos los abogados, en función de sus años de ejercicio y cotización a la mutualidad, el derecho a una pensión pública mínima digna, en condiciones similares a los cotizantes en RETA», explican en el escrito que hicieron público ayer.

A pesar de las promesas de que aportando menos que los autónomos recibirían una pensión similar o superior a la de estos, se han encontrado una realidad muy distinta. «Actualmente se abonan unas rentas vitalicias, de entre la mitad y un tercio de la mínima del RETA y, en muchos casos, por debajo de una pensión no contributiva», sostienen los afectados.

Muchos de los afectados cobran «mensualidades de 300 o 400 euros, todas inferiores a las del RETA, sin que, por otro lado, se actualicen anualmente en base al IPC», sostienen en el comunicados. Eso provoca que se vean «obligados a seguir trabajando hasta una edad muy avanzada».

«Inversiones ruinosas»

Fuentes consultadas aseguran que entre los problemas que motivan las escasas percepciones están «inversiones ruinosas» y hasta una administración sospechosa de las aportaciones que han realizado durante toda su vida laboral. Citan, por ejemplo, los «54 millones de euros perdidos en títulos del Banco Popular» o fallidas operaciones en el sector inmobiliario.

El rescate de todas las aportaciones en el momento de decidir el paso a la etapa de retiro tampoco es válido. Hacienda podría en ese caso exigir el 45% del total en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

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