Dieciséis familias pagan la reserva de sus pisos en Valencia y los encuentran okupados

La ocupación de un edificio de nueva construcción en Quart de Poblet, en Valencia, ha dejado a dieciséis familias en la calle tras haber pagado la reserva. Se trata de un bloque de viviendas ubicado en el número 23 de la calle Desiderio Gallego Moya cuya construcción se remonta a principios de los 2000, pero que tras quebrar la promotora permaneció abandonado hasta que la Sareb adquirió la propiedad la promoción.

Según han confirmado a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de la gestora de activos, la ocupación de las viviendas se produjo hace poco más de un mes, cuando la sociedad estaba culminando los trabajos de adecuación para poder comercializarlas. De hecho, estaban en proceso de reserva y varias familias ya habían pagado unos 7.500 euros para hacerse con la titularidad de una de estas casas. 

Así lo indica una de estas personas afectadas, que prefiere mantenerse en el anonimato ya que está intentando negociar con la Sareb la devolución de este importe "porque no tenemos ninguna garantía de cuando vamos a poder entrar en la casa. Menos mal que no había firmado la hipoteca". A este respecto, desde la Sareb afirman que ya han denunciado los hechos y subrayan que actualmente están analizando la situación para poder ofrecer una solución "tanto a los afectados como a los propios ocupantes". 

La policía refuerza su presencia

Este escenario ha alterado la convivencia en la zona ya que ha avivado el miedo de muchos vecinos, que temen que sean sus hogares los próximos en ser asaltados. Una de ellas es Rosa, una mujer que vive a escasos metros del edificio, que aunque matiza que por el momento "los okupas no están generando grandes altercados", no esconde su inquietud. a ocupación de un edificio de nueva construcción en Quart de Poblet ha dejado a dieciséis familias en la calle tras haber pagado la reserva. Se trata de un bloque de viviendas ubicado en el número 23 de la calle Desiderio Gallego Moya cuya construcción se remonta a principios de los 2000, pero que tras quebrar la promotora permaneció abandonado hasta que la Sareb adquirió la propiedad la promoción.

"Nos sentimos más inseguros porque tenemos miedo de que se haga un efecto llamada y que un día sea nuestra casa la que se haya ocupado", señala la mujer, que además se queja de los exhaustivos controles que está llevando a cabo a diario la policía para identificar a los ocupas. "Nos piden el DNI todos los días como si fuéramos nosotros los ilegales. Nos tienen controlados y la situación es muy incómoda".

Familias en exclusión social

Y es que para garantizar la seguridad en la zona, y tras recibir varias quejas vecinales, el consistorio ha reforzado la presencia policial "y cada día hay cuatro patrullas de policía al principio de la calle", cuenta una comerciante de la zona. Pero es que al tratarse de una propiedad privada las competencias del ayuntamiento están muy limitadas. En este sentido, además de reforzar los controles han visitado el edificio para tramitar los informes técnicos relativos a la seguridad de las instalaciones eléctricas y la presencia de los menores para dejar constancia a los servicios sociales, según aseguran Alba y José Vicente, dos de los residentes ilegales en la finca y confirman fuentes municipales.

Por su parte, este diario ha podido hablar con los ocupas, que aseguran que "antes de entrar a las casas nos informamos de que no fueran de particulares". En este sentido, explican que en el edificio están viviendo cerca de una docena de menores y manifiestan su intención de abandonarlas "si nos ofrecen un alquiler social. Solo queremos darle un techo a nuestros hijos", aseveran.

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