El ruido, un problema «enquistado» en Las Palmas de Gran Canaria y Telde

Los vecinos de la calle Joaquín Costa, en Las Palmas de Gran Canaria, llevaban años quejándose a la Policía Local y al Ayuntamiento de los ruidos que provocaban las terrazas y locales de ocio nocturno situados bajo sus viviendas. Llevaron la situación a los tribunales y el pasado enero la concejalía de Urbanismo se vio obligada -tras perder el proceso judicial- a tomar una medida drástica -desde el punto de vista de los negocios- que sigue hoy vigente. Todos los establecimientos deben recoger las mesas y sillas a las 10 de la noche, de lunes a domingo, a diferencia de lo que ocurre en otras partes de la ciudad, donde el horario es más prolongado, especialmente los fines de semana.

Este conflicto entre vecinos, empresarios y Ayuntamiento es tan solo la punta del iceberg de la compleja situación que vive la capital o Telde, donde también ha habido problemas con el ocio. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, señaló hace dos semanas en una entrevista en la Cadena Ser que la imagen de bares y restaurantes recogiendo sus terrazas a las 10 de la noche «no es lo que quiero para la ciudad». La conciliación entre las partes en la última década ha puesto en jaque al Carnaval en la calle, iniciativas culturales y zonas de ocio, todo pese a que la capital se defiende como el gran destino turístico urbano del Archipiélago. No obstante, lo cierto es que el problema de la contaminación acústica va más allá.

Juan Manuel Caballero: «Los efectos psicológicos del ruido no están cuantificados ni regulados»

Según datos arrojados por el Mapa de Ruido de Las Palmas de Gran Canaria -aprobado en el pasado mandato-, el 35,8% de la población de la capital está afectada por niveles de contaminación acústica por encima de lo permitido en horario diurno. Por las tardes esta cifra se reduce al 27,4% y es por las noches cuando un mayor número de vecinos se ven perjudicados por este fenómeno: el 59,3%. El tráfico es el principal causante, con el foco puesto en vías como la Avenida Marítima, Bravo Murillo, Mesa y López y calles aledañas, Mario César o Juan Carlos I. Las zonas industriales serían un foco secundario, principalmente el Puerto.

La letrada Yomara García señala que las terrazas de bares y restaurantes son «incompatibles» con tener una vivienda encima

La abogada Yomara García Viera, presidenta de Juristas contra el Ruido, señala que estos parámetros que tienen en cuenta estos mapas de ruido son insuficientes. «Hay que hacer una foto de cómo están las ciudades y ver todas las fuentes posibles de contaminación acústica», resalta, «se debe hacer un diagnóstico en el que no solo se incluya el tráfico». La experta señala que deberían contemplarse variables como el comercio o la propia convivencia ciudadana; con el objetivo de resolver «un problema que afecta gravemente a la salud».

Ese diagnóstico debe dotarse de planes de acción y «de presupuesto para poder implementarlos, de otra manera, el mapa de ruido no sirve para nada, es simplemente un mapa de colores». Para esto, indica, todas las partes implicadas deberían tener en cuenta «la variable acústica», un aspecto que a su juicio, hasta ahora no se ha valorado como se debería en el proceso de diseño urbano. «Tenemos un parque de viviendas muy antiguo y las nuevas edificaciones tienen que tener en cuenta el ruido», subraya.

«Debe haber voluntad política, aplicar las normas e introducirlas desde un principio en cualquier diseño urbano», precisa, «si no consideramos el ruido en un primer momento, reducirlo posteriormente implica grandes esfuerzos y se hace más complicado». En este sentido, señala que «a veces es tan sencillo como cumplir las normativas». Claro que, ¿en qué punto está la normativa vigente en Las Palmas de Gran Canaria?

Una ordenanza de hace 21 años

La ordenanza municipal de protección del medioambiente frente a ruidos y vibraciones vigente en la actualidad data del año 2002, de hace 21 años. Todas las partes, incluido el propio Ayuntamiento capitalino, reconocen que se encuentra desfasada. Tal es así, que las sanciones que estipula están reflejadas en pesetas y no en euros. Según fuentes municipales, la concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, que dirige Gemma Martínez Soliño, se encuentra desarrollando el borrador de la nueva normativa, que permitirá ampliar y poner al día el control de este tipo de situaciones en la ciudad.

La normativa establece unos niveles de decibelios permitidos tanto en el interior como en el exterior de los edificios, con unos umbrales más restrictivos que, por ejemplo, en Telde. La ordenanza tiene en cuenta variables como el tipo de suelo en el que se encuentra el foco de emisión de ruido en función de si es industrial, residencial, comercial o si hay cercanía con centros educativos o sanitarios. Áreas estas últimas que en el Mapa del Ruido se ven reflejadas como puntos vulnerables por aglutinar a colectivos -niños y personas enfermas- especialmente sensibles.

En interiores, los umbrales de decibelios ponderados (dba) máximos varían entre los 25 de las habitaciones de centros sanitarios de noche a los 50 de las zonas comunes de un edificio durante el día. En cuanto a los exteriores, las zonas más restrictivas coinciden y es en áreas industriales donde hay una mayor flexibilidad, en este caso se pueden alcanzar hasta los 70 dba durante el horario diurno.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá modificar de manera excepcional estas restricciones, con carácter temporal y en determinadas vías y zonas donde así lo estipulen. Siempre en caso de actos de especial proyección oficial o cultural. Por ejemplo, los fuegos de la noche de San Juan. Aunque no especifica los decibelios que pueden llegar alcanzarse.

Fundido a negro de la música en vivo en Las Palmas de Gran Canaria

Si bien la normativa establece limitaciones relativas al ocio y la hostelería, no existe una restricción específica para las terrazas al aire libre. Y es que el número de bares y restaurantes que ocupan un espacio en la vía pública era infinitamente menor hace 21 años, cuando entró en vigor la actual ordenanza. Buena parte de las zonas peatonales donde hoy se despliegan, como las calles Mendizábal o Ruiz de Alda, entre otras, ni siquiera existían.

Mesa de diálogo

Los conflictos por el ruido generado por terrazas se han sucedido tanto en la zona de Joaquín Costa, como en la plazoleta Farray -en este caso principalmente por un local de ocio nocturno que arrastra un amplio historial-, el paseo de Las Canteras con el fin de la iniciativa de música en directo Ruta Playa Viva y Vegueta, donde iniciativas como los jueves de pinchos han muerto. La alcaldesa Darias señaló en la Ser que la ciudad «debe ser capaz de hacer una mesa de diálogo» para superar estas situaciones.

«La judicialización es el fracaso del diálogo y es importante retomarlo», apuntó en referencia a lo ocurrido en Joaquín Costa, pero también a las sentencias que pesan sobre el Carnaval y otras fiestas. «Me he comprometido en hacer una experiencia piloto, tanto con el sector de la restauración como con los vecinos y vecinas afectadas», precisó Darias y matizó que «es verdad que quienes tienen esos negocios deben poner las medidas suficientes para causar la menor molestia posible. También los clientes. Entre todos tenemos que poner para que esta ciudad sea viva y ese ocio pueda darse en mejores condiciones».

Darias anunció que los concejales de las áreas implicadas «ya están en esta tarea» y pretenden poner en marcha esa experiencia «en una zona concreta y si funciona bien lo extenderemos». Por el momento, el Consistorio hace tareas de seguimiento en Joaquín Costa, pese al rechazo de las medidas por parte los empresarios. Del 16 de mayo al 25 de septiembre la Policía Local acudió a la zona hasta en cuatro ocasiones, dos por ruidos y otras dos por incumplimiento de la ordenanza al no tener recogidas las terrazas dentro del horario. 

El Diputado del Común registra en menos de dos años quejas por ruidos procedentes de bares, supermercados y hasta de una peluquería canina

En lo que va de año el servicio de Actividades Clasificadas, dependiente de Urbanismo, ha interpuesto un total de 210 denuncias a locales de todo tipo de las cuales 107 han sido por molestias. De estas, a 47 se les ha abierto un expediente sancionador, aunque fuentes municipales resaltan que no todas acaban en sanción. Entre los casos, hay además de establecimientos de ocio, desde una guardería canina, a una residencia sociosanitaria, una granja de gallinas, centros de formación y numerosas viviendas vacacionales. Un fenómeno este último que trae de cabeza a los vecinos de esos edificios, dado que tienen que soportar a cualquier hora la entrada y salida de maletas o fiestas.

La Policía Local cuenta con una treintena de agentes con formación para tomar muestras de ruido, distribuidos estos entre la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) en horario diurno y la Unidad Especial - GOIA en nocturno. No obstante, la abogada Yomara García Viera alerta de que en el servicio de Actividades Clasificadas «solo hay dos técnicos municipales inspeccionando todos los casos y no dan abasto». 

La letrada de Juristas contra el Ruido fue la encargada de defender a vecinos de Vegueta en los tres casos en los que los tribunales les han dado la razón: Carnaval de Día, Oktober Fest y Fin de año de verano. También llevó el caso de los vecinos de Simón Bolívar, con quienes el Ayuntamiento ha estado negociando cada año desde 2015 -cuando salió la sentencia firme- para poder celebrar en la zona de Santa Catalina las noches de Carnaval. Se les ha ofrecido noches de hotel o insonorizaciones.

Descontento carnavalero

Tras la pandemia y la vuelta a la normalidad, estos vecinos se negaron a seguir negociando, por lo que las noches de Carnaval tuvieron que trasladarse al Rincón, con el consiguiente descontento de los carnavaleros. En cualquier caso, García Viera resalta que por encima de todo están «el derecho al descanso y a la inviolabilidad del domicilio», incluso, se posiciona en contra del argumento de la creación de puestos de trabajo a través del ocio, «en el nombre de la economía no se puede enfermar a los ciudadanos».

García Viera señala que las terrazas de bares y restaurantes son «incompatibles» con el uso residencial de una vivienda. Pone de ejemplo una paciente oncológica, vecina de la capital, que tiene denunciado al local que tiene bajo su casa por molestias, también durante el día; «les están torturando y encima no pueden atravesar una enfermedad con paz en sus viviendas».

Alejandro Negrín, presidente de la asociación del ocio nocturno, resalta que se deben «buscar nuevos modelos de restauración y ocio nocturno que permitan conciliar el descanso vecinal». El empresario denuncia que en la capital «hay demasiados problemas que se han enquistado», en parte porque «el Ayuntamiento no ha sabido sentarse a tiempo con todos estos vecinos que se quejan de las molestias por ruidos».

Negrín asegura que hay zonas de la ciudad con una «masificación» de licencias de restauración que estarían agravando el problema. Pone el caso de Joaquín Costa, «prolongaron mucho la ampliación de horarios; se los dije a los empresarios, van a perder la sentencia porque la zona está saturada». Ahora hosteleros y Ayuntamiento deben pagar una multa que en conjunto asciende «a unos 800.000 euros». Apela al consenso, pero en todo caso matiza que «yo tengo que respetar el descanso pero también ellos entender que tienen una actividad laboral a sus pies».

El empresario, pese a que pone en entredicho la celebración de actos masivos en Vegueta, «a nadie le gusta que hagan pis en el casco histórico; puntualmente se pueden hacer actos lúdico-festivos», sí se declara «intransigente» con la defensa del Carnaval en Santa Catalina. «Se lo he dicho a la presidenta de la comunidad de vecinos de Simón Bolívar, la fiesta estaba allí antes de hacerse el edificio», resalta. De hecho, incide, «la ley sectorial de Canarias da protección a las fiestas populares para evitar estos problemas». Apunta que existen medidas correctoras contra el ruido.

José Moma, propietario del local NC Taxi, en la playa de Las Canteras, señala que debe haber «conciliación, diálogo y regulación». Denuncia que en septiembre de 2018 el Ayuntamiento aprobó por unanimidad crear una mesa del ocio, «cinco años después no ha habido nada al respecto». Como promotor de la iniciativa de música en directo Ruta Playa Viva, alerta de la ausencia de «una parte mediadora, que es el Consistorio», y que «en realidad vamos hacia una ciudad muerta de cultura y ocio y con los vecinos cabreados».

Así murió la Ruta Playa Viva

Esta es una problemática que se extiende por toda la Isla, el Diputado del Común recibió el año pasado un total de ocho quejas por ruidos interpuestas por vecinos de Gran Canaria, a las que habría que sumar cinco en lo que va de 2023. ¿El origen? Principalmente locales de restauración y copas, pero también supermercados, una peluquería canina, un gimnasio y un campo de fútbol. Yomara García Viera recalca que las causas de la contaminación acústica son muchas, aunque muchas como las referentes a compresores o aparatos de refrigeración «son fáciles de resolver». Incluso, asegura que le han llegado denuncias a carnicerías por los golpes con el machete a la hora de despiezar las carnes.

El panadero de La Herradura

En Telde hará uno diez años que un grupo de vecinos decidió organizarse en la Plataforma unidos contra el ruido. «Costaba muchísimo denunciar y al final éramos varios que de tanto vernos en el Ayuntamiento decidimos unirnos», cuenta Carmen Rodríguez, vecina del teldense barrio de Las Remudas y miembro de la asociación. «Intentamos asesorar a los afectados y solidarizarnos», además, «al final la vía legal no todo el mundo se la puede permitir». Contabiliza casos en Jinámar, San Gregorio o La Herradura, donde lograron que el panadero dejara de anunciar a voces su presencia.

Rodríguez relata que en su caso, «me vi obligada a cambiar de residencia, renuncié a un trabajo puesto que me era imposible descansar a cualquier hora, el escándalo era tal que pese a tener la casa insonorizada me vibraba a través del suelo». El cambio de dueño del local que tenía debajo de su casa ha hecho que su problema se haya solucionado, pero el suyo es ejemplo del de tantos otros, «es una cuestión de civismo, con este no te enteras ni de la gente que come en la terraza».

Fuentes cercanas a la Policía Local de Telde reseñan que los problemas en los últimos años han estado centrados en locales de ocio de la zona comercial de San Gregorio y también con algunas terrazas en La Garita. El tuning en uno de los aparcamientos de La Mareta, otrora un grave problema de convivencia, y no solo por los ruidos, afirman que se ha erradicado.

Uno de los problemas que la plataforma veía era la antigüedad de la ordenanza de ruidos, de 1998. Actualmente Telde cuenta con una nueva normativa que entró en vigor en 2021. A diferencia del documento de la capital grancanaria, en este caso sí hace mención explícita a las terrazas al aire libre. Además, desarrolla el concepto de zonas acústicamente saturadas (zas), una figura destinada a zonas de ocio con numerosos locales que se aplica en caso de sobrepasar los límites de manera reiterada durante tres semanas consecutivas. La norma contempla incluso la retirada de licencias.

En cuanto a los límites de decibelios ponderados, en Telde son superiores a los permitidos en Las Palmas de Gran Canaria. En zonas residenciales pueden alcanzarse los 65 dba, en comerciales los 70 dba y en industriales los 75. Establece multas de 600 a 15.000 euros en función de la gravedad de la infracción. 

Además del tráfico que soporta la autopista del Sur (GC-1), la ciudad de los Faycanes tiene un problema añadido: el aeropuerto. Al menos para los vecinos de sus barrios más periféricos. Aena insonorizó el año pasado 163 viviendas en este municipio; no obstante, en Agüimes fueron 60 y en Ingenio 393 casas.

Suscríbete para seguir leyendo