Desalojan a 99 personas que vivían en 34 pisos sin acabar en Playa Blanca

Cerca de un centenar de personas, en concreto, 75 adultos y 24 menores, que habían ocupado en un complejo de viviendas inacabadas en la localidad turística de Playa Blanca, fueron desalojadas ayer por la mañana por orden judicial en medio de un amplio despliegue policial. El Ayuntamiento de Yaiza informa en un comunicado de que estas 99 personas, al menos 68 están en situación administrativa irregular.

Según informaron fuentes policiales, el desalojo, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, se desarrolló sin que se registraran incidentes, a pesar de que la mayoría de los ocupantes de las 34 viviendas en las que habitaban sin autorización no habían retirado sus pertenencias del interior de los inmuebles. Varias de las personas que se habían asentado en ese complejo mostraron pancartas en las que reivindicaban el derecho «a una vivienda digna» y alegaron que se vieron obligadas a ocupar esas viviendas inacabadas por la falta de alquileres en la Isla, informa Efe.

Durante el desalojo, los operarios retiraron de la obra materiales de carpintería instalados por las personas que ocupaban el complejo. El desahucio se ejecutó después de que el Juzgado lo ordenara como medida cautelar solicitada por la sociedad propietaria del inmueble que instó un procedimiento tras la ocupación masiva de los apartamentos.

El Ayuntamiento de Yaiza informó ayer en relación al desahucio que emitió un completo informe elaborado por el área de Servicios Sociales sobre la situación de las personas habitantes de 34 viviendas en construcción ocupadas sin autorización de sus legítimos propietarios localizadas en la calle Malvasía de Playa Blanca. El informe avisó de la presencia de familias vulnerables en hogares con niños y niñas, personas con discapacidad, cinco mujeres embarazadas, personas mayores e incluso un enfermo oncológico. Es más, ya existían solicitudes registradas en el Ayuntamiento por los propios afectados del lanzamiento pidiendo informe de vulnerabilidad. Además, las condiciones de las viviendas no reunían las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad de utilización.

El escrito de la Justicia instaba al Ayuntamiento a adoptar las medidas que permitieran evitar situaciones de desprotección de las personas vulnerables. Los desalojados carecen de estabilidad laboral principalmente porque están pendientes de culminar la tramitación de su residencia legal.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y la concejala de Servicios Sociales, Karina Centeno, habían propuesto diferentes alternativas, entre ellas, la casa de Medioambiente de Yaiza, la residencia de la Escuela de Pesca situada en Arrecife o el albergue de La Santa. Se consensuó con el Cabildo que el lugar mejor preparado es el albergue del Aula de la Naturaleza de Máguez, propuesto por la Consejería insular de Bienestar Social como «solución habitacional temporal» para 22 de las personas desalojadas.

La finalidad de esta reubicación temporal es «evitar situaciones de desprotección de aquellas personas especialmente vulnerables», alega el grupo de gobierno local. Además, el Ayuntamiento se comprometió a ofrecer el servicio de transporte para el traslado de las personas afectadas a Máguez y también el transporte diario de los menores escolarizados en el municipio de Yaiza para garantizar la continuidad de sus clases.

Yaiza recuerda que ya cedió una parcela de 42.000 metros cuadrados al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de viviendas sociales en Playa Blanca.

Por otra parte, el PSOE en el Cabildo cree intolerable la pasividad del Cabildo y el Gobierno canario.