| Chequeo. Toda la documentación sobre ayudas y adelantos que se han podido dar por parte de las administraciones públicas deberá ser examinada ahora con detenimiento, para ver si efectivamente se han pagado de más las cantidades citadas de 350.000 euros. La Fiscalía, en su escrito de calificaciones, pide que las indemnizaciones sean abonadas por el único acusado de ser el autor material del incendio, y subsidiariamente por Gesplan (Gobierno regional) y el Cabildo de Gran Canaria.
| Reclamaciones. En el caso de que se confirme que se han pagado daños sin justificar, la administración pública podrá reclamar la devolución de las cantidades.
