Juicio por coacciones en Fuerteventura: piden la absolución de un guardia civil y su esposa

Este martes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgó a un guardia civil destinado en Fuerteventura y a su esposa, acusados de coaccionar a una mujer para que retirara una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Sin embargo, el fiscal José Antonio Díez ha solicitado la libre absolución de ambos al considerar que, según el resultado de la prueba, los hechos nunca debieron llegar a juicio.

La denuncia se remonta al 5 de abril de 2017, cuando J.C.G., una ciudadana extranjera, acusó a su empleadora en aquel entonces, M.A.H.M., ante la Inspección de Trabajo. La denuncia alegaba que la mujer estaba trabajando sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social en el negocio de la acusada, donde desempeñaba funciones de encargada en un quiosco del mercadillo del municipio de Pájara en Fuerteventura, desde 2014 hasta 2017.

Argumentos a favor de la absolución

Al día siguiente de la denuncia, cuando la empleada intentó regresar a su puesto de trabajo, la acusada no le permitió incorporarse, lo que llevó a la denunciante a llamar a la Guardia Civil. Según el fiscal, esta llamada a las autoridades es un elemento clave en el caso. Durante sus conclusiones, el fiscal Díez afirmó: "No hay duda de que la empleada, después de denunciar ante la Inspección, quiso seguir trabajando y fue ella misma quien llamó a la Guardia Civil".

La denunciante alegó que el guardia civil la había coaccionado y amenazado con denunciarla para que fuera expulsada de España, ya que se encontraba en situación irregular en el país. Sin embargo, el fiscal destacó que no existen pruebas de que el acusado haya tomado represalias o abusado de su cargo. Tanto los testigos de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, que declararon durante el juicio, coincidieron en que no se habían cometido irregularidades y negaron haber favorecido al guardia civil acusado.

Versiones divergentes

La acusación particular, representada por una abogada, trató de demostrar durante el juicio la existencia de coacciones. A diferencia del fiscal, que pidió la absolución de los acusados, la acusación solicitó una condena de un año de prisión para el guardia civil y tres años para su esposa, además de una multa de seis meses con una cuota diaria de 15 euros.

La esposa del guardia civil, fue multada anteriormente con 10.024 euros por tener a la denunciante empleada sin estar dada de alta en la Seguridad Social, aunque ya ha satisfecho dicha cantidad.