Estudiar el caso

La Fiscalía investiga a 26 menores por los ‘desnudos’ de Almendralejo

Solo 5 tienen menos de 14 años y, por tanto, inimputables. Al resto se les podrá exigir responsabilidades penales

También la agencia de protección de datos les ha abierto ya expediente. Podrían multarles con 10.000 euros

Un menor con un teléfono móvil, en una fotografía de archivo.

Un menor con un teléfono móvil, en una fotografía de archivo. / EL PERIÓDICO

Sira Rumbo Ortega

La sección de menores de la Fiscalía Provincial de Badajoz investiga a 26 menores por su presunta implicación en el caso de los falsos desnudos de menores de Almendralejo creados con una aplicación de Inteligencia Artificial (IA) y en el que hay una treintena de niñas afectadas. Ya ha incoado el expediente de reforma que es lo que implica el inicio de la investigación en el caso de la jurisdicción de menores. El objetivo ahora es conocer qué grado de participación ha tenido cada uno de ellos en los hechos para confirmar los delitos que les puedan ser imputados. Así lo reconoció ayer a este diario el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero: "Habrá que ver cuál es la participación de cada uno en los hechos porque no es lo mismo recibir (las imágenes) que guardar o hacer uso de ellas transmitiéndolas a terceros, por eso es importante comprobar cuál es el rol de participación de estos hechos, que no tenemos duda de que son delictivos", explicó.

Esos estudios iniciados ya por el Ministerio Público irán también orientados a confirmar quiénes se encargaron de crear los falsos desnudos aunque, según insistió Montero, no solo han delinquido los que falsearon las imágenes, sino todos: "Eso (la creación de los desnudos) es el inicio del ‘iter criminis’ (locución latina que significa el camino del delito, muy utilizada en derecho penal), pero esto no se agota en la creación de la fotografía porque la mera tenencia en un dispositivo electrónico, como un móvil o un disco duro, de fotografías pornográficas relativas a menores de edad, es delictivo. Pero además es agravado si esa tenencia la distribuimos a terceras personas", recordó el fiscal superior.

La mayoría tiene más de 14 años

A la mayoría, además, se les podrá exigir responsabilidades penales dentro de lo que regula la ley del menor, pues de los 26 solo cinco tienen menos de 14 años y por tanto inimputables. Con estos últimos, como ya explicó este diario, la Fiscalía tendrá que archivar la causa pues la legislación estima que no tienen capacidad suficiente como para poder pedirles una depuración de responsabilidad penal. Se dará traslado de las diligencias a la Junta de Extremadura, administración competente en materia de protección de menores, por si fuera necesario dictar alguna medida de protección con respecto a ellos. Esto se hará en el caso de que los servicios sociales estimen que los hechos delictivos cometidos pueden ser consecuencia de su situación familiar o social.

El resto, 21 en total, tienen edades comprendidas entre los 14 y los 17 años y por tanto responsables penalmente, según recoge la ley. "Es un acto ilícito, es un delito. Ahora vamos a estudiar qué circunstancias hay y qué delito es. Esto lleva aparejado una responsabilidad que se depura no con arreglo al código penal sino con arreglo a la ley de responsabilidad penal del menor del año 2000", incide Montero. Eso significa que a estos presuntos autores no se les impondrán penas como ocurriría con un adulto, sino medidas que pueden ir desde una mera reprensión hasta trabajos en beneficio de la comunidad, seguimiento de cursos, terapias ocupacionales o, en los casos más graves, hasta 8 años de internamiento en centros de menores. Si fueran mayores de edad la condena para estos hechos conllevaría penas privativas de libertad.

"Habrá que ver ahora cuál es la participación de cada uno en los hechos. No es lo mismo crear las imágenes que guardarlas o difundirlas, pero todo es delito"

Francisco Javier Montero Juanes

— FISCAL SUPERIOR DE EXTREMADURA

La investigación se centrará ahora en recibir declaración a los menores implicados así como en la práctica de diligencias sobre los teléfonos móviles y periciales sobre las fotografías. Además se solicitarán informes psicológicos, educacionales y de los colegios a los que acuden estos menores. "Las medidas contempladas para los menores no van orientadas a castigar sino a comprobar por qué ha ocurrido, en qué circunstancias y cuál es el déficit en la personalidad de los menores para que justifique la ocurrencia de estos hechos. Lo que se persigue es no perjudicarles en su evolución integral porque ingresar en un centro de menores en ocasiones puede ser necesario e incluso beneficioso pero en otras puede ser contraproducente, por lo tanto comprobar por qué han ocurrido los hechos es importante para que la medida que se adopte no sea represora sino más bien protectora y de prevención para el futuro", explica el fiscal superior.

Los padres, responsables civiles

Además de la penal también se les podrá exigir responsabilidad en el ámbito civil, por los daños y perjuicios ocasionados. En este caso serán los padres o tutores los que respondan de forma subsidiaria ya que ellos, al ser menores, no tienen "capacidad jurídica". "Los padres somos siempre responsables subsidiarios civilmente de los hechos que cometen nuestros hijos menores de edad y que generen perjuicios", subraya Francisco Javier Montero.

Paralelamente también ha abierto una investigación de oficio la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que podrá imponer sanciones administrativas a los presuntos autores que oscilan entre los 5.000 y los 10.000 euros, máximo fijado por este organismo para multas de particulares.

El año pasado ya sancionó por unos hechos parecidos. En este caso el infractor, menor de 16 años, comenzó a hablar con una niña de 13 en una red social, con la que entabló una relación en la que la menor llegó a enviarle vídeos y fotos de carácter íntimo. Pasado un tiempo, exigió a la niña que le siguiera mandando fotos y vídeos, pero como ella se negó, éste la amedrentó diciéndole que subiría a las redes sociales las fotos y vídeos que ya tenía. La menor, ante el temor de que su imagen se difundiera en redes y llegara a sus conocidos, accedió a enviárselos, según la agencia. Finalmente "se ordenó al infractor la eliminación de cualquier dato personal de la niña y este organismo le impuso una sanción de 5.000 euros por realizar un tratamiento ilícito de los datos de la niña". Como era menor de edad, la multa la pagaron los padres. 

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