El precio de los alquileres está por las nubes y cada vez es más difícil encontrar una vivienda a precios asequibles, sobre todo para las familias más vulnerables y con salarios más bajos. Lo que más temen las personas que viven de alquiler en la renovación del contrato cada año es cuánto le subirá la cuota mensual con el IPC.
Desde el pasado mes de mayo está en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda, que incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda. Esta normativa, aprobada en el anterior gobierno de Pedro Sánchez, ofrece a las comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas para contener o reducir el precio del alquiler y aumentar el parque de vivienda en alquiler social.
Uno de los aspectos más comentados de la Ley por el Derecho a la Vivienda es el límite al precio del alquiler. Al respecto la Ley Establece lo siguiente:
- Beneficios fiscales o urbanísticos para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido.
- Declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un período prorrogable de 3 años para poder aplicar medidas de reducción del alquiler.
- Incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante 2024.
- A partir de 2025, se tendrá en consideración un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del IPC que evite incrementos desproporcionados en la renta.
En las zonas declaradas como tensionadas, como es el caso de las zonas turísticas y de las capitales:
- Posibilidad de prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras la finalización del contrato.
- En nuevos contratos a nuevos inquilinos, limitación del alquiler a la renta del contrato anterior.
- Posibilidad de aplicar los límites de los sistemas de índices de precios de referencia también a las viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos 5 años.
Asimismo, se establece la posibilidad de aprobar sistemas de índices de precios de referencia por ámbitos territoriales estableciendo una base de datos de contratos de alquiler para realizar seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.
¿Cómo se evitan los desahucios?
La Ley por el Derecho a la Vivienda aborda también los desahucios y propone mejoras para garantizar una comunicación efectiva entre el órgano judicial y los servicios sociales que logre, así, una atención rápida a las personas en situación de vulnerabilidad.
Además, aboga por soluciones habitacionales para los afectados y, mientras estas soluciones llegan, se deberán ampliar los plazos de suspensión de los lanzamientos.
Otro de los aspectos que aborda la citada legislación es que cuando el demandante del desahucio sea un "gran tenedor" y la demanda de desahucio afecte a personas vulnerables, deberá acreditarse la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación.
¿Cuál será la subida del alquiler con el IPC?
El IPC previsto para 2024 es del 3,8, como consecuencia del cálculo del IPC medio en el periodo comprendido entre diciembre 2022 y noviembre de 2023.
Si el arrendatario tiene en su contrato la subida del precio anual del alquiler según el IPC, este debería ser del 3,8. De ese modo, para un arrendamiento de una vivienda con una mensualidad de 700 euros, la cuota a pagar se quedaría en 726,6 euros mensuales en 2024.
Sin embargo, como es de aplicación lo establecido en la Ley por el Derecho a la Vivienda, en el sentido de que el incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante 2024, el arrendador solo podrá aplicar como máximo ese porcentaje. En ese caso, para un aumento del 3%, la cuota de alquiler de 700 euros pasaría a un máximo de 721 euros al mes.
