Es duro que la patronal de empresarios le saque los colores a la izquierda gobernante en Canarias sobre el retraso crónico de la administración en la tramitación de los expedientes de dependencia. Pero si nadie lo hace, bienvenido sea dado los dramas personales y familiares que hay detrás de lo que es un tapón contra la vida misma. El director general del asunto, Miguel Montero, ha tirado la toalla (no sé si empapada de sudor) por el caos y además reconoce que se va al no poder cumplir los objetivos, pese al aumento presupuestario y de personal negociado a las bravas por su consejera Noemí Santana. ¿Y el sueldo? ¿Va a devolverlo? Sería lo justo y lo preceptivo a la vista que el estropicio que su inutilidad provoca en miles y miles de familias.
La Ley de Dependencia es una de las piezas determinantes para afrontar los drásticos cambios sociales que empezaron a aflorar en el XX y han cuajado en este siglo. Mutaciones como el aumento de la esperanza de vida de los mayores o las metamorfosis en el seno de las familias, pero también las situaciones dramáticas de pobreza, han tensionado la acción política del llamado estado del bienestar: crece imparable el número de peticionarios a atender y la gestión se ve superada e impotente para cumplir con una demanda siempre urgente.
Sirviéndonos del título de un libro de Tony Judt, Algo va mal, está claro que la izquierda tiene un problema agudo al ser incapaz de sacar adelante un modelo con el que se pretende diferenciar de la derecha. La asistencia fallida de la dependencia en Canarias no es una amenaza, sino un hecho. Hay cientos de testimonios a lo largo y ancho de las Islas de personas que esperan por una valoración, o por la contestación de una solicitud que la mayoría de las veces llega cuando la persona ha muerto. No deja de ser, con pelos y señales, un ejercicio de masoquismo frente a las aspiraciones para alcanzar una vida mejor, a veces hasta con la desesperación por tener a una persona para cumplir con la tarea diaria del aseo personal por falta de movilidad. Un escenario dramático.
Nadie niega que el Gobierno de Torres no tenga entre sus prioridades revertir este fracaso estrepitoso, pero quizás no sería suficiente solo con un cambio de gestores, un aumento de la plantilla o mejoras en el capítulo de la tecnología. Una de las apuestas debería ser la gestión indirecta del servicio con la contratación de una empresa externa, que tenga como exigencia el objetivo de la resolución de los miles de expedientes acumulados. ¿La izquierda, también Podemos, recurriendo a una empresa privada para desatascar una de sus competencias estrella, al menos en intención? Creo que en el caso que nos ocupa está más que justificado. El tapón no puede oxigenarse sin un programa de eficacia a corto plazo, con unos estándares de trabajo rigurosos que no han podido ser cumplidos por la administración pública.
