Acelerón para poner en el mercado casas turísticas antes de la nueva ley

La proliferación de viviendas de uso turístico o vacacionales es un fenómeno generalizado a nivel global, especialmente significativo en toda Europa. Pero en el caso de Canarias, los datos son concluyentes. Entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2023 el número de viviendas vacacionales oficialmente registradas se incrementó en un 25,7%, pasando de 38.603 a 48.541 en el Archipiélago.

Este crecimiento ha aumentado de forma exponencial en los últimos cuatro meses, coincidiendo con la intención del Gobierno de regular la vivienda vacacional. Según consta en el Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, que está en exposición pública, los datos -a 25 de marzo de 2024- indican que ya hay 53.938 viviendas vacacionales con 220.409 camas, es decir, supone que 5.397 inmuebles se han puesto en el mercado del alquiler vacacional en tan solo cuatro meses -más de la mitad que en todo un año-. O lo que es lo mismo, 1.485 viviendas al mes se han registrado para el uso turístico, a un ritmo de 45 casas diarias. 

Los propietarios están acelerando ante las restricciones para acceder a este mercado que plantea la nueva norma, que tiene en marcha el Gobierno, para regular las viviendas vacacionales ante la emergencia habitacional de Canarias. Hasta ahora solo es necesario una declaración responsable para gestionar una vivienda vacacional, pero con la futura ley tendrá que acompañarse, como actividad clasificada, de una memoria técnica, una cédula urbanística y, en su caso, un documento que acredite que cumple con lo que establece la Ley de Propiedad Horizontal. 

Personas jurídicas

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró ayer que existen en Canarias personas jurídicas que poseen «200, 300, 400 o 500» viviendas vacacionales y que son tanto canarias como nacionales o foráneas.

De hecho, el informe elaborado por el Observatorio Turístico de Canarias, denominado Distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias, que ha servido como una de las fuentes para la elaboración de este anteproyecto de ley, indica que, a octubre del año pasado, existían 28.560 propietarios de inmuebles que albergaban a turistas. La gran mayoría, el 71%, son personas físicas, y el resto empresas. El 50% de las plazas de vivienda vacacional corresponden al 79% de propietarios que tienen una sola vivienda. Y en el 50% restante, el 25,5% de los propietarios tienen de dos a cuatro viviendas, el 9,6% de cinco a nueve viviendas y hay un 2% que gestiona más de 100. 

Rodríguez asegura que, mediante este anteproyecto de ley, una de las prohibiciones tajantes va a ser la creación de edificios íntegros destinados a la explotación para vivienda vacacional.

Frente a la futura ley se posiciona totalmente en contra la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), que ha llevado a los tribunales a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, por «negarse a facilitar la documentación relativa a las más de 5.000 alegaciones que se presentaron en la consulta pública previa». Esta demanda ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Según la Asociación de propietarios, pidieron una copia de las alegaciones, en base a la Ley de Transparencia. La Consejería negó el acceso, afirman, esgrimiendo que no disponían de medios suficientes para realizar «tareas de anonimización de las citadas aportaciones». Para la Asociación, las alegaciones se presentaron por la ciudadanía a través de internet, distinguiéndose separadamente los campos de «nombre y apellido», con lo que era muy sencillo filtrar tan solo el contenido -que era lo que se solicitaba- obviando los datos personales. Pero, en su opinión, «lo que es más grave» es que el Gobierno de Canarias ha ocultado a la ciudadanía que más del 70% de las alegaciones que se presentaron en la consulta pública fueron en contra de la futura Ley. 

El director general Miguel Ángel Rodríguez responde al respecto que la Asociación «ha faltado a la verdad» en su demanda y que el proyecto de ley de alquiler vacacional no se retrasará «ni un minuto». Sostiene que ha habido una «transparencia ejemplar», pero cuando pidieron la documentación aún estaban estudiando las alegaciones. De hecho, el informe final está en exposición pública y ha sido remitido a la Sala de lo Contencioso del TSJC, remarca.

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