Un anacronismo deliberado

De nuevo el diputado del Común, Rafael Yanes, ha manifestado que sugerirá «mejoras» para lograr una mejor integración de los alumnos con necesidades especiales en el sistema educativo. El señor Yanes se reunió en el pasado diciembre con familiares de alumnos con necesidades especiales, que están muy satisfechos con el funcionamiento ordinario de las llamadas Aulas Enclave, pero que en los últimos tiempos habían reparado en errores y deslices de algunos servicios, como el de comedor. Se le preguntó al respecto a la Consejería de Educación, pero la respuesta no satisfizo plenamente al diputado (del Común), así que en cualquier momento coge el bic y se pone a redactar una lista de mejoras, que los receptáculos esos se llamen Aulas En Clave de Sol, para insuflar un luminoso optimismo a profesorado y alumnados, o que no pongan postres de La Abuela, que están muy ricos, pero que llevan demasiada azúcar.

Se suele afirmar que en la ilustre nómina de diputados del Común hay de todo, pero es una observación bastante inexacta. En su mayoría son políticos retirados que encuentran una última y mullida posada antes del olvido definitivo, con la excepción de algún magistrado extremadamente cordial y de derechas. El primer diputado del Común fue tal vez la excepción más respetable, el benemérito Luis Cobiella Cuevas, químico, poeta y compositor musical, que abría con su propia llave la sede de la institución en Santa Cruz de La Palma. Así arrancó el diputado del Común: un técnico y dos auxiliares administrativos. Desde entonces las cosas se han esponjado mucho y visitar la Diputación del Común es como entrar en el ducado de Sajonia-Weimar: una periférica pompa de adjuntos, asesores, técnicos, chóferes, administrativos. Menos un Goethe hay de todo, aunque los trapicheos permanecen felizmente opacos. Es el resultado final – o no – de la partidización implacable que ha padecido la institución casi desde sus principios. El actual titular, Rafael Yanes (exalcalde de Güimar y exviceconsejero de Empleo del Gobierno autónomo) es un diputado dinámico, ordenado y enérgico que se toma el cargo, ciertamente, muy en serio, y no como una sinecura.

La Diputación del Común, sin embargo, no es más que un curioso anacronismo. Por decirlo así, un anacronismo deliberado, que se incluyó en el Estatuto de Autonomía de 1982 mimetizando –como casi todos los estatutos autonómicos – la figura del Defensor del Pueblo creada por la Constitución de 1978. Según la disposición estatutaria, el diputado del Común es «el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la comunidad autónoma canaria». Se supone que supervisa las dos universidades públicas del archipiélago y (nada menos) el funcionamiento de la administración de Justicia. Naturalmente no puede hacer casi nada de eso, y no solo porque carezca de competencias ejecutivas o potestad sancionadora de ninguna naturaleza, sino porque es grotesco imaginar que pudiera hacerlo, aunque quintuplicara su presupuesto, sus medios técnicos y su personal. Una administración pública moderna, eficiente y eficaz no necesita un Batman a cargo de los presupuestos que la supervise: debe contar con protocolos, mecanismos y herramientas propias y profesionalizadas para hacerlo. En general que se considere que un cargo público o comisario debe servir como intermediario entre el ciudadano y la administración es de una casposidad alarmante. Un país desarrollado bajo una democracia madura es aquel en el que los ciudadanos se relacionan con las administraciones públicas sin intermediarios, y en caso de conflictos insuperables, se ocupan del asunto los tribunales con rapidez y diligencia. Si se abrirera una nueva reforma estatutaria no sería una iniciativa desacertada suprimir la Diputación del Común y, al mismo tiempo, proceder a la reforma que urge a la administración autonómica. Yanes tendría más tiempo para escribir novelas. No le salen mal.

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