El rechazo, ayer, de la mayoría de los partidos de la oposición (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Somos) en el Cabildo de Lanzarote a declarar la urgencia del pleno para debatir la propuesta del presidente de la institución, Pedro San Ginés, para intentar poner fin a la huelga de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de la corporación insular (CACT), que cumple hoy 19 días, escenificó la minoría del grupo de gobierno (CC y PIL) tras la ruptura del pacto el día anterior por el PSOE con la salida de sus cinco consejeros del equipo de gobierno y el aislamiento de los nacionalistas en el conflicto laboral de los CACT.
PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Somos (partido que contó con uno de sus dos miembros ya que su portavoz, Tomás López, se encuentra fuera de la Isla), que sumaron trece votos, calificaron de "ilegal" la celebración de la sesión, toda vez que desconocían el contenido de la propuesta que pretendía someter a votación San Ginés. El consejero de Nueva Canarias, Juan Manuel Sosa, en la oposición, se alineó con el grupo de gobierno votando a favor de la urgencia, pero los nueve votos (siete de CC, uno del PIL y otro de NC) fueron insuficientes para continuar con la sesión plenaria, que San Ginés acabó por suspender tras aclarar que no la llevó por escrito porque "es más versátil dejarla abierta a acuerdos que procedan, toda vez que se podrían introducir matices de última hora que permitan solucionar el conflicto".
Como alternativa toda la oposición menos NC propuso al presidente que de forma inmediata, "en una o dos horas", convocara un pleno extraordinario, cosa que San Ginés declinó, para desbloquear el conflicto y se sometieran a votación tanto la propuesta de San Ginés como la que consensuaron todos los grupos políticos representados en el Consejo de Administración del Ente Público Empresarial Local (EPEL) que gestiona los Centros Turísticos, salvo CC, con los trabajadores.
Esta última iniciativa ya se incluyó en la solicitud realiza el miércoles de esta semana para que se reuniera dicho consejo, pero el consejero de Turismo y presidente de la EPEL, Echedey Eugenio, no consideró urgente dicha convocatoria.
En vista de que la mayoría de la oposición no consiguió que se atendiera su petición de un nuevo pleno extraordinario, lo que hicieron, esta vez todos los grupos de la oposición, incluida Nueva Canarias, fue registrar una solicitud de celebración de pleno extraordinario con la propuesta acordada por todos los partidos y los trabajadores, menos CC. Ahora, San Ginés dispone de cuatro días hábiles para convocar el pleno que ha pedido la oposición y otros diez para celebrarlo, es decir, hasta el próximo 25 de septiembre.
En el documento que registró la oposición figura una advertencia expresa de que "si la dirección de los Centros no formaliza el acuerdo en un plazo improrrogable de 48 horas desde su aprobación, el pleno del Cabildo, dentro de sus facultades reconocidas en los estatutos de la EPEL, cesaría como miembros del Consejo de Administración tanto a Echedey Eugenio (consejero de Turismo y presidente del Consejo de Administración) como a José Juan Lorenzo (consejero delegado de la EPEL). A su vez se reclama que "el pleno del Cabildo realice las modificaciones estatutarias pertinentes que garanticen un mayor control sobre la actividad de la EPEL, a través de la creación de una comisión donde estarían representadas todas las fuerzas políticas con presencia en la corporación insular".
Tras suspender la sesión, San Ginés celebró una rueda de prensa en el mismo salón de plenos, en la que junto a Eugenio, Lorenzo y Carlos Pinilla, abogado del despacho Garrigues, que representa a la empresa, expusieron sus motivos para defender su idea del "único acuerdo legal posible y viable, tal y como acreditan los informes jurídicos y técnicos, de los que la oposición también tiene conocimiento, para acabar con este conflicto", que San Ginés calificó de "político".
San Ginés aclaró que "la empresa ya ha ofrecido devolver a la plantilla las cantidades retenidas para evitar la huelga". Rogó a los huelguistas que "se incorporen a su puesto por el bien de la Isla" y se preguntó "por qué no esperan los meses que apenas quedan hasta que se pronuncie la Justicia [hay más de 200 demandas] si están convencidos de que la EPEL incumple la sentencia" que obliga a pagar el complemento de personal.
