La Fiscalía pide una pena de 14 años de cárcel para el presunto patrón de una lancha neumática que se partió en dos al sur de Fuerteventura y provocó el fallecimiento de 13 de las 51 personas que viajaban a bordo. El accidente tuvo lugar el 10 de septiembre de 2023, en uno de los fines de semana con más llegadas de embarcaciones clandestinas por la ruta canaria, con 1.173 migrantes a bordo de 18 cayucos, pateras y lanchas en un margen de apenas 48 horas. El acusado entró en prisión provisional cuatro días después del rescate y el juicio tendrá lugar este jueves ante la Audiencia de Las Palmas.
El Ministerio Fiscal asegura en su escrito de acusación que el encausado, identificado con las iniciales M. N., se encontraba el nueve de septiembre en una playa cercana a la localidad de Tan Tan, en Marruecos, a donde acudió "por encargo de terceras personas desconocidas con el propósito de pilotar una embarcación neumática tipo zódiac hacia Fuerteventura", en la que se encontraban al menos dos menores de edad.
Ello lo hizo, según la Fiscalía, "con la finalidad de entrar en territorio español, a sabiendas de que con ello incumplirían las normas de entrada y que una vez alcanzadas las costas españolas permanecerían todos en situación irregular".
Los 39 inmigrantes que sobrevivieron fueron trasladados al muelle del Gran Tarajal
El escrito acusatorio afirma que el encausado patroneó la lancha neumática hasta que terminó a la deriva a 42 millas de la isla de Fuerteventura. El diez de septiembre, sobre las 20.00 horas, fue interceptada por el barco de Salvamento Marítimo y los rescatistas se percataron de que varios migrantes habían caído al agua. Trece de ellos se ahogaron y fallecieron -de los cuales tres quedaron sin identificar-, mientras que los 39 restantes desembarcaron en el muelle de Gran Tarajal.
Carecía de chalecos salvavidas
"El acusado era conocedor de que la embarcación era precaria y no reunía las condiciones necesarias para dicha travesía, poniendo así en grave peligro tanto su vida como la del resto de personas que se encontraban en la embarcación, al carecer de cualquier medida de seguridad y de chalecos salvavidas", añade el escrito.
La Fiscalía mantiene que estos hechos constituyen un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que pide ocho años de prisión, y 13 delitos de homicidio por imprudencia grave, por los que reclama otros seis años.
