Una asociación cultural con 430 socios vendía hachís y marihuana

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo martes, 5 de julio, al presidente y al tesorero de la Asociación Cultural Asociación cultural El Tabaquito Terapéutico, que tenía su sede en la calle Tajaraste de Arrecife, para quienes la Fiscalía solicita siete años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita, por la venta de hachís y marihuana en el local.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía también pide que se les condene a pagar dos multas por un valor total de 68.231 euros, así como que se ordene “la disolución de la asociación”, que llegó a contar con 430 socios. El local fue registrado en octubre de 2018 y en su interior encontraron casi nueve kilos de hachís y marihuana en distintos formatos, informa el periódico digital La Voz de Lanzarote.

El juicio está señalado el próximo 5 de julio ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, pero podría haberse alcanzado un acuerdo de conformidad. En caso de ratificarse ante la Audiencia ese acuerdo, que implicaría la confesión de los acusados, se rebajarían las penas solicitadas inicialmente y la vista no llegaría a celebrarse.

Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, O.A.S.R. y L.C.M. fundaron la asociación en el año 2014, junto a otras dos personas que no están procesadas. En sus estatutos, señalaban entre sus fines “el estudio y la aplicación de cannabis con fines terapéuticos, “evitar el peligro para la salud de sus usuarios inherente al mercado ilegal de cannabis, mediante sus actividades encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a su uso” y “promover el debate social sobre la situación legal y la de sus consumidores, así como hacer valer los derechos constitucionales de los que éstos son titulares y denunciar y ponerle freno a las arbitrariedades que en su observación puedan cometer las distintas administraciones y poderes públicos o cualquier persona”.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal considera que lo único que pretendían era “permitir el acceso a sustancias que causan daño a la salud a una pluralidad indiscriminada de personas” a cambio de dinero. Al respecto, subraya que cualquier persona “se podía incorporar como asociado”, sin “ninguna condición legal”, e incluso se permitía el acceso a menores de edad, siempre que tuvieran más de 14 años y que contaran “con el consentimiento escrito y expreso de sus representantes legales”.

En el escrito se señala que los acusados se encargaban “habitualmente del dispensario de las sustancias” y “a cambio de precio distribuían tanto diversas variedades de marihuana, como hachís”, además de contar con varios proveedores sin licencia.

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