El Ministerio de Empleo y Seguridad Social garantizó ayer la tarjeta sanitaria europea a los firmantes de los contratos predoctorales si la Confederación de Rectores Universitarios (CRUE) acredita su duración habitual por encima de dos años.

Los secretarios de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y de Educación, Marcial Marín, se reunieron ayer con el presidente de la Comisión Sectorial I+D+i de la Confederación de Rectores Universitarios (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, para analizar algunas de las posibles incidencias administrativas producidas por el cambio de código de los contratos predoctorales realizado a partir 2015, según informaron fuentes ministeriales. Los secretarios estatales recordaron que la modificación, tras una petición de la CRUE en mayo de 2014, nunca ha supuesto ninguna modificación en la naturaleza o las condiciones del contrato predoctoral.

Según las mismas fuentes ministeriales, la naturaleza, los requisitos y las condiciones del contrato predoctoral se derivan de lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por lo que no se modifica por una mera adscripción administrativa a un código de contrato u otro. Únicamente, se ha producido un cambio en el documento al que pueden optar para acreditar su derecho a asistencia sanitaria en la Unión Europea, ya que en lugar de la tarjeta sanitaria europea recibían el certificado provisional sustitutorio por falta de acreditación del tiempo necesario para acceder al primer documento.

Ambos garantizan la misma cobertura, si bien el segundo tiene una duración de 90 días, prorrogable durante la vigencia del contrato, como en el caso del resto de contratos temporales, a no ser que se justifique por parte del empleador que la duración del contrato supera los dos años. De ahí, la solicitud a la CRUE de acreditar una duración superior a 24 meses para conceder la tarjeta sanitaria europea en las mismas condiciones.

Además, el Ministerio también pidió al responsable de los rectores que acuerde con representantes de los trabajadores y especifique a la mayor brevedad al departamento dirigido por Fátima Báñez qué código consideran que se adecúa con mayor precisión a la naturaleza de estos contratos tras la polémica suscitada.