El gobierno Tripartito estudiará la aplicación de medidas para restringir el tráfico pesado en la calle Buenos Aires para proteger tanto a los vecinos, que padecen noche y día los efectos del intenso ruido y contaminación de la zona, como a los edificios de gran valor patrimonial, que acusan un grave deterioro por las vibraciones del paso de camiones y guaguas.

Al menos, eso es lo que aprobó ayer el pleno ordinario por unanimidad, tras aceptar la moción presentada por el portavoz del Partido Popular (PP), Ángel Sabroso, que ha hecho suyas las peticiones de los vecinos de la histórica calle. Los residentes han constituido una plataforma denominada Stop Paremos los ruidos de la calle Buenos Aires, para acabar con el enorme tráfico que sufre esta vía, sobre todo desde que se cerró la calle Primero de Mayo, por las obras.

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, indicó que se van a estudiar, junto a la Federación de Transporte Guaguas Municipales y Global, "soluciones a corto, medio y largo plazo", para reducir el tráfico, que no especificó. Añadió que tanto la federación como las compañías de guaguas "están dispuestos a sentarse y buscar alternativas en una mesa de trabajo", aunque señaló que la intensidad de la circulación disminuirá a partir de enero, con la apertura de la calle Primero de Mayo. Sabroso planteó la necesidad de restringir el paso de vehículos por la noche y disminuir el número de líneas de guaguas que pasan por la calle.

Por otro lado, el Tripartito aprobó en solitario, una modificación parcial del Plan General de Ordenación (PGO) por la que los pisos vacacionales serán considerados como alojamientos turísticos. La reforma de las normas urbanísticas de ordenación pormenorizada supone en la práctica la separación del alquiler vacacional del uso residencial, pues estos negocios deberán tener accesos separados a los de las viviendas de los residentes o estar situados en las plantas bajas, con escaleras, ascensores y portales diferentes. El Cabildo de Gran Canaria tiene registradas 1.234 viviendas vacacionales en la capital, una cifra que sólo supone un 10% del total de pisos turísticos, ya que según los cálculos del Gobierno canario el 90% funciona de manera clandestina.

La oposición criticó la reforma, al entender que la misma viene a penalizar al pequeño propietario que alquila su casa. El edil de Urbanismo, Javier Doreste, negó que se trate de una regularización y aseguró que sólo es la adaptación de la vigente legislación estatal y regional en materia turística. "Simplemente lo reconocemos como alojamiento turístico. ¿Es que acaso es un alojamiento alienígena?",argumentó el concejal.

El popular Ángel Sabroso, calificó la medida como el "segundo gran paquete de chapucillas, como la tramitación de las normas específicas de protección del Hotel Santa Catalina que ayer se aprobaron de manera definitiva, y consideró que el único efecto que tiene es "convertir en un lío algo que es absolutamente innecesario". Sabroso esgrimió el gran negocio del alquiler vacacional, que "mueve 200 millones anuales, supone un complemento de la renta de cientos de familias y genera autoempleo", para acusar a Doreste de intentar "cargarse" la actividad y pidió que dejara el tema sobre la mesa para analizarlo con "rigor y fundamento".

Muy crítico se mostró también el concejal de Ciudadanos (Cs), Javier Amador, quien consideró que se trata de una medida que es coherente con la "calificación del alquiler vacacional, por parte del concejal Pedro Quevedo, como una lacra a la que hay que poner freno". A juicio de Amador, la consideración de estos pisos como alojamiento turístico "criminaliza el alquiler vacacional de viviendas" aisladas y "propicia el de edificios enteros.

También se aprobó la nueva ordenanza fiscal que reduce de 25 a ocho euros el precio de las sanciones por no pagar el tique de la zona azul o verde y establece bonificaciones para los autónomos y coches eléctricos.