La Confederación General del Trabajo (CGT) en Las Palmas ha reunido 6.344 firmas contra la apertura de los comercios los domingos y festivos en la capital grancanaria, que solo admiten si se obliga a las empresas a contratar personal exclusivo para esos días.

Representantes de este sindicato entregaron ayer estas firmas al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE), quien afirmó en las Casas Consistoriales, tras la presentación del bono social para utilizar los centros deportivos municipales, que la postura del Consistorio a esta cuestión la dará a conocer antes de que se inicie la nueva temporada de cruceros en la capital -de octubre a mayo-, en la que los comercios de Las Arenas, Mesa y López y El Muelle pueden de momento abrir.

Las firmas fueron recogidas a lo largo de la campaña que el sindicato ha llevado a cabo en las últimas tres semanas.

Las representantes de CGT Lilian Cabrera, Leticia Abad y Vanesa Galván, antes de reunirse con el alcalde, denunciaron a los periodistas la situación "abusiva" que se produce por parte de empresas radicadas en los tres centros comerciales.

Según el sindicato, en los dos años que se ha aplicado esta apertura a modo de prueba, salvo escasas excepciones, no se ha contratado a nuevos trabajadores. "Esta medida se asociaba con el impulso del empleo", afirmó Cabrera, quien concluyó que se ha tratado de una "tomadura de pelo". "En estas áreas comerciales hay grandes empresas que o no pagan nada por trabajar un domingo o un festivo, pues lo permutan por otro día de la semana, u ofrecen una retribución indigna, pues abonan 20 euros como máximo al día", añadió.

En la misma línea se manifestó ayer el secretario general de la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT en Canarias, Francisco González, tras suspenderse una reunión prevista con el alcalde por problemas de agenda. González afirmó que cuentan ya con el respaldo de dos de los socios del tripartito en el Ayuntamiento- Nueva Canarias y Las Palmas Puede- y buscan el compromiso de los socialistas porque la medida no ha dado empleo y ha empeorado la conciliación familiar de los trabajadores.