Ofertas y ausencias

Sin duda las ofertas electorales de todas las fuerzas políticas son igual de respetables, aunque alguna sea más divertida que la otra. Especialmente (y ustedes disculpen) por parte de algunos de los partidos que han sostenido al Gobierno autónomo. En los últimos días, o tal vez en los últimos meses, por ejemplo, el presidente Ángel Víctor Torres les ha propuesto a los ciudadanos imaginar qué hubiera ocurrido en Canarias si entre mediados de 2019 y mediados de 2023 no hubiera gobernado el PSOE. Este ejercicio contrafactual –como todos– es esencialmente tramposo: no podemos saber lo que hubiera ocurrido en ese lapso de tiempo si hubiera gobernado Coalición Canaria, Podemos o doña Teresa Berástegui. Es, además, un espantajo que contradice cualquier espíritu democrático, cualquier exigencia de responsabilidad cívica. Los electores no deben formarse un juicio y tomar una decisión por lo que podría haber ocurrido, sino por lo que ocurrió. El PSOE y la coalición gubernamental que encabeza Torres deben rendir cuentas por su gestión en los últimos cuatro años, no por el desastre imaginario que pudieran haber cometido otros en un universo paralelo. Soy incapaz de entender que un presidente de Gobierno sostenga esta martingala seriamente, casi como un argumento político tolerable. En definitiva no sé si está intentando ganar las elecciones o matar a Tanos mientras orina inocentemente en su planeta.

Todavía más hilarante es el despliegue programático de Podemos. A Unidas Podemos lo único que le gusta de los últimos cuatro años es la evolución de las ayudas a la dependencia. Es necesario precisarlo así, porque el desarrollo del sistema público de dependencia –que las incluye pero más allá de las ayudas económicas– está casi paralizado. Pero todo lo demás, en fin, le duele extraordinariamente a Podemos. La degradación ecológica, el turismo avasallador, el que no exista la ecotasa, pero cómo es posible que no exista la ecotasa, madre, la ecotasa. Le duele incluso que en Las Palmas de Gran Canaria se maltrate a los ciudadanos con movilidad reducida, le aturden los jardines descuidados, le entristecen las aceras rotas, les llena de melancolía ese escurridizo animal mitológico, la MetroGuagua. Que lleven cuatro años cogobernando la Comunidad autónoma y ocho cogobernando el ayuntamiento de Las Palmas deviene irrelevante porque, a efectos de marketing, UP debe simular hasta la agonía que no son una fuerza política perfectamente instalada en la institucionalidad. Santana y sus compañeras se resisten a asumir una obviedad: resultan corresponsables de la acción o inacción de los gobiernos –locales, insulares, regionales–de los que forman parte. No se puede ser al mismo tiempo gobierno y oposición, continuidad y alternativa, problema y solución, verdad y mentira.

Lo que no se escucha en campaña, por supuesto, es lo más urgente. Uno de los problemas básicos de Canarias –la reforma, modernización y cualificación de las administraciones públicas– es una ausencia común en todas las agendas. Y lo es porque los partidos políticos rechazan transformar las administraciones públicas. Las prefieren así: politizadas, burocratizadas, envejecidas y limitadamente operativas. En definitiva, gubernamentalmente manipulables. Las reformas impulsadas en Irlanda o Portugal son inimaginables en un país que se ha acostumbrado a que las administraciones sean un botín de guerra electoral. Pero si los instrumentos que prestan los servicios públicos no funcionan debidamente y están parasitadas por los partidos, ¿cómo garantizar la prosperidad, la cohesión social y territorial y el respeto a la normativa legal? ¿Algún partido, en Canarias, está dispuesto a que en la administración autonómica las direcciones generales sean ocupadas por funcionarios y no por políticos? ¿Y a suprimir el invento vergonzoso y buhonero de las viceconsejerías? Por supuesto que no.

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