El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ), José Ramón Navarro Miranda, ha lanzado un mensaje claro contra la corrupción, la violencia machista y en defensa de la independencia de los jueces en su primer día como máxima autoridad judicial del Archipiélago. "Se han de promover todas las acciones que aseguren la erradicación de la delincuencia relacionada con la corrupción", aseguró ayer Navarro en la sede del TSJC, "pues afecta gravemente a la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social", añadió el magistrado mientras sus colegas de la Sala de Gobierno seguían el discurso y el público llenaba el aforo para asistir a la jura de su cargo, que contó con la presencia de una amplia representación institucional.
Entre esas autoridades destacó la presencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Gonzalo Moliner Tamborero, que presidió el acto y coincidió con Navarro en reivindicar la independencia judicial, además de mostrarse convencido de que la sociedad española "confía en sus jueces".
Y es que la "esperanza" y la necesidad de transformar el actual modelo de Administración de Justicia constituyó otro de los vectores centrales de la intervención de Navarro, consciente de que atraviesa un momento "crucial" marcado por el número excesivo de pleitos, atrasos en la tramitación o la mala percepción que la sociedad tiene del sistema judicial.
Especialmente preocupado se mostró por la "tardanza" en la investigación, instrucción y resolución de los procesos relacionados con la corrupción, pues esa demora es la que "comporta un alejamiento de la Justicia de la ciudadanía", subrayó el presidente del TSJC, sabedor de que se trata de causas complejas con especial relevancia social que exigen "un enjuiciamiento rápido y eficaz".
Esas mejoras pasan por "profundas reformas en la organización judicial", entre otras razones porque es fundamental contar con una estructura procesal y unas leyes "estables", que sean fruto de "un acuerdo político lo más amplio posible" para evitar "una pérdida de la calidad democrática", agregó el magistrado. Por eso insistió en "profundizar en la división de poderes" y "defender" la independencia de los jueces, pues una Administración de Justicia "sin medios suficientes, desorganizada y sobrecargada difícilmente puede responder a lo que demandan los ciudadanos en los tribunales".
En ese punto, Navarro aludió al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que estaba en primer fila de los asientos reservados a las autoridades. "Confío plenamente en su determinación política para hacer todo lo posible en colaborar por una Justicia más eficaz", afirmó Navarro, al tiempo que destacó el Plan Estratégico para la Política de la Justicia, un proyecto de modernización promovido por el consejero del ramo, Francisco Hernández Spínola, también presente en la ceremonia.
Mención aparte es el compromiso que adquirió el presidente en "intensificar las estrategias para eliminar la violencia machista", una "terrible lacra en nuestro territorio que dinamita los pilares básicos de nuestro sistema político y social", ya que "impide" el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres y las priva de una calidad de vida digna.
Navarro valoró positivamente los diez años que lleva en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género, pero animó a sus colegas a que prioricen en la lucha contra ella, principalmente porque se trata de una violencia de carácter estructural que responde a creencias "profundamente discriminatorias y sexistas" que atentan contras los derechos fundamentales y las libertades . De ahí que el jurista considere necesario "asumir" una mayor sensibilización social en esa lucha contra ella.
Pero ese no fue el único mensaje que la máxima autoridad judicial de las Islas dirigió a los jueces. Navarro ensalzó la "absoluta libertad, dedicación e imparcialidad" con la que se ejerce la labor jurisdiccional en el Archipiélago, motivo por el que reclamó confianza en el trabajo de sus colegas, incluso se permitió el lujo de parafrasear al filósofo alemán Caspar Rudolf von Jhering para a animarlos a seguir en esa línea: "La más grave responsabilidad no recae sobre la parte del pueblo que vulnera la Ley, sino de aquella otra que no tiene el valor de hacerla mantener inviolada y respetada", citó el presidente.
Tampoco se olvidó de la "carrera hermana", los fiscales, representados en el acto por el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, una "pieza constitucional indispensable" en los tribunales para promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad; o de los letrados, a quienes se debe reconocer su "altísima preparación jurídica y lealtad"; o de los procuradores, tan esenciales en las labores de auxilio, incluso se mostró partidario de que tengan un papel preponderante en los actos de comunicación y en la ejecución de las sentencias. Las mismas palabras de elogio tuvo para graduados sociales, médicos forenses y funcionarios, en parte por ese trabajo "callado" tan importante en la profesión.
Y es que Navarro, tinerfeño de nacimiento, con más de 20 años en la carrera desde que se estrenó como juez en el partido judicial de Icod de Los Vinos, ya lo dijo el día que el CGPJ lo designó para suceder en el cargo a Antonio Castro, que ayer le brindó un emotivo abrazo en el TSJC: "Espero no defraudar a nadie. Vengo con mucha ilusión y sentido de la responsabilidad", manifestó entonces.
Y eso es lo que transmitió ayer el tinerfeño en su discurso ante la Sala de Gobierno, responsabilidad y colaboración con las administraciones y el ciudadano, pues no se olvidó de nadie, incluso se acordó de los cuatro presidentes que ha tenido el TSJC hasta la fecha: José Mateo, Manuel Alcaide, Fernando de Lorenzo y Castro, todos presentes en la jura.
Navarro entró en la Sala de Vistas flanqueado por sus dos padrinos: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, que fue magistrado del Tribunal Supremo y presidente de Sala, y Pedro Manuel Hernández Cordobés, que fue nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tenerife en la misma convocatoria que Navarro. Mientras, fuera de la Sala, en el patio de la fuente y los peces naranja, un pequeño pero aguerrido grupo de funcionarios alzaba pancartas y gritaba consignas contras las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El nuevo presidente es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene 54 años e ingresó en la carrera judicial por el cuarto turno en 1991. Desde entonces ha sido juez de Primera Instancia e Instrucción en Alicante, Tenerife y Manresa (Barcelona), hasta que en 2004 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo es profesor de la Facultad Nacional a Distancia y codirector de la cátedra Tomás y Valiente en La Laguna, entre gran cantidad de cursos y méritos como la Cruz de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Entre las principales autoridades que asistieron a su toma de posesión destacan las vocales territoriales del CGPJ para Canarias Inmaculada Montalbán Huertas y Concepción Espejel Jorquera, así como de los vocales Gemma Gallego Sánchez, Manuel Torres Vela y Claro José Fernández-Carnicero González. Asimismo acudieron el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez; la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento; el vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez García; los consejeros Domingo Berriel y González Ortiz; el viceconsejero de Justicia, Pedro Joaquín Herrera Puentes; el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres García, el alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona González; el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, y parlamentarios europeos, nacionales y autonómicos como Asier Antona, Pablo Matos, Arcadio Díaz Tejera y María Australia Navarro, entre otros.
Tampoco faltó el decano de los abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, el de los procuradores, Óscar Muñoz y el presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Ramón Dámaso, así como personalidades civiles, militares y eclesiásticas, como el obispo Francisco Cases Andreu.
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