Los letrados pertenecientes al Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Las Palmas reclaman que el Gobierno de Canarias les abone el pago por los procedimientos archivados y las causas que han resultado sobreseídas. Así lo han dejado saber a través de una nota de prensa en la que desgranan que con la llegada de la pandemia por coronavirus y «la crisis migratoria por la que atraviesan Gran Canaria y Fuerteventura» han tenido un «aumento» en las solicitudes de asistencia jurídica.
«Desde la entrada en vigor de la Orden 17 de mayo de 2019 que regulan los Módulos y Bases de Compensación Económica de los Servicios de Asistencia Jurídico Gratuita, numerosas han sido las negociaciones mantenidas con la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para exigir el abono de determinados trámites y procedimientos que se niegan abonar», reza el escrito al tiempo que detalla que detrás de cada uno de ellos «existe el trabajo y el empeño del abogado/a del turno de oficio para defender los intereses de sus clientes».
«Queremos informar a la opinión pública que cuando un procedimiento penal es archivado o sobreseído, tras el trabajo incesante del abogado para conseguir liberar a su cliente, el Gobierno de Canarias se niega a abonar esas resoluciones. El trabajo no puede ni debe ser gratuito, toda actuación debe ser remunerada, y no es posible que se abone el trabajo del letrado/a en el ámbito penal cuando se abra el juicio oral, y no se premie, la dedicación del abogado/a, que consigue el archivo o sobreseimiento de las diligencias penales, tras dedicación y trabajo, acudiendo en numerosas ocasiones al Juzgado. Para el Gobierno de Canarias este trabajo no tiene valor remuneratorio», apuntan.
Igualmente, han matizado que exigen al Gobierno canario «la actualización automática del Baremo de manera anual conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) de la Comunidad Autónoma de Canarias».
