Radiografía del pacto de Estado contra la violencia machista: 67% de medidas cumplidas y 32% en proceso o sin ejecutar

El histórico Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en diciembre de 2017 y se ratificó en 2021 con la ausencia de Vox, cumplió en 2022 los cinco primeros años de vigencia. Y una de las medidas pactadas por todos los partidos en las Cortes para mejorar la lucha contra este problema estructural reclamaba a la Delegación del Gobierno que hiciera un informe de evaluación sobre el grado de cumplimiento de las 290 recomendaciones, precisamente a los cinco años de la entrada en vigor. Dicho análisis ha sido elaborado y depurado durante este año y el resultado arroja que el 67% de las medidas están cumplidas y el 32% están en proceso de cumplimiento o completamente pendientes de llevar a cabo.

La evaluación ha sido entregada por la ministra de Igualdad, Irene Montero a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y presentada a las organizaciones feministas y a la sociedad civil en el acto institucional 'Vivas nos queremos'.

El Pacto, que no era únicamente "un catálogo de medidas", ha pasado a ser una "verdadera política de Estado, central transversal y con carácter estable"

En dicho acto, Montero ha destacado que este acuerdo es "el único pacto de Estado que se ha actualizado y reforzado" en la última legislatura, dado que "un amplísimo porcentaje de las medidas están en fase de cumplimiento o cumplidas, por lo que estamos dando pasos de gigantes". Aun así, ha asegurado que no hay que caer en la "autocomplacencia" porque mientras una mujer "sufra violencia, el pacto tendrá vigencia", por lo que ha emplazado al futuro Gobierno a seguir "profundizando" en el Pacto y en la lucha contra la violencia machista.

A su vez, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha subrayado que muchas de las actuaciones llevadas a cabo en los últimos cuatro años han "desbordado" el cumplimiento del pacto, como la aprobación de la 'ley sí es sí', que contempla una atención integral a las víctimas de las violencias sexuales, mientras que el Pacto incluía unas pocas medidas sobre esta violencia.

Por todo ello, en el Ministerio de Igualdad están satisfechas de que el Pacto, que no era únicamente "un catálogo de medidas", haya pasado a ser, en la última legislatura, una "verdadera política de Estado, central, transversal y con carácter estable".

Los pilares que han contribuido a que el acuerdo se "institucionalice" y forme parte de labor intrínseca contra la violencia machista llevada a cabo por el Gobierno son dos: por un lado, el amplio paquete de medidas legislativas aprobadas, entre las que destaca la controvertida ley 'sí es sí' contra las violencias sexuales, la reforma de la ley del aborto (que reconoce como violencias el aborto forzado o la gestación subrogada) y la ley de protección a la infancia.

Los fondos

Estas leyes cumplen con los compromisos internacionales y con el propio Pacto, que mandatan a España a abrir el foco y no solo prevenir y proteger a las víctimas de la violencia de género, sino también a las víctimas de todas las agresiones machistas. Además, el segundo pilar que ha convertido al Pacto en una política de Estado es el compromiso de estabilidad financiera 2023-2027, que garantiza los fondos para llevar a cabo las medidas y lleva aparejado un catálogo de referencia de estándares mínimos que tienen que cumplir todas las comunidades, que tienen muchas de las competencias.

Además, se han puesto en marcha acciones que van más allá del Pacto, como la decisión de celebrar comités de crisis cada mes que se superen los cinco asesinatos machistas o la apertura de centros de crisis 24 horas que atiendan a las víctimas de las violencias sexuales. Los fondos para este punto de atención integral proceden del Plan de Recuperación de la UE, en el que España ha incluido la Igualdad como uno de sus ejes. Debían estar listos en diciembre de este año -y en algunas provincias ya están en marcha- pero las comunidades han pedido una prórroga, que la UE ha concedido hasta diciembre de 2024.

Igualdad considera que, teniendo en cuenta las medidas cumplidas y en proceso, la Administración General del Estado ha cumplido con el 96,8% de las medidas (190 cumplidas y 85 en proceso) y solo quedan 3,2% pendientes (9). Además, hay otras 6 medidas del Pacto que son competencia de autonomías o ayuntamientos.

Las medidas pendientes

Entre las medidas estatales pendientes, la mayoría corresponden al Ministerio de Justicia y una a la cartera de Sanidad. Entre las primeras, destaca que no se ha reformado el Código Penal para suprimir los atenuantes de confesión o de reparación del año, mientras que Sanidad tiene pendiente que en las oposiciones de los profesionales sanitarios se incluyan materias sobre género y prevención de las violencias, aunque estos contenidos sí se han incorporado a los currículos y se realizan formaciones para los profesionales en ejercicio.

Otra de las grandes medidas que está "en proceso" y, por tanto, aún no ha llegado al BOE, es la aprobación de la ley contra la trata, que se ha quedado en fase de anteproyecto y que dada la complejidad que entraña, porque es un delito que traspasa las fronteras españolas, podría ser retomada por el nuevo Gobierno.