El Banco de España propone al Gobierno una reforma del impuesto a la banca para dejar de penalizar el crédito a pymes

Continúan los trabajos discretos de cara a la redefinición del impuesto a la banca, que PSOE y Sumar pactaron en su acuerdo de coalición "readaptar y mantener" pese a que inicialmente solo iba a estar en vigor dos años. El Banco de España ha hecho llegar al Gobierno a través de contactos informales una serie de propuestas de reforma para tratar de eliminar los aspectos del gravamen que considera más perniciosos, según confirman fuentes del Ejecutivo. Una de sus principales sugerencias consiste en cambiar la base imponible para que el tributo deje de penalizar a los bancos más centrados en conceder créditos a las pymes. Según el análisis del supervisor, estas entidades se ven perjudicadas por la actual definición del impuesto frente a aquellas en las que tienen más peso las hipotecas.

El actual impuesto -en realidad una "prestación patrimonial de carácter público no tributario"- se calcula sobre la suma del margen de intereses de las entidades (intereses cobrados por los créditos menos los pagados por los depósitos) más las comisiones netas (cobradas menos pagadas). El Banco de España estima que ello perjudica a los bancos más centrados en las pymes: es un negocio que les aporta un mayor margen de intereses por tener los créditos unos tipos más elevados que las hipotecas, pero que también obliga a las entidades a reservar mayores provisiones para afrontar futuras pérdidas ya que el riesgo de impago es más elevado en las pequeñas y medianas empresas que en los créditos para compra de vivienda, en los que el propio inmueble sirve de garantía.

Por ello, el organismo supervisor ha propuesto al Ejecutivo que las provisiones se integren en la base imponible, restándose de la cifra de ingresos obtenida por la suma del margen de intereses y las comisiones. No se trata de reducir la recaudación que recibirán las arcas públicas. De hecho, se podría mantener en el nivel actual, por ejemplo elevando el tipo de gravamen (actualmente el 4,8% de la base imponible). El objetivo del Banco de España, en cambio, es que el impuesto no discrimine entre los distintos modelos de negocio, ya que ha comprobado que ahora se penaliza a los bancos de pymes (como Sabadell o Bankinter) frente a los más centrados en hipotecas (como Ibercaja o Unicaja).

Más cambios

Otra de las propuestas que la institución ha hecho llegar al Ejecutivo es que todas las entidades con negocio en España estén obligadas a pagar el impuesto, y no solo las grandes. Así, actualmente deben abonarlo los bancos que obtuvieron una suma intereses y comisiones en el país igual a superior a 800 millones de euros en 2019. Ello ha dejado fuera a entidades como ING o las cajas rurales. El Banco de España estima que supone una discriminación que perjudica la competencia en igualdad de condiciones en el mercado. 

Asimismo, el supervisor ha planteado al Gobierno que se elimine la prohibición de que el coste del impuesto pueda ser repercutido al cliente. En un reciente informe, el Banco de España apuntó que no ha visto evidencias de que dicho traslado se haya producido, si bien también indicó que es muy difícil de comprobar. De producirse el traslado, además, estima que sería de una cuantía mínima, dada la dimensión del impuesto, por lo que considera más conveniente retirarlo. Como con las otras recomendaciones, está en línea con las advertencias que ya lanzó el Banco Central Europeo (BCE) respecto al tributo en noviembre de 2022, cuando recordó que espera que las entidades "reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales".

Públicamente, el Banco de España solo ha defendido que se siga el modelo italiano en la reforma del impuesto. En una reciente entrevista a El Periódico, del mismo grupo editorial, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, confirmó que así se lo había trasladado al Gobierno. "En el caso de que el Parlamento español decidiera mantener como permanente el impuesto, una manera de aliviar la preocupación que suscita para la estabilidad financiera podría ser dar a los bancos la posibilidad de que se deduzcan las aportaciones adicionales a reservas o a capital. Básicamente, estaríamos generando un incentivo a la acumulación de capital y por tanto a aumentar la resiliencia del sector bancario. Esto es lo que se ha hecho en el caso italiano y sería una manera de hacer compatible esa medida con reforzar la situación de solvencia del sector", argumentó. 

Disparidad en el Gobierno

Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo descartó poco después: "Vamos a diseñar el impuesto para que las entidades financieras también contribuyan a la financiación de los servicios públicos, no a que puedan pasar mejor el test de estrés". Por su parte, el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha propuesto al ala socialista del Ejecutivo no solo hacerlo "permanente", sino que ello sea el primer paso para "aumentarlo" posteriormente. El gravamen aportó a las arcas públicas 1.214 millones de euros en 2023 y previsiblemente la recaudación este ejercicio será mayor, dada la mejora de los ingresos del sector. 

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está siendo más cauto. "Hacia adelante, el hecho de que estas medidas se hagan permanentes o no (en referencia también al impuesto a las energéticas) tendrá que incorporar elementos adicionales de política económica", apuntó hace unos días en 'La Sexta'. Desde su departamento se apunta que se tiene que incorporar en el análisis las implicaciones que el cambio de ciclo de la política monetaria tendrá en las cuentas de las entidades, ya que el BCE tiene previsto comenzar a bajar los tipos oficiales en junio. Las sugerencias del Banco de España se interpretan en el marco de su misión de preservar la estabilidad financiera, pero se precisa que el Gobierno tiene que tener una visión más amplia de los intereses generales. 

Desde la banca, por su parte, se sostiene que Cuerpo se ha mostrado dispuesto a escuchar las opiniones del sector antes de extender el impuesto y que el asunto "se está llevando con mucho sigilo", si bien las fuentes precisan que no existe ninguna negociación y dudan que se vaya a producir como tal. El sector, que ha recurrido el impuesto en los tribunales, considera que el Gobierno debería atender las sugerencias del Banco de España. Y en cualquier caso, se confía en que finalmente su extensión no salga adelante, gracias a que el Ejecutivo necesita para ello el apoyo parlamentario de partidos conservadores como PNV y Junts. El desenlace no se espera rápido: el impuesto de 2024 se pagaría en 2025, con lo que el Gobierno tiene margen hasta final de año, y en los próximos meses se celebrarán elecciones en el País Vasco y Catalunya, lo que complica las negociaciones políticas a corto plazo.

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