El personal del Cabildo de Gran Canaria reiteró ayer sus quejas por el régimen laboral que ha establecido el gobierno insular de Antonio Morales y que obliga a acudir a sus puestos a empleados que, a su juicio, no tienen ninguna labor importante que hacer o que podrían realizar desde sus casas. Trabajadores de la institución también criticaron que el teletrabajo es mínimo porque hasta el martes no se empezó a hacer la encuesta entre el personal para conocer los equipos informáticos de que disponen en sus viviendas.

Tras la protesta del pasado lunes en el patio de la Casa Palacio por tener que ir a trabajar cuando en el resto de las administraciones públicas ya se habían decretado normas para hacerlo desde casa, representantes sindicales insistieron ayer en que todavía no existen unas directrices comunes para todo el personal del Cabildo y consideraron que cada consejería "hace la guerra por su cuenta", lo que genera "agravios comparativos entre los empleados y un riesgo de contagio innecesario".

Así, en departamentos que no son esenciales en la lucha contra el coronavirus, como Política Territorial o Función Pública, hubo ayer decenas de trabajadores sin un cometido claro, unos con un horario reducido de cuatro horas y otros con las siete horas habituales, mientras que en otras áreas solo acudieron el consejero, el jefe de servicio y uno o dos empleados.

Según los mismos portavoces, entre los propios jefes de servicio existe "malestar" porque se deja en sus manos las decisiones de tipo laboral que deberían tomar los políticos o el departamento de recursos humanos. Uno de los jefes de servicio consultados por este periódico admitió que "existe un caos organizativo" y otro aseguró que a partir del lunes ya se podrá teletrabajar.

Los representantes de los trabajadores y los portavoces de los grupos de la oposición lamentaron que el gobierno tripartito de Morales haya tenido que emitir hasta tres decretos de medidas organizativas extraordinarias y todavía una gran parte de la plantilla siga obligada a acudir a su puesto de trabajo.

El lunes por la mañana, cuando ya había entrado en vigor el decreto del estado de alarma del presidente Pedro Sánchez, unos 400 empleados del Cabildo no acudieron a su puesto y alegaron miedo al contagio o deberes inexcusables de tipo familiar. Los que sí fueron a trabajar realizaron una sonora protesta en el patio interior del Cabildo. El propio presidente Morales había hecho un llamamiento a la población durante el fin de semana para que se quedase en casa.

El viernes 13 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, la consejera insular de Función Pública, Margarita González, emitió un decreto donde se recogían las medidas temporales a adoptar con motivo de la evolución del Covid-19. Entre otras, dispuso "la flexibilización de la jornada y utilización de modalidades no presenciales de trabajo o cualquier otra medida excepcional que evite el posible riesgo del personal"; priorizar la atención telefónica y por medios electrónicos; el control de aforo en las dependencias del Cabildo; o evitar las reuniones en la medida de lo posible y la permanencia en espacios cerrados en las que no sea viable mantener la distancia mínima recomendada.

El lunes 16, después de la rebelión de los trabajadores, el presidente Morales firmó, aún de puño y letra, un decreto con la segunda instrucción de medidas organizativas excepcionales. Con una vigencia de solo 48 horas, se establecieron los departamentos de servicios esenciales en los que se obligaba a asistir a la totalidad de sus trabajadores: Política Social, Hogares y centros de menores; Casas de acogida de la mujer; técnicos de Medio Ambiente, Cecopin, Consorcio de Emergencias, extinción de incendios y Centro de recuperación de fauna silvestre; conservación de carreteras; mataderos; IASS ( centros de mayores) y Consejo Insular de Aguas.

El miércoles 18, ya con firma electrónica, Morales dictó el decreto definitivo de siete páginas y 13 disposiciones, que en algunos puntos ha levantado las suspicacias de los altos funcionarios porque deja en sus manos las decisiones más críticas respecto al personal.

En referencia al personal, establece que "debe asistir como servicios mínimos de manera presencial a los centros y dependencias oficiales a las que se encuentra adscrito, con el ánimo de proteger la salud de los usuarios de los servicios públicos y de los empleados públicos y, al mismo tiempo, mantener operativos los servicios públicos". Y añade que "los responsables de los referidos órganos, servicios y unidades adoptarán las oportunas instrucciones y comunicarán al personal a su cargo la determinación de las personas que hayan de prestar servicios de forma presencial, así como el régimen de turnos adoptado, en su caso".

Para el sindicato Sepca, ese decreto presenta numerosas dudas, entre ellas, cómo se computará el fichaje durante la vigencia del estado de alarma, ya que ni de forma presencial ni con teletrabajo se podrá demostrar las siete horas de presencia en el trabajo. Tampoco conoce quiénes y cuándo podrán comenzar con el teletrabajo y se pregunta para qué se requiere su presencia física en la oficina, con riesgo de contagiar y ser contagiados, si los plazos están suspendidos y los expedientes estarán parados porque dependen de la documentación de otros compañeros o administraciones.

Los portavoces de los tres grupos de la oposición, Marco Aurelio Pérez (PP), José Miguel Bravo de Laguna (Unidos-CC) y Ruymán Santana (Ciudadanos) también lamentaron la actitud del gobierno, pero no quieren hacer un uso partidista de ese asunto hasta que se supere la crisis.