La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Cecilia López, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, así como contra varios concejales y trabajadores municipales. La jueza hizo suyos los argumentos del Ministerio Fiscal que el pasado mes de marzo solicitó el archivo del procedimiento.
Según el auto de la magistrada (que no es firme), la investigación se incoa tras una denuncia de la Fiscalía en la que puso de manifiesto las «irregularidades» que existían en el Ayuntamiento con respecto al repostaje de gasolina mediante el uso de vales con diversos importes. Todos estos eran en una sola estación de gasolina del municipio y con el fin de repostar carburante sufragado con fondos públicos.
En la causa figuraban como investigados tanto el alcalde como otras 18 personas, entre las que se encontraba la secretaria general del Ayuntamiento, el interventor, el exalcalde Francisco Sánchez y concejales de varios mandatos y de diversos partidos políticos. Además del exedil socialista y director general de Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias, Víctor Navarro. Esto, tras la denuncia interpuesta por una exsecretaria del alcalde y dos agentes de la Policía Local.
El ministerio público investigó al regidor y 18 personas más por vales de repostaje de gasolina
La jueza resalta en el documento que, de las diligencias practicadas, «no queda suficientemente acreditada la comisión de los delitos investigados». Por lo tanto, ordena el sobreseimiento provisional y archivo de la causa tras reproducir «los argumentos de la expuestos por el ministerio público en su detallado y exhaustivo informe».
Uno de los delitos que investigó la Fiscalía era el de malversación. Sin embargo, el auto revela que existía un acuerdo desde 1990 con la estación de servicio en el que se rellenaba un vale con los datos del repostaje y usuario que después presentaba la gasolinera con una factura al Consistorio. Por tanto, según se desprende de la investigación, no ha podido acreditarse el uso particular en los vales de combustible aunque señala que existía una «falta de control en el uso y disfrute» de estos.
Respecto al delito de falsedad documental, la jueza destaca que no se comprobó que la secretaria del Ayuntamiento desde 2016 y el interventor hayan «faltado a la verdad de forma deliberada y consciente». Respecto a Francisco Atta, la magistrada resalta que desde 2015 se delegó mediante un decreto la función de reparto de vales en los concejales de las diversas áreas.
