Las dos tramas que operaban en la Cooperativa Farmacéutica de Canarias (Cofarca) lo hacían de una manera similar: elaboraban listas de medicamentos, los sacaban en cajas de cartón y los colocaban en farmacias a través de comerciales. También vendían productos sanitarios de manera directa a particulares, en concreto amigos y familiares de los empleados implicados. El juez y la policía investigan a 18 personas por los delitos de hurto continuado, estafa y contra la salud pública, aunque no todos pertenecen a la cooperativa, que ya ha despedido a dos imputados y ha abierto otros cuatro expedientes de expulsión.

El goteo de hurtos, desde viagras y vacunas hasta tratamientos a base de baba de caracol, estaba organizado y se prolongó en el tiempo entre ocho y nueve años, según han declarado al juez instructor los dos responsables del grupo principal, bautizado por los investigadores como Trama A.

Uno de ellos, Miguel Ángel G. S., era dependiente de dietética y está considerado cabecilla de la organización. El otro, Joaquín Fernando S. G., ejercía de representante de productos dietéticos y se encargaba de contactar con las farmacias para confeccionar las listas de artículos que su compinche debía sisar.

Y, llegados a ese punto, es cuando entra en escena el pillaje de los trabajadores de Cofarca, pues Miguel Ángel contaba con una extensa red de colaborares internos para sustraer los fármacos: Emilio C. S., José Braulio D. G., Miguel Ángel R. L., Víctor Mariano T. S., Yeray R. R., Norberto F. B. y Gerardo Justo C. G. La mayoría de ellos escondían los medicamentos en su indumentaria y los depositaban luego en una caja, que previamente era colocada en los bajos de una estantería del departamento de dietética para pasar desapercibida.

En total contaban con un mes de plazo para ejecutar el pedido. Durante ese tiempo realizaban acopio de los productos demandados, hasta que finalmente el encargo estaba completo y sacaban la mercancía del almacén de Cofarca. Para ello se valían de la complicidad de un empleado de limpieza, Miguel Ángel R. L., que pasaba por los departamentos para recoger las cajas. José Braulio D. G. era quien se ocupaba de mantenerlas escondidas hasta ese momento, según las imágenes captadas por las cámaras instaladas por la cooperativa para destapar los robos.

Los medicamentos iban ocultos en una especie de doble fondo de cajas superpuestas de diferentes tamaños. Además, el empleado de la limpieza camuflaba el botín entre cartones y bolsas de la basura. La mercancía se almacenaba en casa de Miguel Ángel G. S., concretamente en un trastero de su propiedad. De ahí distribuía a las farmacias con la ayuda de Joaquín S. G.

La policía investiga a cinco farmacias, pero aún no está acreditado cuáles de ellas sabían que compraban artículos obtenidos de manera ilícita. De hecho, los dos cabecillas han exculpado a los farmacéuticos en sus declaraciones ante el juez. Un informe de la policía estima que el perjuicio económico puede rondar los 800.000 euros, pues los miembros de esa organización tenían unas ganancias medias de 1.000 euros.

La Trama B estaba integrada por cinco personas: Antonio A. T., Francisco A. L., Alejandro A. L., Juan Manuel D. S. y Fernando Antonio C. A., todos empleados de Cofarca. Éstos llevaban menos tiempo hurtando, año y medio aproximadamente, y actuaban de forma parecida al otro grupo de empleados, aunque en este caso se habían especializado más en productos de parafarmacia.