Rafael Massieu: "Todo el mundo quiere que la solución de sus problemas se la dé un juez"

¿Cuál va a ser su función a partir de ahora como presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados?

Lo que hago en realidad es liderar el equipo que formamos el Consejo Canario de Colegios de Abogados. Somos los cuatro decanos canarios y los representantes de la Junta de Gobierno de los cuatro Colegios que lo componen. ¿Qué hacemos nosotros? Representamos la abogacía y tenemos como cuestión más importante la relación con las instituciones y, en particular, con la Consejería de Justicia.

¿Qué retos se le presentan por delante?

El primer reto que tenemos es la recuperación del poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos 14 años con los baremos de la Justicia gratuita. Desde el año 2010 no se actualizan y estamos en conversaciones y negociación con la Consejería para recuperar ese poder adquisitivo. Esperamos conseguirlo y confiamos en que se pueda hacer durante el primer semestre de este mismo año. 

Muchos jueces han manifestado su rechazo por las acusaciones de lawfare vertidas en el Congreso y en el Senado. ¿Los colegios canarios de abogados comparten esa preocupación?

Sí, es preocupante ver cómo en el Parlamento de la nación, que es el poder legislativo más importante si cabe, se profieren una serie de manifestaciones que creo que no dan lugar respecto al poder judicial.

"Es preocupante ver cómo en el Parlamento se profieren unas manifestaciones que creo que no dan lugar respecto al poder judicial"

¿Cree que la confianza en la justicia española ha decaído?

Yo creo que no. Tenemos que tener en cuenta que la administración de Justicia son muchos cientos de miles de juicios cada año que no se ven afectados por estas cuestiones que afectan a los poderes del Estado. Es más, aquí en Canarias, que tenemos nuestro propio Tribunal Superior de Justicia, no nos afecta.

No es la primera vez que asume la presidencia del Consejo. ¿Qué cambios ha encontrado?

La primera ocasión era una situación de emergencia excepcional porque me coincidió con la pandemia de la Covid-19, con lo cual fue un año prácticamente en blanco. Solo pudimos celebrar el primer pleno, pero no se pudo hacer casi nada porque la toma de posesión fue escasos días antes de la declaración del confinamiento. Es una lástima porque trabajamos muchísimo, pero no en lo que queríamos avanzar.

¿En esta ocasión las negociaciones podrán desarrollarse de forma más fluida?

Claro. La verdad es que hemos encontrado, creo, una buena predisposición. Es verdad que hasta que esto no se materialice, hasta que no se firme, no podemos confiarnos, pero pienso que vamos a alcanzar un acuerdo razonable. Siempre me pongo de plazo el primer semestre porque las conversaciones no van todo lo rápido que uno quiere y la Consejería necesita disponer de fondos.

"Con la negociación en la que estamos creo que vamos a resolver el principal problema que tienen los letrados de oficio"

También se encuentra en su segundo mandato como decano del Colegio de Abogados de Las Palmas. ¿Agradece la confianza que han depositado los letrados en usted?

Por supuesto. Es un honor representar a los compañeros, que hayan renovado la confianza es algo que les agradezco mucho. 

Con este mandato se despide de su cargo.

Sí. En la última modificación que hicimos de los estatutos introduje precisamente la limitación a dos mandatos del decanato. Yo creo que es bueno que estas instituciones se renueven. Estoy muy contento de estar aquí, pero tiene que venir un compañero nuevo que traiga sus propias ideas.

Los abogados del turno de oficio llevan manifestándose desde noviembre para exigir mejoras laborales. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan y por dónde pasa la solución?

El principal problema que tiene el colectivo es el que nosotros estamos tratando de resolver y es que las indemnizaciones que perciben por la prestación de sus servicios son muy exiguas. Siempre lo fueron, pero sí tenemos en cuenta que en los últimos 14 años se ha producido una pérdida de poder adquisitivo de un 34%, con mucha más razón tenemos que resolver ese problema. 

¿Cuándo se agrava?

En el año 2020 y sucesivos, por motivo de la pandemia, se paralizó de forma importante la actividad de la administración de Justicia. Se produjeron unos retrasos muy grandes y, si no trabajamos, no podemos minutar nuestros honorarios. Sin habernos recuperado de esa situación, en enero del año pasado se pusieron en huelga diversos colectivos de funcionarios, lo que supuso un agravamiento del problema. Los compañeros que venían mal, ya que una parte importante de nuestra profesión está precarizada, no pueden trabajar y no pueden percibir los ingresos que les corresponden. Eso fue el caldo de cultivo para que los compañeros dijeran: hasta aquí llegamos y necesitamos llamar la atención de las administraciones públicas para que se nos atienda. Con la negociación en la que estamos y la disposición que entendemos que existe por parte de la Consejería, creo que el principal problema que tienen lo vamos a resolver. 

¿De qué incremento estamos hablando?

Nosotros hemos planteado del 30%. En este mandato tenemos que conseguir recuperar absolutamente ese poder adquisitivo que hemos perdido. 

"No estamos acostumbrados a la mediación, al arbitraje ni a la conciliación"

¿Cómo han hecho frente los abogados de oficio al aumento de las peticiones de asilo?

En otras islas se han visto, en esta ocasión, más afectados e incluso desbordados, como en El Hierro, donde hay una cantidad mínima de compañeros que prestan servicios en el turno de oficio y que tienen que acudir desde Tenerife. En Gran Canaria no hemos tenido ese problema. Es verdad que recibimos muchos migrantes, pero con la cantidad de compañeros y con los medios materiales que se dispone hoy, se atiende de forma razonable la asistencia letrada al migrante que llega. No hay que olvidar que nosotros, no hace tanto, pasamos una crisis migratoria brutal. Todos nos acordamos del muelle de Arguineguín. Aquello fue una violación de los derechos humanos, pero por suerte hay veces que aprendemos de la experiencia. Parece que en esta ocasión el Estado ha arbitrado los medios para que la atención sea mínimamente aceptable. 

En estos momentos, ¿cuál es para usted la asignatura pendiente de la profesión?

La verdadera asignatura pendiente es la modernización de la administración de Justicia, que nunca ha contado con los recursos necesarios ni suficientes. Tenemos un ratio de jueces muy inferior a la media europea. Es verdad que desde el Estado están poniendo ciertos medios de modernización, como son las medidas de eficiencia que se han aprobado. El Real Decreto 6/2023 supuso la modernización de la transformación digital de la Justicia y una reforma procesal importante. Nosotros lo recibimos con mucho interés, aunque luego necesitamos la materialización mediante dotación tecnológica, porque todas esas herramientas requieren medios materiales que hay que implantar en todos nuestros juzgados, en teoría antes del fin de diciembre de 2025. Confiamos en que nuestra administración sea capaz de aceptar y afrontar ese reto y salir airoso. 

¿En Canarias se evidencian más estos problemas, teniendo en cuenta que concentra desde hace seis años la tasa de litigios más alta de España?

Efectivamente. Nosotros, sin que sepa exactamente cuáles son las causas, tenemos un índice de litigiosidad muy alto. Más alto que en la Península. En parte puede ser porque somos una zona turística y eso conlleva ciertos movimientos, pero también hay otra causa evidente que afecta a todo el Estado. No estamos acostumbrados a la mediación, al arbitraje ni a la conciliación. Es muy baja en España. Pero debe existir además alguna otra causa y es que todo el mundo quiere que la solución de sus problemas se la dé un juez. Esto conlleva que necesitas poner más medios y no están.

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