El caso Atrio llega al Supremo y los condenados cumplen once meses en la cárcel

El caso Atrio llega al Supremo. La defensa de los condenados por el robo millonario al hotel de Cáceres confirma que ha presentado el recurso de casación ante el alto tribunal después de que la instancia anterior, el Tribunal Superior de Extremadura (TSJEx) desestimara en mayo su alegación y diera la razón a la Audiencia Provincial, que los condenó tras el juicio a cuatro años de prisión. 

Sylvia Córdoba, la mediática abogada de los ya condenados como autores, Priscila Lara Guevara y Constantin Dumitru, continúa el recorrido de la causa en los tribunales, tal y como avanzó desde un principio, cuando se cumple prácticamente un año en el que se produjeron las detenciones. Fue en el mes de julio cuando en un operativo policial europeo y tras meses de seguimiento los agentes detuvieron en la frontera de Croacia a ambos acusados del robo.

Desde entonces han permanecido en prisión preventiva. De hecho, fueron trasladados tras su detención a Madrid y más tarde a Cáceres, donde fueron interrogados en agosto. Tras declarar, la jueza decretó su ingreso en la cárcel, donde han permanecido hasta ahora. Cumplen este mes de junio once meses entre rejas. En relación a este asunto, la ley contempla, y confirma la propia letrada a este diario, que el periodo de prisión preventiva puede prolongarse hasta un máximo de dos años. 

Por lo que si el Supremo no se pronuncia hasta dentro de un año, deberán, hasta que el juzgado no diga lo contrario, continuar entre rejas. Sí confió, en declaraciones a este diario, Córdoba en que el alto tribunal emita su fallo antes de que expire ese periodo. En cualquier caso, lo más probable es que el dictamen de la Sala se prolongue al menos durante unos meses, como ocurre con la media de las causas. Según los datos que maneja el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tiempo estimado de respuesta del Supremo es de ocho meses. 

Lo cierto es que con respecto a esta causa si hay algún aspecto a destacar es la rapidez de la instrucción. Desde que fueron detenidos por el robo millonario de las 45 botellas de vino, Priscila y Dumitru, la jueza de guardia tramitó las diligencias para interrogarlos en el plazo de un mes y la instrucción concluyó también con insólita agilidad en un plazo de escasos cuatro meses en los que se interrogó a los trabajadores y a los dueños. En noviembre la fiscalía hizo público su escrito de acusación. Hasta el momento, no se había conocido el valor real de las botellas y fue el ministerio público el que puso sobre la mesa una cantidad inicial, 1,5 millones basándose en el valor de la carta. La fiscal pidió una pena de cuatro años por el robo con el agravante y una indemnización millonaria. 

Se daba la circunstancia de que hacía meses que los propios dueños del hotel se habían desvinculado de la causa debido a que ya habían cobrado la indemnización de su aseguradora, que superó los 700.000 euros. Esto determinó que en el juicio fuera la compañía de seguros la que compareciera como afectada y no los propietarios del hotel. Sí tuvo que declarar uno de ellos, José Polo, durante el juicio pero lo hizo en calidad de testigo, como ocurrió con el resto de trabajadores. 

El juicio se prolongó durante tres jornadas y siguiendo esa dinámica de agilidad de la Audiencia Provincial, la Sala se pronunció en apenas dos días y condenó a ambos a lo que pedía la fiscalía, cuatro años y medio de cárcel para Dumitru y cuatro años a Priscila Lara Guevara. Su abogada anunció que recurriría la condena. Así lo hizo y el alto tribunal extremeño se pronunció en cuestión de semanas. En mayo ratificó la condena de ambos y el pago de la indemnización a la aseguradora por los vinos robados, entre ellos el famoso Chateau D’Yquem.

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