Granja de la Costera

Antifraude detecta miles de euros sin justificar en la empresa municipal de un pueblo valenciano de 300 habitantes

La Agencia remite las "irregularidades" observadas en la gestión de la firma entre 2008 y 2019 al Tribunal de Cuentas, que mantiene abierto un procedimiento de reintegro por alcance contra el exalcalde por importe de 100.000 euros

La actual corporación del PP y la anterior se acusan mutuamente de la desaparición de expedientes de la mercantil pública

Obras de urbanización del polígono de la Granja promovidas a través de la empresa pública municpial, en una imagen de 2013.

Obras de urbanización del polígono de la Granja promovidas a través de la empresa pública municpial, en una imagen de 2013. / Perales Iborra

S. Gómez

La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado presuntas irregularidades en los gastos y facturas por servicios y obras de la empresa municipal de la Granja de la Costera (276 habitantes) en el periodo comprendido entre 2008 y 2019, después de examinar la denuncia presentada por la actual corporación del PP.

La desaparición de varios expedientes de contratación y de documentación valiosa sobre la firma dificulta el análisis de la contabilidad. Sin embargo, el informe publicado este miércoles por el órgano fiscalizador concluye que La Granja Desarrolla podría haberse creado para "realizar funciones que le corresponden al ayuntamiento con la finalidad de eludir la aplicación de la normativa". En teoría nació en 2008 con el objetivo de desarrollar suelo industrial y residencial, aunque a través de ella se ejecutaron todo tipo de actuaciones y acabó acumulando una abultada deuda. "Se habría producido, presuntamente de manera consciente, una 'huida del derecho administrativo' a través de la creación de la entidad instrumental", mantiene Antifraude.

La entidad ha dado carpetazo a su investigación sobre el caso con el traslado de todas sus observaciones al Tribunal de Cuentas, que mantiene abierto un procedimiento de reintegro por alcance por importe de 106.937 euros contra el exalcalde Carlos Garrido tras la demanda presentada por su sucesor en el cargo, José Miguel Marín. El importe del 'agujero' denunciado representa un 46% del presupuesto municipal de los ejercicios de 2018 y 2019. Antifraude también ha recomendado al Ayuntamiento de la Granja que pida a la Sindicatura de Comptes una auditoría exhaustiva de las cuentas que están en el punto de mira.

La investigación pone el foco en diversos cheques al portador sin justificar o emitidos antes que las facturas de pago de determinadas obras

Entre las presuntas anomalías contenidas el informe figuran gastos que supuestamente se habrían abonado por duplicado y sobrecostes no acreditados en nueve obras, así como seis cheques al portador por el pago de dietas y gasolina "sin justificante alguno o aprobación del gasto correspondiente", junto con otros que se emitieron antes que las facturas de pago de diversas obras.

Como ejemplo, la investigación señala un presunto exceso de facturación de 9.533 euros en la construcción de un archivador en el ayuntamiento o un sobrecoste no justificado de 21.669 euros en las obras de adecuación de la red de alcantarillado municipal. Por otra parte, una empresa contratista facturó 12.673 euros a La Granja Desarrolla por unas actuaciones de remozado en el colegio público, mientras que la mercantil municipal emitió dos facturas por dicho concepto por casi el doble de esa cantidad. En la obra de instalación del elevador del ayuntamiento, una empresa facturó a La Granja Desarrolla 4.888 euros por la primera certificación y la empresa pública emitió por dicho concepto dos facturas por el doble de dicho importe. Lo mismo ocurrió con la segunda certificación.

Desaparición de documentos

Ante los requerimientos de información de Antifraude, la actual corporación municipal indicó que habían desaparecido los expedientes de contratación realizados por la mercantil por encomienda del equipo de gobierno y que solo podían remitir las facturas de servicios prestados y obras. El equipo de gobierno del PP acusó al liquidador y presidente de la mercantil y anterior alcalde de retirar documentación de la sociedad. Sin embargo, Garrido niega haberse llevado nada y ve "mala fe" en una denuncia que afirma que está "plagada de mentiras y medias verdades".

El exalcalde presentó una solicitud por registro de entrada el 22 de abril de 2021 para recoger los archivos de la empresa, invocando su deber de custodiarlos como representante legal y liquidador de la misma. Dos meses y medio después, asegura que fue citado por el actual alcalde para entregarle la documentación pero la misma no estaba desglosada. "No había una relación clara y no podía saberse lo que me llevaba o no. Tenía que haber nóminas, contratos, correos y documentación en soporte informático que no me estaban facilitando", indica. Al final, firmó un documento indicando que no se le había entregado toda la documentación. Garrido asegura que todos los gastos de la empresa están justificados y mantiene que en la anterior etapa del PP el consistorio "tenía trabajadores que cobraban en negro y no estaban asegurados y no pusimos ninguna denuncia". El exalcalde sostiene que en marzo el gobierno actual repartió "un boletín plagado de mentiras por el pueblo" para "hacer ruido antes de las elecciones y generar alarma".

Antifraude reprocha al exalcalde que no quiso ejercer su potestad de custodiar la documentación de la empresa como liquidador de la misma hasta que se denunciaron las irregularidades, pero también ve "sorprendente" que el ayuntamiento supuestamente entregara los expedientes sin quedarse una copia

En su informe, Antifraude mantiene que el exalcalde "ejerció de manera selectiva su potestad de custodiar la documentación" puesto que desde la liquidación de la sociedad en 2019 no cuestionó que los archivos se conservaran en el ayuntamiento y no pidió que se le entregaran los mismos "hasta que se presentaron las denuncias a la Fiscalía, la propia Agencia y el Tribunal de Cuentas que podían afectarle directamente". La investigacón, en cualquier caso, también considera "sorprendente" que el ayuntamiento entregara la documentación original de la empresa al exalcalde Garrido sin quedarse una copia de la misma, sobre todo teniendo en cuenta que había varias investigaciones en curso.

En sus conclusiones, la Agencia mantiene que la creación de la empresa municipal La Granja Desarrolla "parece que ha supuesto la ausencia de muchos controles y garantías que existen en el derecho público, y se ha obviado a través de este tipo de gestión la búsqueda del interés general que debe regir toda actuación de cualquier administración".

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