El desarrollo de la actual ley educativa queda en entredicho por la convocatoria electoral

El final del año escolar ha coincidido con una convocatoria electoral que ha dejado en el aire la aprobación de la nueva selectividad, incógnitas sobre el desarrollo de la octava ley educativa en democracia -empezó este año en los cursos impares y ahora toca en los pares- y la regulación de la profesión docente.

A expensas de lo que ocurra en las urnas el próximo 23 de julio, el Partido Popular ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de modificar muchos de los aspectos contenidos de la última reforma educativa (Lomloe o Ley Celaá), así como su deseo de diseñar una prueba única de acceso a la universidad para todo el territorio.

Total incertidumbre para el alumnado de 2º de Bachillerato

Una de las consecuencias inmediatas del precipitado final de legislatura ha sido la paralización de la aprobación de la nueva selectividad, cuyos cambios iban a aplicarse de forma gradual desde el próximo curso, con lo que los jóvenes que ahora comiencen a estudiar 2º de bachillerato desconocen cómo será la prueba de junio de 2024.

Durante el año académico 2023-2024 también está prevista que siga la implementación de la ley Celaá (Lomloe, 2021), fundamentalmente el nuevo currículo en 2º, 4º y 6º de primaria; 2º y 4º de la ESO y 2º de bachillerato, que es mucho más competencial y menos memorístico y que ha se ha empezado a aplicar en 2023 en los cursos impares.

El texto legal recoge también la previsión de que este año se realicen sendas evaluaciones diagnósticas en 4º de primaria y 2º de secundaria.

Igual que ocurrió con los cursos impares, los alumnos de los pares tendrán nuevas asignaturas, dos nuevas modalidades de bachillerato y un proceso de aprendizaje y enseñanza centrado en saber aplicar los conocimientos al mundo real, a la resolución de problemas, no solo saberse de memoria los contenidos y "vomitarlos" en el examen.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, entiende que la aplicación de la Lomloe de cara al curso que viene seguirá en marcha. "No parece probable que después de las elecciones, si hay un gobierno de distinto signo político, le dé tiempo a sacar un real decreto ley que suspenda su implementación".

A García le preocupa, por otro lado, la lentitud con la que se ha abordado el Estatuto del Docente -contemplado en la ley Celaá y que regula el acceso y desarrollo de la profesión-, y que tampoco se haya aprobado el real decreto de requisitos mínimos de los centros.

En caso de cambio de signo político en las elecciones generales, el sindicato ANPE afirma que los docentes se verán abocados a gestionar nuevos desarrollos curriculares que precisarán de "un esfuerzo de adaptación al enésimo vaivén de la normativa".

La presidenta de Ceapa, María Capellán, espera que este año la implantación de la Lomloe sea más igualitaria en todos los territorios puesto que "se ha tenido tiempo de sobra para elaborar los materiales curriculares y prepararse el profesorado".

"Este curso ha sido un desastre; gente que se ha negado en muchas comunidades a su implantación y se ha hecho de manera desigual tarde, mal y nunca. Incluso en esta tercera evaluación o final de curso, hay profesores que han aprobado competencias, pero que han suspendido asignaturas con lo cual esperamos que estén más enterados de lo que tienen que hacer", afirma Capellán, cuya organización reúne a más de 12.000 asociaciones de padres y madres de alumnos de la red pública.

La ofensiva del PP contra la reforma de Isabel Celaá

El Partido Popular quiere poner freno a la reforma educativa de la ministra Isabel Celaá para blindar la escuela concertada ante lo que considera un ataque a la libertad de elección de las familias.

La ofensiva del PP contra la ley Celaá ha incluido un recurso ante el Tribunal Constitucional, que finalmente no ha prosperado porque los jueces no ven menoscabo de la libertad de elección de centro por parte de las familias ni del uso del castellano en las comunidades con lengua propia.

También ha censurado que se pueda pasar de curso con suspensos porque considera que el real decreto de desarrollo de la Lomloe que deja en el equipo docente la decisión de si un alumno repite condena a sus estudiantes a una "educación de segunda".

De cualquier manera, se modifique o incluso se derogue la ley, su aplicación real está en manos de las comunidades autónomas y por tanto dependerá en gran medida de los criterios de sus gobiernos regionales.

¿Qué será de la carrera de los profesores?

Los sindicatos principales del sector se han quejado de la lentitud con la que se ha abordado el Estatuto del Docente, del que el Gobierno presentó una propuesta muy abierta de 24 medidas en 2022, fecha tope prevista en la Lomloe.

Anpe, STes, CSIF, UGT y CCOO han urgido a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, a negociar el futuro Estatuto Docente y consensuar aspectos fundamentales que necesitan de un desarrollo normativo estatal y que afectan a aspectos como el horario lectivo del profesorado o la ratio de alumnos por aula.