La Audiencia de Las Palmas juzgará el próximo miércoles a un exgerente de la sociedad municipal Sagulpa por permitir a la Policía Local que saque del potrero sus coches particulares sin pagar la tasa establecida, tras retirar los vehículos de la vía pública y depositarlos en el recinto por la grúa.
La fiscal Teseida García solicita cinco años de cárcel para Carlos Santana por los delitos continuados de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos, así como cuatro años y medio de prisión para María Carmen Suárez, quien ejerció como jefa de área durante la gerencia de Santana en la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas SA (Sagulpa), entre enero de 2008 y febrero de 2011.
Según la acusación de la Fiscalía, Santana "autorizaba verbalmente" la retirada de los coches de "determinadas" personas sin cumplir el pliego de condiciones del servicio, cuya tasa para permitir la salida de los vehículos estaba fijaba en 66,11 por la ordenanza municipal de entonces. El ministerio público añade que era "práctica habitual" eximir a la Policía Local del pago del tributo vinculado a esa actividad.
El Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria y la fiscal han documentado "al menos" 20 casos en los que los agentes municipales han retirado sus coches sin abonar la tasa del potrero. El gasto no satisfecho asciende a 1.588,50 euros, cantidad que la acusación pública reclama a Santana en concepto de responsabilidad civil.
La Fiscalía, además, reprocha a al gerente que diera órdenes a un empleado para sacar el coche de su hijo sin pagar. Esto ocurrió el 11 de octubre de 2010. El vehículo fue retirada a las 19.05 horas de la vía pública por estar estacionado en el reservado para farmacia de la calle Las Burreras. El automóvil estaba a nombre del propio gerente, pero fue retirado por su hijo.
La fiscal considera que Santana hacía la vista gorda con los agentes locales a sabiendas de su ilegalidad, pues "enmascaraba" ese gasto no abonado como un "servicio puntual de limpieza" de los depósitos municipales.
Descuadre en la caja
El artículo 10 del pliego de condiciones señala que es obligado rendir cuentas económicas al Ayuntamiento por la actividad del depósito. De ahí que el acusado, "consciente" de que esas autorizaciones implicaban un descuadre de la caja, autorizase dichos gastos con fondos de Sagulga para hacerlos pasar luego como servicios de limpieza, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.
María Suárez, "a sabiendas de su mendacidad", se encargaba de realizar los recibos que emitía el depósitos de vehículos para el pago del personal de limpieza, cuando su finalidad era justificar la autorización del gasto ordenada por Santana y, por tanto, cuadrar la caja con el dinero que se había dejado de ingresar por no cobrar las tasas de los servicios prestados.
Además de las penas de cárcel, el ministerio público solicita multas de hasta 6.300 euros para los acusados. La causa estuvo paralizada en el Juzgado entre septiembre de 2012 y octubre de 2014, "sin que se practicara ninguna diligencia", motivo por el que la fiscal pide la atenuante de dilaciones indebidas al no ser los investigados responsables de ese retraso.
El juicio está previsto que comience el miércoles a las 09.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas.
