Prohibido llevar pistolas a bordo: Ryanair condenada a pagar compensación a dos policías por impedirles embarcar con armas de servicio en un vuelo a Canarias
A pesar de estar en servicio y cumplir con todos los requisitos legales para transportar sus armas, la compañía negó su acceso al avión
Un juzgado de Madrid ha emitido una sentencia condenatoria contra la aerolínea de bajo costo Ryanair, ordenando el pago de 1.836 euros a dos policías a los que se les impidió embarcar en un vuelo desde Tenerife hasta la capital española el 28 de julio de 2022. A pesar de estar en servicio y cumplir con todos los requisitos legales para transportar sus armas, la compañía negó su acceso al avión.
El fallo, emitido por el juzgado de primera instancia número 5 de Madrid, también establece que Ryanair deberá compensar los daños morales sufridos por los agentes. Aunque la aerolínea accedió a pagar 1.436,86 euros por los daños materiales, se negó a cubrir los 400 euros solicitados por los demandantes por daños morales, alegando que estaban dentro de las compensaciones establecidas en las regulaciones europeas.
Sin embargo, la magistrada a cargo del caso ha dejado claro en su sentencia que la indemnización por daño moral puede otorgarse independientemente de las cantidades establecidas en las regulaciones, citando una decisión previa del Tribunal Supremo. Destaca además que la denegación del embarque injustificada ocasionó a los policías fatiga física y mental, así como la necesidad de incurrir en gastos adicionales, perder un día de trabajo y pasar una noche en otra ciudad.
“Práctica abusiva”
Los abogados de los agentes, representantes del sindicato policial Jupol, han calificado la actuación de Ryanair como una "práctica abusiva", especialmente considerando que los policías contaban con toda la documentación reglamentaria y solo estaban realizando su trabajo.
Cabe destacar que la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia número 5 de Madrid puede ser objeto de recurso. No obstante, este veredicto resalta la importancia de garantizar el respeto a los derechos de los pasajeros y el cumplimiento de las normativas establecidas en el transporte aéreo, incluso en situaciones donde se involucren funcionarios en servicio.
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