El recurso de los arquitectos paraliza el concurso sobre el uso del mamotreto

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha decidido renunciar al procedimiento de contratación para la redacción del proyecto básico de ordenación del mamotreto tras el recurso contencioso presentado por el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria que denunció que se lesionaban los intereses del colectivo por lo que pidió la suspensión de la licitación. El grupo de gobierno que dirige Miguel Jorge Blanco emitió el pasado miércoles una resolución desistiendo de este proceso de licitación dada "la posible vulneración de las normas contenidas en el artículo 1 de la Ley de Contratación del Sector Público sobre los principios de libertad de acceso a las licitaciones, la no discriminación y la igualdad de trato entre los licitadores, con el fin de salvaguardar el interés público de los efectos que pueden devenir de esta contratación».

El Colegio de Arquitectos de Gran Canaria denunció el pasado 6 de febrero ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria que la licitación que ha publicado el Ayuntamiento de Santa Brígida en la Plataforma de Contratación del Sector Público para adjudicar el proyecto de ordenación del mamotreto es «contraria al ordenamiento jurídico y lesiona los intereses del colectivo profesional". Tal y como recoge el recurso se exigen hasta tres criterios diferentes de solvencia técnica o experiencia profesional mínima que se contradicen entre sí, lo que hace que «se pueda dar el caso de que haya profesionales que cumplan uno e incumplan otros».

El Colegio de Arquitectos lleva a los tribunales el concurso para definir el uso del mamotreto

La corporación tiene que hacer otra convocatoria que no discrimine a estos profesionales

Después de examinar la demanda presentada por el Colegio de Arquitectos contra el anuncio de licitación y contra el contenido de los pliegos, el Ayuntamiento dio traslado de la renuncia al procedimiento para ordenar el destino de la mole de cemento a la Plataforma de Contratación y al Juzgado de lo Contencioso. La corporación satauteña tendrá que iniciar un nuevo expediente de contratación que recoja las debidas garantías que rigen la contratación.

Esta decisión de paralizar el concurso se produce a raíz de un informe jurídico firmado el pasado martes por el Servicio de Contratación y justo el día en que el edil de Urbanismo, Martín Sosa, asegurara en una entrevista a este periódico que en este mandato se había avanzado más que en los 17 años anteriores en el expediente de esta estructura de cemento, que se levantó hace más de veinte años en suelo público, ya que desde enero estaba convocado el concurso para decidir su uso. En 2021 se llevaron a cabo las obras de demolición de la planta alta y de los laterales del inmueble que levantó la constructora de forma ilegal y fue lo que provocó que se paralizaran las obras. Para edificar este suelo municipal se constituyó una UTE entre la empresa FCC y el Ayuntamiento. 

El decano del Colegio de Arquitectos, Juan Torres, comentó ayer, tras conocer la resolución municipal a través de la Plataforma del Sector Público, que confiaba en que los nuevos pliegos definan de forma correcta y legal los méritos profesionales de los arquitectos que van a ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el citado concurso. 

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