Consenso en la «necesidad» de la Ley de Bienestar Animal y en sus «carencias»

Los expertos coinciden en que la Ley de Bienestar Animal aprobada el pasado mes de marzo es una «necesidad» para blindar a los animales de compañía contra el abandono y el maltrato, pero la mayoría reconoce que nace con muchas carencias, como la falta de financiación para llevarla a cabo o la definición de competencias. Estas son algunas de las conclusiones del primer debate celebrado ayer en el marco del Club Humanidades, un proyecto impulsado por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con el objetivo de servir de punto de encuentro entre la institución académica y la sociedad para la transferencia de conocimientos, intercambio de opiniones y de reflexión sobre inquietudes y temas de máxima actualidad. Es el caso de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, una norma que llega acompañada de una reforma del Código Penal para agravar las penas del delito de maltrato animal, que ha estado muy cuestionada y sometida a muchas tensiones, de hecho ha tenido hasta 6.000 alegaciones, y salió adelante con un voto de diferencia.

Expertos destacan la falta de claridad y de financiación para poner en marcha la nueva legislación

Para arrojar luz sobre la misma y definir sus bondades y carencias, el presidente del Consejo Social, Ángel Tristán Pimienta, y el vicerrector de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus de la ULPGC, José Miguel Álamo, inauguraron ayer el Club de Humanidades, con un debate sobre la normativa celebrado en el salón de actos del Edificio de Humanidades en el Campus del Obelisco, protagonizado por un panel de expertos, integrado por Miguel Batista Arteara, catedrático de Reproducción Animal de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC; Marisa Fernández de Miguel, consejera de Pequeños Animales del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife; Octavio Pérez Luzardo, catedrático de Toxicología de la ULPGC; Ruth Yánez Santana, veterinaria municipal de Arucas; y Gustavo Viera Ruiz, responsable de Área de Gesplan, entidad encargada de la gestión del Albergue Insular de Animales del Cabildo de Gran Canaria.

El catedrático Pérez Luzardo, miembro del comité de asesores científicos del Gobierno en el desarrollo de la citada ley, admite tener una «sensación agridulce» porque el resultado es una norma «mucho más delgada y distorsionada» de la idea inicial con la que se concibió. «En una sociedad plural, donde una parte de España tiene como patrimonio cultural, maltratar hasta la muerte animales, me refiero a la tauromaquia y fiestas populares con animales, hemos tenido que trabajar con ese caldo de cultivo, en una ley que ha estado sometida a infinidad de tensiones, bulos, torpedeos en distintos flancos y que aparece como una ley cuestionada».

El investigador de la ULPGC defiende la necesidad de la nueva ley que, a su juicio, llega con bastante retraso respecto a los países del entorno de Europa. Entre sus bondades citó el hecho de dar un marco legal común a todo el territorio nacional. «Es una ley de base de mínimos que se tienen que cumplir en todas las comunidades porque ahora hay 17 leyes autonómicas que regulan el bienestar animal, pero son tan dispares, que parece que no están hablando ni de lo mismo». Y en este contexto, la nueva legislación es fundamental para atajar el problema del abandono de animales -«Se abandonan en torno a 300.000 perros y gatos y unos 400.000 animales exóticos cada año».

Tenencia responsable

Octavio Pérez Luzardo también defiende las medidas incluidas para favorecer la tenencia responsable de animales. Además de que regula la cría y la tenencia de animales exóticos. «Este es un aspecto muy importante por la biodiversidad, por la salud pública, por la seguridad de las personas y por el bienestar de los propios animales, para prevenir también que sigan engrosando el tráfico de especies, que es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, después del tráfico de armas y de drogas y antes que el tráfico de personas», sin olvidar el necesario capítulo de regulación de los gatos comunitarios. «Con todas estas herramientas se ha configurado una ley, en la que se han caído aspectos súper importantes, como el de los perros de caza. Es una ley que no contenta a nadie, pero si a unos más que a otros. Me satisface tenerla, porque ya contamos con algo sobre lo que trabajar, se puede empezar a hacer cosas y en el futuro se puede mejorar», señaló.

Para Marisa Fernández es una ley «muy necesaria» para sentar unas bases comunes en todo el territorio nacional, pero considera que «se queda coja porque es muy etérea, es muy bien intencionada, pero poco práctica, poco adaptada a la realidad del sector». Entre sus carencias cita la falta de financiación para ponerla en marcha. «Me pregunto cómo se va a hacer la protección animal profesionalizada si no hay financiación, y cómo se van a llevar a cabo las actuaciones sobre maltrato e imponer penas, si no hay un cuerpo de veterinarios peritos forenses de primera instancia que hagan los informes preliminares. La ley podía haber aprovechado para formar ese cuerpo, pero no lo hizo». También destacó lagunas sobre la formación -«no se especifica quiénes van a formar», y sobre la eutanasia, que la prohíbe pero no contempla aquellos casos en los que los dueños de animales no pueden pagar un tratamiento. «No hay seguridad social para animales de compañía y si no tienes los medios para operar una columna, por ejemplo, ¿qué haces?, ¿dejas a tu animal paralítico, costea la operación el ayuntamiento o le dejamos sufrir?. Deja las manos atadas a los veterinarios en ese sentido».

Miguel Batista Arteara, catedrático de Reproducción Animal de la ULPGC señala con determinación que la ley de protección y bienestar animal es «necesaria» y actualiza la percepción de la sociedad sobre los animales de compañía. «Hace 25 o 30 años, un perro o un gato eran simplemente una mascota, mientras que ahora la percepción general es que es un miembro más de la familia». Asegura que tiene efectos positivos, y garantistas sobre determinadas cuestiones, aunque considera que le falta definir competencias administrativas. También cita lagunas como establecer si la esterilización obligatoria de todos los animales de compañía -salvo para los inscritos en el registro de criadores-, es obligatoria a partir de la puesta en vigor de la ley, o debe aplicarse con carácter retroactivo.

Gustavo Viera, define la Ley como «una necesaria y gran noticia», en cuanto que mejora la legislación y la fiscalización de cara a la tenencia responsable de animales. «Los albergues de animales somos los que sufrimos el problema del abandono y no tenemos capacidad de solventarlo, y esta ley va en la senda de impulsar la tenencia responsable que permita que haya una menor entrada de animales en los albergues». También destacó el hecho de que se elimina el estigma de algunas razas de animales considerados potencialmente peligrosos. «Con esta normativa se equilibran los pasos previos a cualquier adopción, se van a exigir las mismas cuestiones a cualquier adoptante, independientemente de la tipología de animal que vaya a adoptar».

Suscríbete para seguir leyendo