Parece que aún quedan algunos cabos sueltos alrededor del servicio de las escuelas infantiles del municipio de Telde. Resulta que la segunda encomienda que encargó el Gobierno local a Fomentas, empresa pública de vivienda, para el mantenimiento y gestión de estos centros de educación se efectuó mediante una junta de gobierno extraordinaria y urgente convocada solo con dos horas de antelación, según fuentes cercanas a la administración.
A este encuentro -celebrado el 21 de diciembre de manera telemática- solo asistieron concejales de la formación política de Nueva Canarias, a la que pertenece la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández. Los ediles vinculados a Coalición Canaria y Más Por Telde (los otros dos partidos que forman parte del Gobierno local) alegaron que no podían asistir por motivos de «agenda».
En el acta queda reflejado que la secretaria general técnica convocó la junta sin poder examinar todo el contenido del expediente. No le dio tiempo debido a las prisas que precisaban desde el Gobierno local para aprobar el encargo cuanto antes. Por otro lado, asevera que sí comprobó que contuviese el informe favorable de la asesoría jurídica y el informe favorable de la intervención.
Sin embargo, cabe destacar que este último fue firmado por Juan Manuel Betancor, un auxiliar administrativo que fue nombrado interventor el día anterior por la alcaldesa sin la aprobación de Función Pública. Por otro lado, en este mismo documento señala que, aún siendo de conformidad, faltan por adjuntar dos escritos importantes: la memoria descriptiva de gastos del servicio y los documentos contables de los ejercicios 2022-2025 (los cuatro años que durará el contrato).
Declaraciones
La alcaldía no ha querido hacer declaraciones públicas sobre este tema de momento, aunque en una junta de portavoces celebrada este martes al mediodía señaló ante las formaciones políticas de la oposición que pronto las llevaría a cabo e invitó a algunos portavoces a mantener una reunión con ella para explicarles con detalles qué es lo que ha pasado con el trámite del expediente de las escuelas infantiles. Desde el Partido Socialista y Unidas Podemos solicitaron en ese instante tener acceso directamente para analizar por si mismos la situación.
Cabe recordar que las irregularidades comienzan cuando la anterior interventora municipal, Eloísa Gil Peñate, redacta un informe -en febrero de 2020- en donde precisa que el servicio de las escuelas infantiles puede llevarse a cabo únicamente con subvenciones, ya que no es una competencia propia de las administraciones locales. En el escrito agrega que el Ayuntamiento de Telde, que recibió 1,5 millones de euros del Estado para el mantenimiento, debe cerrar estos centros cuando concluya el dinero, en julio de 2021. Sin embargo, las escuelas continuaron abiertas sin contrato ni financiación pasada esa fecha.
La gestión volvió a ser encargada el pasado diciembre con 1,3 millones de euros de presupuesto propio, después de que Gil Peñate fuese destinada a La Gomera y se marchase de la administración. El expediente incluye el informe de conformidad de Betancor, el nuevo interventor. Por este motivo, es posible que el acto quedase invalidado. El Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de esta área envió un escrito al Ayuntamiento para resaltar que habían infringido el ordenamiento jurídico al decretar este nombramiento y que por tanto todos los trámites que se han efectuado en este tiempo pueden anularse.
Sustituciones desde el 89
En este sentido, la concejala de Hacienda, Celeste López, quiso dejar claro en el programa de radio Hoy por hoy, de Cadena Ser, que este funcionario trabaja en el área económica del Ayuntamiento desde 1981. «Ha sustituido en numerosas ocasiones a los diferentes interventores desde el año 89», expresó la edil, que explicó que la decisión de nombrarlo en esta ocasión vino motivada porque «teníamos que efectuar el cierre del ejercicio, el pago de las nóminas y de las ayudas sociales; hicimos el nombramiento y la petición de convalidación del decreto».
La responsable política insistió en que ese asunto «no es noticiable», aunque aclaró que en el último año solicitaron hasta en once ocasiones a la Dirección General de Función Pública para que cubriesen de forma definitiva la plaza. Por otro lado, afirmó que la salud financiera de la administración local es cada vez mejor y añadió que quizá ese era el verdadero motivo por el cual salió a la luz la situación del interventor. «Creo que estamos poniendo nerviosos a muchas personas que saben que las cosas nos están yendo bien, que hay tranquilidad, estabilidad y confianza», concluyó.
