Los retos pendientes de Igualdad en Canarias durante 2024

Frenar los feminicidios y reducir los datos de violencia machista en las Islas. Es la demanda más urgente de la Red Feminista de Gran Canaria para este año en el Archipiélago. La autonomía registra la tasa más alta de España de feminicidios entre 2003 y 2022. El año pasado, hubo que lamentar cinco asesinatos machistas; en total, son 106 desde que hay registros. Además, la comunidad también se sitúa entre los puestos de cabeza de la escala nacional en la tasa de llamadas al 016. En cuanto al número de casos bajo seguimiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superaron los 5.500 a finales de año.

Formación y prevención

La Red Feminista de Gran Canaria considera fundamental la formación y concienciación en prevención de la violencia machista, especialmente, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los operadores jurídicos, de forma obligatoria. En este sentido, reclama un mayor compromiso para la detección y denuncia de casos desde ámbitos como la Educación y la Sanidad. El colectivo suma la reclamación del cumplimiento del protocolo interinstitucional de atención a mujeres víctimas de violencia de género, un plan de acciones de atención, prevención e intervención específico para hombres agresores y el desarrollo de la educación sexual integral, afectiva y feminista, una acción "incluida en la proposición no de ley sobre los derechos sexuales y reproductivos aprobada por el Parlamento canario en octubre de 2018".

La directora del Instituto Canario de igualdad (ICI), Ana Brito, anunció en una entrevista al poco de acceder al cargo que uno de sus objetivos es introducir la asignatura de igualdad en el ámbito educativo, desde primaria hasta los estudios superiores. Además, la Consejería de Bienestar Social, en la que se integra el ICI, ha vaticinado una batería de medidas en este ámbito destinadas a mejorar la atención a las víctimas a través de la prevención, la sensibilización y el asesoramiento. En el ámbito sanitario, el Ejecutivo comunicó que a partir de enero se actualiza el protocolo de Atención Primaria para detectar y atender posibles casos.

Recursos

Este uno de los puntos que la Red Feminista de Gran Canaria considera imprescindible para luchar contra la violencia machista: que el ICI pueda contar con una dotación presupuestaria y de recursos humanos suficientes para gestionar "de forma realista y eficiente" las ayudas a las víctimas, las subvenciones a asociaciones, en las que se apoya el Gobierno para instrumentar políticas, así como incrementar el personal de los servicios municipales. En este punto, Nayra Marrero, una de las portavoces del colectivo, recuerda que para los presupuestos de este año se han reducido los fondos destinados a igualdad. Aunque la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, defendió la aprobación de un "presupuesto real" al que se añadirían dos millones del Estado, Marrero matiza que independientemente de lo que venga del Gobierno central, sigue existiendo "una merma" para el presente año, por lo que muestra su desconcierto de cómo articularán las políticas para atender a las víctimas de violencia machista con menos fondos. “No se puede mejorar la situación si se recorta. Las víctimas no pueden rehacer sus vidas si siguen teniendo dependencia económica de sus agresores. No nos podemos permitir tener menos financiación”, insiste. 

Leyes

Uno de los compromisos que debe asumir Canarias, al igual que el resto de autonomías, es el de desarrollar las normas estatales aprobadas la pasada legislatura, como la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (solo sí es sí). En base a esta norma, todas las comunidades deben crear, al menos, un centro de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual en cada provincia. Aunque se había marcado un plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, este se amplió hasta el mismo día de este año. El Gobierno de Canarias se ha comprometido a poner en marcha cinco, ubicados en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, así como la presencia de una profesional de referencia en El Hierro y La Gomera, en el plazo estipulado. De forma adicional, desarrollará diagnósticos sobre las distintas violencias sexuales para conocer su incidencia en las Islas.

También se prevé desarrollar la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, también denominada reforma del aborto. Al respecto, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, anunció el pasado mes de octubre que ya se había dado el primer paso para ponerla en marcha con un protocolo de actuación en los hospitales públicos de cara a poder atender las peticiones de interrupción del embarazo que posibilita la nueva normativa, ya que en las Islas se derivaban a las clínicas concertadas. El Hospital Universitario Materno-Infantil, en Gran Canaria, ya cuenta con una consulta en el Servicio de Ginecología y Obstetricia con el que se espera poder atender a 1.500 mujeres al año. La Consejería indica que en Tenerife se está avanzando en el mismo sentido.

Conciliación y cuidados

La Red Feminista de Gran Canaria demanda mejoras en materia de conciliación y cuidados, especialmente en dependencia, en la atención a la discapacidad y la primera infancia para que no recaigan solamente en las mujeres. En este ámbito, el Gobierno de Canarias cuenta con dotación del Ejecutivo central para llevar a cabo el denominado Plan Corresponsables para atender estas realidades, financiando a los ayuntamientos o entidades sociales del sector. En 2023, la dotación económica ascendió a 9,5 millones de euros y, para 2024, la Consejería de Bienestar Social aseguró que, en caso de no contar con fondos estatales, la autonomía buscará otras alternativas para mantener la iniciativa.

Las kellys

Para la Red Feminista de Gran Canaria, una tarea pendiente de la comunidad autónoma es atender las demandas de las camareras de piso, porque también son demandas "del feminismo canario". Así, aboga por la aplicación de coeficientes reductores para optar a la jubilación anticipada con pensiones decentes; el reconocimiento de enfermedades profesionales relacionadas con su actividad y el rechazo a la externalización, con "la modificación del artículo del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad de contratación y la incorporación a la misma de la llamada Ley Kelly para impedir la cesión ilegal de trabajadoras".

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