“Obligaron a salir a mi hija de la casa aún convaleciente tras sufrir un aborto”, denuncia una de las okupas desalojadas en Playa Blanca

El casi centenar de personas que fueron desalojadas por orden judicial el pasado martes de la urbanización a medio construir situada en la calle Cyca de la localidad turística de Playa Blanca (Yaiza), siguen buscando una vivienda de alquiler de larga temporada a la que trasladarse mientras apuran el plazo que le han dado familiares y amigos para permanecer de forma provisional en el hogar en el que les han dado cobijo. Por ahora carecen de una alternativa habitacional y 22 de ellos rechazaron el alojamiento que les ofreció el Cabildo de Lanzarote en el Aula de la Naturaleza de Máguez (Haría), a unos 60 kilómetros de Playa Blanca, donde están los colegios de sus hijos y sus trabajos.

Es el caso de las cinco familias, que suman una quincena de miembros, que fueron acogidas por los suegros de James Betancourt, uno de los okupas que consiguieron realojarse en Playa Blanca. James tiene previsto viajar este viernes a Gran Canaria “para tratar de buscar piso y empezar una nueva vida allí”, señala.

Al drama que supone coger todas sus pertenencias y salir de las casas en las que vivían de forma ilegal y ocuparon de forma pacífica en su día, algunos desde hace cinco años, se unen situaciones personales que los hacen aún más vulnerables dentro de esa realidad.

Cinco de las familias okupas desalojadas en Playa Blanca (Yaiza) comparten vivienda

Cinco mujeres embarazadas, una mujer con un aborto reciente, un enfermo oncológico y al menos una persona en situación de discapacidad, forman parte de los 99 ciudadanos que tuvieron que salir de las casas por orden del Juzgado de Instrucción Nº4 de Arrecife, entre ellas también 24 menores de edad.

"Nos dijeron que la casa se iba a caer, pero era mentira"

Hace quince días que la hija de Emil Grisales con casi cuatro meses de embarazo, sufrió un aborto del que tuvo que ser operada en dos ocasiones. Pasó un tiempo en la UCI del Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa. Jennifer Velázquez Grisales, de 33 años, “todavía convaleciente y con puntos, fue obligada a salir de la casa en la que vivía y a permanecer al aire libre durante el desalojo con sol, viento y lluvia. A los que nos desalojaron nos les importó esta situación. Les dio igual y no le permitieron ni siquiera regresar a la casa para ir al baño”, lamenta su madre. Jennifer "apenas ha podido ponerse de pie hoy tras las operaciones”, asegura Emil.

Ahora, Emil está de forma temporal en casa de su hermano con su marido, sus dos hijas, su nieto y su yerno. El apartamento, en el que tienen algunas de sus pertenencias, tiene un solo dormitorio.

Hace siete meses que vivían de okupas tras no renovarles el contrato la dueña del apartamento en la que residían con anterioridad porque “lo iba a vender”. “La adecuamos, le pusimos baño y puertas. Nos sacaron y nos dijeron que la casa se iba a caer, pero era mentira. No nos gusta vivir de okupas, estamos buscando casa con un alquiler que podamos pagar, pero no encontramos nada”, señala Emil. Su marido, yerno e hija mayor no tienen trabajo fijo a la espera de regular su situación administrativa en España.

“Es imposible estar tranquila”

La colombiana Astrid Lorena Caicedo, de 25 años, esté embarazada de seis meses. “Trato de estar tranquila, pero es imposible”, admite desde la vivienda de “una conocida” en Playa Blanca que les prestó “una habitación hasta el domingo” y a la que se ha trasladado con su pareja, su madre, su sobrino de tres años y tres de sus hermanos (menores de edad). El único ingreso que entra en su familia es el sueldo de su hermana mayor, que trabaja en un hotel de la zona.

"Con los ahorros de mi hermana mayor le pusimos baño, puertas, ventana y cocina a la casa"

Astrid Lorena Caicedo

— Embarazada de seis meses y desalojada

Astrid Lorena llegó de su país hace dos meses. En Lanzarote ya estaban su madre y su hermana mayor, de 28 años, desde hacía un año. “Desde que llegaron a Lanzarote vivían ahí y los ahorros de mi hermana se invirtieron en la casa [en referencia a la que ocupaban]: en terminar el baño, ponerle piso, puertas, ventanas y cocina. La casa se acondicionó para poder vivir porque estaba 'pelada'”, señala Astrid Lorena.

Un enfermo oncológico y una persona con discapacidad

Otro de los casos en situación de grave vulnerabilidad económica y social es la de otra familia colombiana, que cuenta con informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento Yaiza, al igual que otras personas desalojadas.

Un matrimonio, él paciente oncológico que recibe quimioterapia y ella con una discapacidad por parálisis en sus extremidades y reconocida en su país de origen, tratan de sobrevivir con el único ingreso que recibe su hijo (padre de un niño menor de edad) por su trabajo como freganchín en un restaurante en Playa Blanca desde septiembre del pasado año.

El salario es claramente insuficiente para encontrar un alquiler asequible y hacer frente a los gastos del día a día, por eso decidieron pedir ayuda en los Servicios Sociales municipales. La situación de sus padres les impide trabajar y decidieron okupar una de las casas en la urbanización de la calle Cyca, de la que fueron desalojados el martes.

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