La ULPGC trabaja en el desarrollo de un software para prevenir el acoso laboral

El estudio La situación del acoso laboral en el trabajo, elaborado por la plataforma MiCVideal, concluye que, en el 52% de los casos el acoso laboral lo ejerce un compañero, frente al 33% de las situaciones en las que el abusador es un superior. «La situación más habitual es la de aquel que humilla y desprecia al trabajador (60%), seguido del que le hace blanco de rumores negativos, el que interfiere en su trabajo o el que lo hace mediante mensajes, correos o llamadas agresivas». En este contexto surge el proyecto Athenactium: tecnología para la prevención y solución del acoso laboral, una herramienta digital que ayuda a ofrecer soluciones en la diagnosis del acoso, impulsado por la profesora de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Pérez Martell, y que ha sido seleccionado por el programa nacional de ideación y aceleración de startups, APTenisa.

En este ámbito, la profesora de Derecho Procesal de la ULPGC recordó, por un lado, la entrada en vigor el pasado 25 de mayo, con una serie de reformas que afectan directamente al ordenamiento interno, del convenio sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por España, que cambia la definición de acoso moral e incluye conductas que ocurran «una sola vez».

Además, se cuenta con los datos de la primera encuesta mundial realizada por la OIT sobre experiencias de violencia y acoso en el trabajo, que concluye que una de cada cinco personas empleadas han experimentado violencia y acoso en el trabajo. «Esta encuesta proporciona una visión sobre la magnitud del problema y sus diferentes formas. Además, analiza los factores que pueden impedir a las personas hablar sobre sus experiencias, como la vergüenza, la culpa, la falta de confianza en las instituciones, o porqué este tipo conductas inaceptables son consideradas como normales».

Normas internacionales

Tanto el Convenio sobre la violencia y el acoso, como la Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 de la OIT, son las primeras normas internacionales que proporcionan un marco común para prevenir, reparar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

A estos avances se suma que todas las empresas están obligadas a contar con un protocolo contra el acoso laboral, que contemple medidas para prevenir, evitar o eliminar cualquier tipo de acoso laboral en la empresa «con el fin de erradicar comportamientos nocivos que perjudican tanto a los trabajadores y trabajadoras que lo sufren como a la propia empresa, que es responsable del bienestar físico y psicológico de sus empleados».

Finalmente, Pérez Martell cita la reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que traspone la Directiva (UE) 2019/1937, que entrará en vigor el próximo 13 de junio de 2023, y que establece de forma definitiva, la obligatoriedad de incluir en los sistemas internos de información (SII) la posibilidad de presentar denuncias anónimas. «Esta ley obliga a empresas con más de 50 empleados, administraciones públicas, organizaciones, corporaciones de derecho público, a contar con canales o sistemas internos seguros para recepcionar las denuncias, e introduce sanciones importantes frente a su incumplimiento». La finalidad de esta ley es otorgar una protección a las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones frente a las represalias que puedan sufrir ; y fortalecer y fomentar la cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas.

Consiste en establecer y dar a conocer un canal de información directo para que los empleados, clientes o proveedores puedan denunciar el incumplimiento tanto de normas internas como de otras regulaciones que rigen la actividad de la empresa. Obliga, entre otras cuestiones a implementar un Sistema Interno de Información. «Es difícil, que los posibles comportamientos irregulares pasen inadvertidos a todos los empleados de la compañía», la investigadora asegura que casi siempre hay algún empleado que está al tanto de ello, pero muchas veces se prefiere guardar secreto, mirar para otro lado, ante el temor a ser objeto de represalias en caso de denunciar dicha irregularidad. «El establecimiento de sistemas de comunicación interna intenta favorecer, que las personas que presencien supuestos hechos irregulares puedan informar de sus sospechas o recelos ante un servicio de recepción y tratamiento de las presuntas violaciones, con plenas garantías de dignidad, de confidencialidad y de imparcialidad».

Ante esto, un equipo multidisciplinar -juristas, psicólogo, informático...-, coordinado por la profesora de Derecho Procesal de la ULPGC, trabaja en la creación un canal de información, un software, para gestionar los casos de acoso en las organizaciones y empresas. «Basándonos en nuestras investigaciones, estamos trabajando en el desarrollo de esta figura novedosa dentro de nuestro ordenamiento jurídico, llamada a tener un gran uso y utilidad dentro de las organizaciones», concluyó Rosa Pérez Martell.