La huelga de letrados colapsa los juzgados de lo Social en Canarias a seis o siete meses vista
En las islas se han suspendido unos 2.800 juicios por derechos laborales o relacionados con la Seguridad Social
Concentración de los letrados de la administración de justicia (laj) este miércoles ante la Ciudad de la Justicia. / LP/DLP
La huelga de los letrados de la administración de justicia (LAJ) ha colapsado los juzgados de lo Social en Canarias. La mayoría de los existentes (25) secunda el paro indefinido, según los convocantes. De esta forma, muchas de las cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores o con la Seguridad Social, siempre y cuando no impliquen vulneración de derechos fundamentales, no se están tramitando desde que se iniciara la protesta hace casi dos meses. Lo que se une a la importante carga que ya arrastraban a causa de la pandemia y sus consecuencias en el mercado laboral, principalmente los pleitos vinculados a los ERTE.
Según los datos que manejan los propios letrados, se han suspendido unas 1.800 vistas en la provincia de Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la cifra es de 1.017 juicios. Esto supone la mitad del total de las causas que se han visto afectadas por el paro, que cumple ya 51 días de reivindicaciones. Estas son: adecuar el salario al incremento de sus funciones, una mejor representación del colectivo en las cuestiones que le afecten y que desaparezca del reglamento orgánico el requisito de consolidación para su profesión.
Nueva jornada de concentración de los letrados de la administración de justicia en la provincia de Las Palmas. / Juan Carlos Castro
Para recuperar una relativa normalidad, estiman que podrían tardar entre seis y siete meses en volver a señalar todo aquello que se ha suspendido en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, y un tiempo imposible de determinar, porque depende de muchos factores, en Santa Cruz de Tenerife.
Rebeca Parrado, letrada del Juzgado de lo Social 6 de Las Palmas de Gran Canaria, comenta que, además de ello, «una vez se desconvoque la huelga, se seguirán produciendo suspensiones unas semanas después». Ello se debe a que en la jurisdicción social es posible solicitar pruebas de cara al juicio hasta cinco días antes de que se celebre, por lo que la gran carga de escritos que se han acumulado hará que muchas de esas peticiones no se puedan tramitar a tiempo.
"Ritmos distintos"
«Este excedente, por los días de juicio que celebramos habitualmente, no tiene cabida fácil en la agenda de los próximos meses», apuntó, por su parte, Antonio Revert, letrado del Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. En su opinión, el principal problema de toda la situación es cuándo podrán reubicar lo que se ha suspendido, teniendo en cuenta que esta jurisdicción «tiene ritmos distintos» en base a lo urgente del procedimiento que se siga. Y recalcó que en el caso de su juzgado, en el último trimestre de 2022 (último boletín estadístico que existe) se resolvieron más asuntos por el Letrado de la Administración de Justicia que por las Magistradas -juezas (porque en ese periodo, además, actuaban dos juezas, puesto que se adscribió una de refuerzo): en concreto, 160 decretos finales del LAJ (aprobando acuerdos de conciliación previa la mayoría, más otros decretos finales) frente a 144 resoluciones finales de las juezas (sus sentencias más sus autos).
Una mujer sujeta una pancarta de '¡Lo pactado se cumple!' a las puertas de la sede del Ministerio de Justicia, en una imagen de archivo. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Esta situación, admitieron, está causando un «grave destrozo» en lo Social, ya no solo a la ciudadanía en su conjunto, sino también al resto de operadores jurídicos. Parrado insistió en que la voluntad del colectivo es la de resolver la situación cuanto antes, pero que el Ministerio de Justicia «no ha vuelto a convocar al comité de huelga» ni ha respondido a la última de las contrapropuestas que presentó por correo electrónico.
Manifiesto
Las abogadas y abogados de Las Palmas identificados al pie de este escrito, nos dirigimos a esa Junta de Gobierno a fin de ponerles de manifiesto lo siguiente:
1. Más de 1.500 letrados de la Administración de Justicia (LAJ), tras mes y medio en situación de huelga, han demostrado su firme intención de mantenerla el tiempo necesario hasta obtener un acuerdo, prolongándola indefinidamente caso de no alcanzarse.
2. La falta de acuerdo está provocando un gravísimo perjuicio, cada vez más teñido de irreparable, del derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva y a contar con un sistema público que persiga una justicia efectiva y accesible, defensora de los derechos en el marco de la presente desigualdad social.
3. A día de hoy se ha llegado a las 371.000 demandas pendientes de reparto. Los juicios y vistas suspendidos alcanzan los 311.500. Hay ya 6.000 millones de euros consignados en los Juzgados paralizados en su abono a sus destinatarios.
4. El Ministerio de Justicia adquirió unos compromisos con este colectivo en abril de 2022. Es un hecho no controvertido reconocido por ambas partes, que estos acuerdos tras más de un año, no han sido cumplidos. Y que de cumplirse lo que tanto esfuerzo costó pactar en aquella fecha, el conflicto se resovería de inmediato.
5. El Ministerio de Justicia culpa de su incumplimiento al Ministerio de Hacienda.
6. Y ante todo ello, la escasez y pereza en convocar las necesaria reuniones de negociación, insistiendo en la habitual técnica de cancelar a la otra parte en conflicto, se denota como agresión al derecho constitucional de promoción mediante el trabajo y a la negociación colectiva.
7. El Gobierno afirma que los LAJ reclaman una subida salarial de 1.100 euros para cada uno de sus miembros. Y los LAJ responden que jamás se podrá encontrar esa propuesta en ninguna reclamación formulada por el colectivo ni en los Acuerdos de Abril de 2022. Los LAJ insisten en que no existe ninguna línea roja por su parte en esa cantidad. Es obvio que en los grandes conflictos, la verdad es la primera damnificada. No obstante ello, los LAJ muestran los pactos y los números y el Ministerio de Justicia la excusa de que Hacienda es la que no quiere.
8. Embarcarse en la lucha por la justicia salarial, utilizando el legítimo instrumento de la huelga, a fin de conseguir que se remunere de manera equitativa y satisfactoria a todos los trabajadores dentro de una organización, de forma que estos satisfagan sus necesidades y las de su familia a la vez que perciben que sus esfuerzos y habilidades son compensados adecuadamente, es algo que redunda de manera decisiva en la conquista de la justicia social y del progreso de la sociedad.
9. Han sido muy escasas reuniones para trabajar en el acuerdo. Si el objetivo del Ministerio es humillar a los LAJ, debe tener muy presente que «la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido», como dijrera Friedrich Nietzsche. Si el colectivo LAJ sale ultrajado, vejado o burlado de este conflicto, no hace falta mucha imaginación para pensar en el desmoralizado ambiente de trabajo y en consecuencia el derrumbe de eficiencia y productividad que se habría provocado en los Juzgados.
10. Que se negocie con intensidad y lealtad, con transparencia en lo que se pide y en lo que se está dispuesto a aceptar, cuantificando hasta el último detalle, es la única vía de resolver este grave conflicto.
11. Consideramos una buena propuesta para avanzar, la que se extiende como la pólvora por los foros de los operadores jurídicos: Que el Gobierno convoque inmediatamente la mesa de negociación, con presencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con presencia en calidad de observadores/mediadores de representantes de las organizaciones sindicales y patronales, las asociaciones de jueces y magistrados y fiscales y de las organizaciones colegiales de abogados y procuradores. Y que estas reuniones no se levanten hasta que se logre el acuerdo.
12. Se pretende con ello que los usuarios del servicio público de la Administración de Justicia y restantes operadores (abogados, procuradores, funcionarios …), dejen de seguir siendo utilizados como rehenes en este conflicto y que las reivindicaciones salariales de quienes en él trabajan, tenga justa satisfacción.
SOLICITAMOS a esa Junta de Gobierno someta a su deliberación lo aquí planteado y adopte acuerdo aprobándolo en su caso, elevándolo al Consejo General de la Abogacía y Presidencia del Gobierno del Estado para su toma en consideración.
Situación "dramática" e "incomprensible"
El decano del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, Fermín Ojeda, lamenta que existan «casos muy flagrantes, en los que es necesaria la celebración de esos juicios para poder conceder las prestaciones que los trabajadores reclaman». En lo que respecta a su situación profesional, estos expertos en relaciones laborales, recursos humanos y economía laboral se ven sin la posibilidad de cobrar, ya que suelen percibir una remuneración en función de las vistas a las que acuden, pero también por la carga de trabajo que se presupone tendrán una vez se desconvoque el paro.
Los letrados, en una concentración ante el Palacio de Justicia de San Agustín, en una imagen de finales de febrero. / Juan Carlos Castro
Opinión que comparte la abogada y graduada social Belén García, quien califica la situación de «dramática». «Son causas de invalidez, de despidos, personas que están muy dañadas por estos casos y en temas muy sensibles. Hay casos que se demoran más de un año en ser señalados, y si ahora se suspenden, tardarían un año más en ponerse en funcionamiento», asevera. De hecho, su opinión es que el horizonte será todavía peor que tras la crisis del covid, porque en esta ocasión no se han tomado medidas añadidas para garantizar un mejor funcionamiento. «Esta incertidumbre quizás provoque algún ERTE de fuerza mayor en despachos grandes, porque si no hay juicios, no se pueden sostener», concluyó.
Hasta ayer, había 6.468 actuaciones, juicios y comparecencias suspendidas por la huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según los datos de los letrados. En Las Palmas, son 4.186 las diligencias sin practicar, 6.869 demandas sin incoar, 19.080 escritos sin tramitar y 6,6 millones de euros paralizados.
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