El incremento de las retribuciones al turno de oficio no cambia su agenda de presión en Canarias

Los abogados del turno de oficio de Canarias mantendrán sus reivindicaciones y su agenda de presión pese a la medida anunciada este martes por el Gobierno de Canarias por la que aumenta sus retribuciones en dos cuestiones. Por un lado, las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales por los juzgados de instrucción. Por el otro, clarifica la anterior instrucción sobre la aplicación del Turno Especial de Extranjería. Estos avances, que el colectivo celebra, son solo "el primer paso" de los asuntos que quieren que se resuelvan, por lo que instan al Ejecutivo regional a seguir negociando.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario aprobó una resolución con la que pretende mejorar las retribuciones de los abogados y procuradores por varias de sus actuaciones en la asistencia jurídica gratuita. La partida presupuestaria para ello, en el año en curso, ascenderá a los 23 millones de euros. El departamento que dirige el socialista Julio Pérez ha dictado nuevas instrucciones y criterios de certificación para aplicar de una manera homogénea los módulos y bases de composición económica por el trabajo de estos profesionales del Derecho.

El portavoz de los abogados en Gran Canaria, Tomás Ruano, indicó a este periódico que la resolución del Gobierno de Canarias llega después de "años de demandas" en lo que a los abonos por procedimientos que se archivan se refiere. También se mostró conforme por las nuevas indicaciones para el Turno Especial de Extranjería respecto al número máximo de personas a las que puede atender un letrado del turno de oficio en este tipo de situaciones -seis-, no así en otras cuestiones. Lamenta que se concentre "en un solo pago muchísimas actuaciones que deben ser abonadas por separado y de manera justa".

"El último eslabón de la Justicia"

Ruano explicó que la justicia universal "cada vez tiende a cubrir más personas", pero que a los abogados no se les trata "de una manera digna" en referencia con ese incremento de la asistencia jurídica gratuita. "Muchos de los trabajos que hacemos, los hacemos gratuitamente por imposición del Gobierno de Canarias. Los hacemos, obviamente, pero nos sentimos el último eslabón de la Justicia", criticó el portavoz de los letrados.

Los abogados del turno de oficio de Canarias reclaman un "trato digno" a la Administración

Entre las cuestiones que siguen realizando gratuitamente, están los procedimientos de ejecución judicial, las ejecutorias, varios tipos de recursos -súplica, suplicación, reforma...-, ruedas de reconocimiento, inhibiciones, exhortos o que no se abone el exceso o saturación de letrados asignados en las guardias. Pretensiones todas ellas que no están satisfechas. "Hay que sentarse en la mesa a negociar y no nos podemos levantar hasta que se solucionen todos estos asuntos, que no solo implican al Gobierno de Canarias en la cuestión del día a día, sino también al Ministerio de Justicia en el fondo de la normativa propia que debe aprobarse para nuestra función", aseguró Ruano.

Los cambios del Ejecutivo autonómico

Sobre las retribuciones por las causas que se archivan o sobreseen -provisional o libre- en los procedimientos penales, el Gobierno de Canarias establece que se deberán abonar por el concepto "de "procedimiento abreviado con conformidad en instrucción", del apartado I. Jurisdicción Penal, de los módulos y bases de compensación económica de los profesionales de la abogacía.

También define el criterio por el que se deben retribuir las incompatibilidades con el letrado de guardia, que se llevará a cabo por el concepto "asistencia ordinaria", del apartado IX. 1. Guardias, de los citados módulos y bases de compensación económica.

Conflictos en la Administración de Justicia

Los abogados del turno de oficio se concentraron en abril ante distintas sedes judiciales del Archipiélago para reclamar ese "trato digno" que demandan de la Administración. En ese momento, insistieron en que solo era una concentración, no una huelga, pero no cerraron la puerta a que se pudieran producir paros si no se satisfacen sus reivindicaciones. Estas movilizaciones se suman a las de los funcionarios de la Administración de Justicia que este martes tuvieron una nueva jornada de huelga general -la quinta de las siete programadas este mes- para solicitar un aumento de sus retribuciones y que se les tenga en cuenta en la reforma de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

Ello se suma a la amenaza de huelga, todavía vigente, de los jueces y fiscales, que podría confirmarse desde el próximo lunes.

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