El Tribunal Supremo ha tumbado en algo más de año y medio un total de 29 revocaciones de licencias de taxis por explotación irregular que dictó la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al considerar que el consistorio utilizó datos fiscales cedidos por la Agencia Tributaria como prueba de cargo para demostrar las ilegalidades.
Desde la primera sentencia dictada el 11 de marzo de 2021, la cascada de sentencias anulatorias no ha parado.
Además de las 29 anulaciones ya dictadas, otras 18 esperan por el fallo del Supremo y , por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha tenido que asumir la doctrina impuesta por el alto tribunal, ha anulado ya al menos otras seis resoluciones. Desde marzo de 2021, sólo dos salas del TSJC han fallado en contra de la doctrina del Supremo. En total fueron unas 90 las licencias que retiró el Ayuntamiento por estar en manos de floteros o haber sido cedidas de manera irregular.
El alto tribunal no cuestiona en ningún momento las sanciones impuestas, pero considera desde su primer fallo de 2021, que ha sentado jurisprudencia, que el ayuntamiento ha vulnerado el artículo 95.1, que sólo permite la cesión de datos tributarios a otra administración con fines también fiscales.
En este caso, los datos sirvieron a los funcionarios municipales como prueba para aplicar una sanción de 4.000 euros y la retirada del permiso para explotar el taxi, por incumplir la Ley del Transporte.
Fueron unas 90 las licencias que había retirado el Ayuntamiento por estar siendo explotados irregularmente, cuando el Supremo dictó su primer fallo anulatorio.
Todas las resoluciones citan la primera sentencia e insisten en que el consistorio «no empleó los datos para un fin tributario sino para aplicar la normativa reguladora del taxi. Muchas de estas sentencias anulatorias, incluida la primera que sentó jurisprudencia y cambió la doctrina del Supremo, fueron defendidas por el letrado valenciano Juan Martín Queralt, que representó a los clientes remitidos desde Gran Canaria por el abogado Ricardo Rodríguez Martinón, que ha dirigido la defensa de los casos en el ámbito judicial canario.
Además, tal cesión se hizo sin consentimiento del interesado y con base en una solicitud equívoca, pues del oficio remitido» a la Agencia Tributaria (AEAT), «se deduce que interesaba los datos para actuar respecto a los titulares de licencias que indebidamente las hubieran cedido a floteros».
Ricardo Rodríguez Martinón, el letrado que inició en Canarias la defensa de los taxistas que ha llegado hasta el Supremo critica que el ayuntamiento no ha devuelto, un año y medio después, ninguna de las licencias retiradas y se plantea acudir a la vía penal y al Supremo para «pedir protección por atentado contra los derechos fundamentales».
Demanda colectiva
También está estudiando presentar una demanda colectiva para pedir la «anulación de todas las resoluciones municipales, que son ilegales todas, con reclamación patrimonial individualizada por cada licencia que se ha expropiado ilegalmente.
El problema», consideró Martinón, «es la gente que cuando perdieron el pleito en el TSJC no siguieron adelante porque no tenían dinero para pagar el Supremo. O los que entregaron la licencia porque no podían pagar la multa de 4.000 euros». En opinión del abogado dentro del ‘saco’ de los floteros se «metió a gente que eran jubilados y pagaban a un chofer para que le siguiera explotando el taxi».
«Hemos conseguido», subrayó, «que el Supremo haya sentado doctrina sobre la sanción contra los licenciatarios utilizando datos fiscales, que vulnera el artículo 95 de la Ley General Tributaria y atenta contra los derechos fundamentales de las personas, por utilizar daros ilegalmente obtenidos».
El TSJC, cuya doctrina estaba dividida en torno a la utilización de los datos fiscales, comenzó después de marzo de 2021 a dictar resoluciones en la misma línea del Supremo, salvo dos, que han sido recurridas al alto tribunal. Se da la circunstancia, recuerda Rodríguez Martinón, de que la totalidad de los seis juzgados de primera instancia de Las Palmas dijeron en su día que era ilegal la utilización de datos tributarios, por falta de autorización judicial, pero luego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón al ayuntamiento y cambió el criterio», que ahora han tenido que volver a mudar tras la sentencia del Supremo.
El ayuntamiento, por su parte, recuerda en su recurso que fue el consistorio el que inició la investigación sobre las irregularidades de los floteros que dio lugar a la apertura de diligencias penales, en las que se personó como acusación popular, lo que le permitió conocer los datos cedidos por la Agencia Tributaria al juzgado y aprovecharlos.
Pero, según aclara Celsa Pico Lorenzo, la magistrada ponente de la última sentencia que ha dictado el Supremo (10-10-2022), el ayuntamiento «no empleó directamente aquellos datos cedidos al juzgado y tampoco interesó un posible testimonio de particulares, sino que para sancionar le «solicitó directamente la cesión de esos datos» a la Agencia Tributaria «y los obtuvo».
La operación contra los floteros
La revocación de las licencias cuestionada por el Supremo forma parte de la investigación a tres bandas que iniciaron el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Delitos Económicos, a raíz de la denuncia presentada por el taxista Expedito Suárez en 2012, que apuntó a 12 floteros que explotaban irregularmente más de 210 licencias.
En la investigación también participó la Seguridad Social. El procedimiento penal que se abrió tras la denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, aún no ha concluido. La fiscal pidió hasta diez años de prisión para cuatro floteros por fraude a Hacienda y otras dos personas aparecen implicadas en el caso como cómplices. Los acusados se enfrentan al pago de más de un millón de euros en multas.
